INTIPUCÁ, El Salvador – La incertidumbre embarga a decenas de familias de campesinos y pescadores que enfrentan amenazas de desalojo en la costa de El Salvador, por parte de empresas inmobiliarias y del sector turístico que buscan impulsar grandes proyectos, deslumbrados con el plan del gobierno de desarrollar la franja costera.
Los desalojos, ya comenzados, también provienen de propietarios de terrenos que, motivados por esa visión gubernamental, quieren aprovechar la ebullición suscitada en el sector inmobiliario para venderlos a elevados precios.
Y lo quieren hacer aunque ello implique desalojar a familias muy pobres que se asentaron ahí décadas atrás en lo que creyeron eran tierras del Estado en áreas de la costa.
“Esto comenzó cuando el presidente del país habló de desarrollar la zona costero-marina, y las empresas empezaron a apropiarse de propiedades aquí, echando a la gente a la calle”, dijo a IPS el pescador Carlos Hernández, nativo de El Icacal, una paradisíaca playa del litoral del distrito de Intipucá, en el departamento de La Unión, en el este de El Salvador.
En efecto, el presidente Nayib Bukele promueve desde 2020 las playas del país destacando la belleza natural de la costa pacífica y a las olas para practicar el surf. Ese plan es uno de los emblemas de su gestión y que con su gusto por los anglicismos llama Surf City.
En el istmo centroamericano, El Salvador, de 6,7 millones de habitantes, solo tiene costas en el Pacífico, al igual que Belice y Honduras solo las tienen al Caribe del Atlántico.
El mandatario busca con su plan atraer a consorcios nacionales e internacionales, del sector hotelero, de la restauración y otros para que se asienten en el territorio y generen empleo y desarrollo, una vez que el Estado establezca la infraestructura necesaria, incluidas carreteras, en cinco circuitos anunciados.
“Esto comenzó cuando el presidente del país habló de desarrollar la zona costero-marina, y las empresas empezaron a apropiarse de propiedades aquí, echando a la gente a la calle”: Carlos Hernández.
El circuito uno incluye las playas del departamento de La Libertad, en el centro del país, donde sí ha habido históricamente inversión turística, pero ahora se pretende impulsarla mucho más, porque el gobierno espera que llegue a esa zona costera y sus poblados vecinos una inversión privada por 7800 millones de dólares.
Allí, en la playa El Zonte, unas 125 familias también corren el riesgo de ser expulsadas.
En mayo de 2022, el gobierno anunció el arranque de obras del circuito dos de Surf City, que se concentrará en las playas del este del país y para el que se destinarían 100 millones de dólares.
Junto al sector de la construcción, el turismo es de los pocos que crece en la economía salvadoreña, pasando de representar 6,39 % del producto interno bruto (PIB) en 2019 a un estimado de 14 % en 2024, según el Ministerio de Turismo.
El crecimiento del turismo se explica por el nuevo ambiente de seguridad que vive el país desde que el gobierno logró desarticular las temidas pandillas, por medio de una política de mano dura y arrestos masivos, iniciada en marzo de 2022.
A punta de pistola
El pescador Hernández señaló que en julio de 2023, Desarrollos Turísticos del Pacífico SA, llegó a EI Icacal y comenzó a colocar rótulos en postes en toda el área, en los que anunciaba que esos terrenos eran propiedad de esa compañía.
“En ningún momento ellos han mostrado las escrituras de la propiedad, ellos solo nos muestran las armas”, sostuvo Hernández, de 34 años, parado al lado de su lancha La Cangreja, mientras coloca en un cesto la pesca del día, fumándose un cigarro al mismo tiempo.
Contó además que en noviembre de 2023, un grupo de sujetos encapuchados y armados entraron a su casa y le dijeron que debía salir de su pequeña parcela. Lo mismo sufrió su vecino Tránsito Aguirre.
El Icacal es en realidad una delgada isla, de un kilómetro de ancho y 13 kilómetros de largo, bordeada al norte por un tupido y exuberante manglar, y al sur por el Pacífico. Unas 80 familias viven aquí, dedicadas en su mayor parte a la pesca.
El manglar del Icacal está conectado con el de Las Tunas, hacia el este, y en conjunto conforman un humedal de 772 hectáreas, hábitat de una amplia variedad de aves, peces y crustáceos.
Siete familias de El Icacal se han visto forzadas a abandonar el lugar, a partir de resoluciones judiciales promovidas por Desarrollos Turísticos del Pacífico.
El caso más reciente es el de Luz Antonia Castillo Ramírez, expulsada el 8 de agosto, a partir del fallo de un juez de Intipucá.
Una propiedad en disputa
Los habitantes de El Icacal están conscientes de que ellos no poseen los documentos legales que los acreditan como propietarios de las parcelas que habitan.
Estas familias se asentaron aquí décadas atrás, luego de que en el siglo XIX sus ancestros fueron colonos o trabajadores de una hacienda propiedad de Demetrio Villatoro, explicaron los habitantes.
En los años 80, en medio de una reforma agraria impulsada por el gobierno de entonces, estas tierras habrían pasado a manos del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (Ista), el ente creado para administrar las tierras tomadas de los hacendados.
