CARACAS – Venezuela va a las urnas este domingo 28 para elegir presidente, entre el actual mandatario Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González, de nuevo bajo presión internacional e incertidumbre acerca de si se aceptará el resultado que puede cambiar, o prolongar, el rumbo político seguido por el país durante 25 años.
La campaña electoral, inusualmente breve, y con escasos incidentes a pesar de la crispación política que el país ha soportado durante años, cerró el jueves 15 con actos multitudinarios en esta capital, encabezados respectivamente por Maduro y por González y su portaestandarte María Corina Machado.
González, de 74 años, diplomático de carrera retirado, se convirtió en candidato de la coalición arcoíris Plataforma de Unidad Democrática, porque Machado, la líder más popular del sector y vencedora en la elección primaria opositora en octubre de 2023 fue políticamente inhabilitada por las autoridades.
Junto con las gigantescas y enfervorizadas manifestaciones en apoyo de Machado y González, la mayoría de las encuestas favorece la victoria del candidato opositor, con un promedio de 60 % de los votos frente a 30 % del actual presidente.
Pero Maduro, de 61 años y en el poder desde que murió su predecesor y mentor Hugo Chávez en 2013, se multiplicó en mítines en las principales ciudades en la recta final de la campaña y confía en que la maquinaria de su Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) le garantice la victoria.
Hay otros ocho candidatos –todos hombres-, pero sus opciones son minúsculas de acuerdo con los sondeos, que dan cuenta de una extrema polarización del electorado.
En Venezuela, con una población actual de 28,5 millones de habitantes, pues cerca de ocho millones han migrado, el padrón electoral cuenta 21,2 millones de inscritos, mayores de 18 años, del que deben descontarse unos 4,5 millones de votantes que no lograron inscribirse en el extranjero.
Maduro basó su campaña en ofertas puntuales de obras y programas en algunas regiones, y como garantía de continuidad para el proyecto de “socialismo del siglo XXI” propuesto por Chávez tras iniciar el actual ciclo político en 1999.
Sobre todo, Maduro se presenta como garante de la paz, y en sus discursos dijo que si la oposición llega al poder “habrá un baño de sangre” en el país.
Esa declaración disparó alarmas en la región, de manera destacada del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, un aliado de Chávez y de su heredero.
Lula se declaró “asustado” por la declaración, y dijo que “una elección lo que produce es un baño de votos. Maduro tiene que aprender: si ganas, te quedas (en el poder); si pierdes, te vas. Y te preparas para ganar otra elección”.
González ha ofrecido un gobierno de reconciliación y dirigido a recomponer las instituciones del país, marcadas por la impronta populista, socializante y de rasgos autoritarios –hay más de 300 presos políticos, la mitad de ellos militares- con la que avanzó el gobierno de Chávez y Maduro durante 25 años.
Un acuerdo para “un gobierno de transformación democrática”, suscrito la víspera entre González y Machado, propone abordar con “un sentido de urgencia” las medidas de reconciliación, apertura hacia mercados e inversiones y de atención a la deuda social acumulada durante años de crisis económica.
En el país los índices de pobreza rebasan 80 % por nivel de ingresos, 52 % de pobreza multidimensional, los servicios públicos son muy deficientes, sobre todo en el interior, la inflación se mantiene alta –después de cuatro años de hiperinflación entre 2017 y 2020- y los salarios y pensiones son las más bajas del hemisferio.
Ese panorama de sufrimiento respalda la apreciación de encuestadores y analistas según la cual es posible una avalancha de votos en favor de la oposición, sobre todo en el interior del país y en zonas que en el pasado fueron bastiones del oficialismo.
A solo horas de iniciarse el proceso las seguridades en la victoria expresadas por uno y otro bando alimentaban la incertidumbre acerca de si los resultados serán reconocidos.
Maduro ha dicho que la Fuerza Armada está de su lado de manera firme, González pidió a los militares “respetar y hacer respetar” el resultado, y el general Vladimir Padrino, ministro de la Defensa, aseguró que se respetará el resultado que anuncie el Consejo Nacional Electoral (CNE), árbitro del proceso.
El CNE tiene mayoría oficialista en su directiva y sus decisiones constantemente han favorecido a la corriente en el poder. Incluso al instalarse las 30 000 mesas de voto, ya este viernes 26, abundaban las denuncias de ventajismo y otras irregularidades.
Estados Unidos ha presionado durante años por elecciones “libres y limpias” en Venezuela, y el actual proceso electoral se debe en parte a negociaciones en Qatar entre Washington y Caracas, a pesar de que sus relaciones diplomáticas están rotas.
Estados Unidos mantiene sanciones económicas sobre autoridades y empresas estatales de Venezuela, y Maduro y algunos de sus colaboradores están formalmente acusados de diversos delitos en tribunales estadounidenses.
John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, reiteró que el punto de vista estadounidense es que la votación del domingo “refleje la voluntad y las aspiraciones del pueblo” venezolano, y de que respete el resultado.
Con expresiones de que se mantienen vigilantes se han manifestado otros gobiernos de la región –y de la Unión Europea-, en particular los vecinos de Brasil y Colombia.
Mientras que Chávez y Maduro buscaron alianzas con países confrontados con Estados Unidos, se descuenta que un gobierno como el de González significará el regreso de Venezuela al dispositivo geoestratégico de Washington.
Una incertidumbre final, pero no la menos importante, está dada porque según la Constitución quien sea presidente para el próximo sexenio (2025-2031) debe tomar posesión de su cargo dentro de un semestre, el 10 de enero del año próximo.
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