GINEBRA – La Coalición Mundial por la Justicia Social ha reunido en dos meses de existencia a un centenar de gobiernos, centrales sindicales, empresariales e instituciones internacionales, celebró en una declaración este miércoles 24 la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Con la coalición “tenemos una oportunidad única de encaminar la historia hacia la justicia social, por un mundo en el que todos puedan desarrollar su potencial y disfrutar de los beneficios del progreso económico, medioambiental y social”, dijo el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo.
Hasta la fecha, 19 gobiernos, 14 organizaciones de empleadores y 30 de trabajadores, 11 organizaciones internacionales e instituciones financieras, 10 entidades regionales, 12 organizaciones no gubernamentales internacionales, tres empresas y una institución académica se han unido a la coalición.
Establecida en noviembre de 2023, la coalición tiene como objetivo mejorar la colaboración mundial para abordar las brechas de justicia social y avanzar en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Programa de Trabajo Decente de la OIT.
A través del intercambio de conocimientos y la promoción de iniciativas, la coalición busca reducir las desigualdades mundiales, aliviar la pobreza y satisfacer las necesidades esenciales, mediante la promoción de normas internacionales del trabajo y el diálogo social.
La OIT la presenta como una plataforma voluntaria, abierta a gobiernos, empleadores, organizaciones de trabajadores y no gubernamentales, entidades internacionales, instituciones financieras, empresas, y el mundo académico, comprometidos con el avance de la justicia social y los objetivos compartidos.
Se propone aprovechar los puntos fuertes y las prioridades de los socios, fomentando compromisos políticos y acciones prácticas alineadas con las prioridades nacionales.
La OIT destaca que la adhesión a la coalición proporciona a los socios una mayor visibilidad de los aspectos de justicia social en sus mandatos.
Los esfuerzos de colaboración pueden permitir mayores impactos y escalas, y posibilitar resultados que de otro modo serían inalcanzables individualmente, como mejorar el acceso a la atención sanitaria, la educación de calidad y el trabajo digno.
Eso debe traducirse en mejores oportunidades de empleo, nutrición y educación para los trabajadores y sus familias.
La OIT, establecida en 1919, reconoce que la búsqueda de la justicia social, un elemento de su mandato constitucional, “va más allá del mundo del trabajo y requiere la colaboración de todo el sistema multilateral”.
Los temas prioritarios para la coalición son abordar la desigualdad, la discriminación y la exclusión; fomentar los derechos laborales como derechos humanos, garantizar la dignidad humana y satisfacer necesidades básicas.
Asimismo, facilitar el acceso a empleo productivo libremente escogido y a empresas sostenibles; promover transiciones justas y los aspectos sociales del desarrollo sostenible, el comercio y la inversión, y fortalecer las instituciones de diálogo social.
Los socios de la coalición son alentados a documentar sus respectivas experiencias y a intercambiar información. No se les demanda pago de ninguna cuota de afiliación, aunque deben cubrir sus propios gastos por acudir a reuniones y foros.
Los gobiernos socios de la coalición son, en América Latina, Brasil, Chile, México, Panamá y Uruguay; y, en otras regiones, Alemania, Armenia, Bélgica, Canadá, Filipinas, Gabón, Iraq, Japón, Pakistán, Portugal, República Centroafricana, Seychelles, Suiza y Turquía.
Se han unido la Confederación Sindical Internacional, la Confederación Árabe de Sindicatos, la Organización para la Unidad Sindical Africana, la Internacional de Servicios Públicos, y federaciones y centrales obreras de Albania, Armenia, Bélgica, Bielorrusia, Canadá, Colombia, España, Estonia e India.
También de Malta, Myanmar, Nepal, Pakistán, Perú, Polonia, República Dominicana, Rumania, Sudán del Sur, Suecia, Tanzania, Togo, Yemen y Zambia.
Del lado empresarial se han unido la Organización Internacional de Empleadores, la Confederación Mundial de Empleo, y organizaciones patronales de Alemania, Bangladesh, Brasil, Estados Unidos, Kenia, Malasia, Pakistán, República Dominicana, Ucrania y Yemen.
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