Esas tierras pasaron ahora a valer oro, con el incipiente boom inmobiliario.
“Ese circuito de playas de Surf City II despertó que se viniera una ola de especulación muy fuerte sobre la zona costera, y en el Icacal comenzaron a llegar empresas a tomarse tierras que en realidad son del Estado, del Ista”, afirmó a IPS el activista ambiental César Artiga.
Las familias afectadas desconocen cómo Desarrollos Turísticos del Pacífico ha iniciado juicios para desalojarlas.
Al parecer, el juzgado de paz de Intipucá se basa en la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, de 2009, que avala la expulsión de personas que tienen 10 o más años de vivir en una propiedad, sin escrituras legales.
Un futuro incierto
Unos kilómetros hacia el oeste, se encuentra otro foco de conflicto.
Se trata de varios caseríos localizados en el litoral del distrito de Jucuarán, en el departamento de Usulután, también en el este de El Salvador.
“Estoy muy preocupada, no sé qué vamos a hacer, a dónde nos iremos con mis cuatro hijos, si nos llegan a echar”, narró Rosa Romero a IPS. El mayor de sus hijos tiene 22 años y el menor, 4 y medio.
Romero y sus hijos viven en la playa El Higuerón, un asentamiento de 30 familias, la mayoría dedicados a la pesca y a la agricultura de subsistencia.
El caserío se encuentra no muy lejos de una zona bautizada por el presidente Bukele como Punta Mango, que comienza a bullir de turistas, con pequeños negocios de comida y hostales, desde que el gobierno construyó una carretera asfaltada que lleva hasta el mar.
Desde hace un año y medio que ella y otras 13 familias del caserío enfrentan el riesgo de ser desalojadas por personas que aseguran ser los propietarios de esas parcelas.
En julio, a Romero le llegaron dos citatorios del juzgado de Jucuarán, para que compareciera a un juicio conciliatorio, promovido por una persona que dice ser la dueña de su parcela.
Romero no se presentó. Teme que al final del proceso se falle en su contra y que le exijan abandonar su humilde hogar y la parcela donde ha vivido por 30 años, que es de 20 metros de ancho por 80 de largo.
La propietaria sí ha mostrado una escritura, sin embargo Romero dijo que cuando ella y otras familias se asentaron en esas parcelas, hace tres o cuatro décadas, esas tierras pertenecían al Ista.
Además, un abogado le ha manifestado que hay una ley que ampara a las personas que han vivido por más de 10 años en una propiedad sin documentos legales, y esa es la esperanza que ella tiene.
“Estoy triste y angustiada, por esas preocupaciones estoy padeciendo de la presión arterial”, contó Romero, de 41 años.
Ella se dedica a cosechar maíz y a extraer ostras del mar, pero solo cuando la marea está baja y esos moluscos quedan adheridos en las rocas, a plena vista.
Si bien la remodelación y pavimentación de la carretera a Punta Mango, que también conecta con El Higuerón, fue una buena noticia para los habitantes de estos caseríos, porque ya no es fangosa en la época lluviosa y los autobuses no se atascan, ahora ven que les ha traído todos esos problemas legales.
“Ahora que construyeron la carretera, alguna gente ha visto una mina de oro en estos caseríos, vienen a pelear por estos pedacitos (de tierra) que pasaron años abandonados, desde la época de la guerra”, agregó.
El Salvador vivió una cruenta guerra civil, entre 1980 y 1992, que dejó unos 75 000 muertos y más de 8000 desaparecidos.
Y agregó: “Solo vienen y dicen sálganse de aquí, que es de mi propiedad”, subrayó.
Ahora el futuro es incierto para estas familias.
Lo mismo sucede en otro caserío cercano, Agua Fría, donde 30 familias sufren la amenaza de ser expulsadas.
En febrero de 2024 también llegó una persona que dijo ser hija y heredera de la propietaria, reclamando un terreno de 17 hectáreas en el que viven esas 30 familias, separadas en parcelas. Otras 70 familias viven una situación similar, con reclamos de otros propietarios.
Si bien la dueña de esas 17 hectáreas les dijo a aquellas 30 familias que llegaba “en son de paz”, sin amenazas de desalojo, en la práctica sí ha generado preocupación e incertidumbre, contaron los afectados.
“Dijo que tenía escritura de la propiedad, pero no la mostró, y que quería resolver la situación con todas las familias que usurpan su tierra”, sostuvo una residente de Agua Fría, de 47 años, quien pidió no revelar su nombre.
Ella sobrevivía con un pequeño negocio de “hot dogs (perros calientes)”, hamburguesas y licuados de frutas, pero desde un accidente de motocicleta, gastó sus pocas reservas financieras en curaciones, y ya no ha podido levantar el negocio.
Las familias esperan que al menos la propietaria plantee alguna opción de compra de las parcelas, con cuotas mensuales bajas, pues son familias de pescadores y campesinos, aunque temen que, debido a la burbuja inmobiliaria generada ahí, exigirá altos precios, imposibles de pagar.
Y tendrán que irse, con una vida de 30 años o más a cuestas.
ED: EG
