SANTA LUZIA, Brasil – “Ansiedad, insomnio y depresión se hicieron comunes. No dormimos bien, yo despierto tres, cuatro veces cada noche”, se quejó la agricultora brasileña Roselma de Melo Oliveira, de 35 años, que hace ocho vive a 160 metros de un aerogenerador.
Su relato busca transmitir el calvario de por lo menos 80 familias que decidieron contratar un abogado para reclamar indemnizaciones a la empresa dueña del complejo eólico Ventos de Santa Brígida, en Caetés, un municipio de 28 000 habitantes del estado de Pernambuco, en la región del Nordeste de Brasil.
Otras decenas de familias afectadas por la proximidad de las torres eólicas no se sumaron a la acción judicial, en buena parte porque temen perder el ingreso del alquiler de parte de sus tierras donde se clavó una o más torres eólicas.
La empresa les paga cerca del equivalente a 290 dólares por cada torre de viento, que representa 1,5 % de la correspondiente electricidad generada y vendida, según Oliveira. A los que no les tocó o no aceptaron el arriendo, quedan los daños, sin ganancias.
“No estamos contra la energía eólica, sino contra la manera como implantan esos grandes proyectos, sin estudiar ni evitar sus impactos”: Roselma de Melo Oliveira.
Construido en 2015 por la empresa nacional Casa dos Ventos y vendido el año siguiente a la británica Cubico Sustainable, el conjunto de siete parques eólicos, compuesto por 107 aerogeneradores de 80 metros de altura, tiene capacidad instalada de 182 megavatios, anunciados como suficiente para abastecer 350 000 viviendas.
El boom de la energía eólica se intensificó en los últimos años en el Nordeste brasileño que concentra más de 80 % de la electricidad generada en todo el país de esa fuente.
Proliferación eólica
Esa expansión va a acelerarse ante los planes de producción de hidrógeno verde, que exige gran cantidad de energía renovable para la electrolisis, la tecnología elegida. La gran potencialidad eólica y solar, además de la proximidad con Europa, el gran mercado consumidor de ese hidrógeno, favorece el Nordeste como proveedor del llamado combustible del futuro.
En consecuencia proliferan grandes proyectos energéticos en la región, semiárida en su mayor parte y casi siempre soleada. Los parques gigantes despertaron las resistencias, por multiplicar los impactos sociales y ambientales, más sensibles en el Nordeste, donde predomina la pequeña propiedad rural.
Actualmente, Brasil tiene 191 702 megavatios de capacidad instalada, 53,3 % hidroeléctrica, 13,2 % eólica y 4,4 % solar, y el plan es que estas dos últimas fuentes aporten junto con la biomasa 23 % en 2030, con instalaciones que tendrían al Nordeste como su epicentro.
“No estamos contra la energía eólica, sino contra la manera como implantan esos grandes proyectos, sin estudiar ni evitar sus impactos”, resumió Oliveira. Las fuentes renovables no siempre son limpias y sostenibles, señalan especialmente los movimientos de mujeres nordestinas.
“Por ser considerado de bajo impacto, los parques eólicos y solares obtienen licencias de implantación y operación más rápido y a bajo costo, con estudios sin profundidad”, observó José Aderivaldo, sociólogo y profesor de la enseñanza secundaria en Santa Luzia, un municipio de 15 000 habitantes en la zona semiárida del también nordestino estado de Paraíba.
“Pero la energía solar tiene más impacto, es más invasora. Un parque eólico afecta poco la ganadería, que si pierde mucho espacio en el solar, que es más extensivo en la ocupación de tierras”, evaluó para IPS.
Su campo de observación es el Complejo Renovable de la empresa Neoenergía, un proyecto que combina la fuente eólica, con los 136 aerogeneradores del complejo Chafariz en las montañas, y los 228 000 paneles fotovoltaicos del Parque Luzia en el llano. El primero genera más electricidad en la noche, el segundo durante el día.
En total ocupan 8700 hectáreas en Santa Luzia y otros tres municipios vecinos y pueden generar hasta 620,4 megavatios, la mayor parte, 471,2 megavatios, por los vientos en las montañas. Pueden proveer de electricidad a 1,3 millones de unidades habitacionales y evitan la emisión de 100 000 toneladas de gas carbónico, según la empresa, filial de la española Iberdrola.
Se redujo la capacidad local de producción de proteína barata, por una ganadería adaptada durante siglos al ecosistema local, además de extraer rocas para la construcción de las torres eólicas y dañar las carreteras con los camiones para su transporte, lamentó João Telésforo, ingeniero y profesor jubilado de la pública Universidad Federal de Rio Grande do Norte.
“Neoenergía realizó todos los estudios de impacto socioambiental rigurosamente de acuerdo a la legislación vigente en el país y a las mejores prácticas globales. La distancia entre las residencias y los aerogeneradores cumple lo que la ley determina”, respondió la empresa a IPS por escrito, a preguntas sobre las críticas a su actividad.
“Además solo arrienda las tierras, sin adquisiciones, lo que mantiene las personas en su territorio original, fijándolas en el campo y paga los propietarios de acuerdo a los contratos, con transparencia, contribuyendo a la distribución del ingreso y a la calidad de vida de la población”, acotó.
Quejas matizadas
Aun así, Pedro Olegario, de 73 años se lamenta de una caída de su remuneración, justificada por una baja generación. “El viento sigue soplando igual”, protestó. Su esposa, Maria José Gomes, de 57 años, se queja del ruido, aunque el aerogenerador más cercano de su casa esté a unos 500 metros. “A veces logro dormir solo tarde en la madrugada con la ventana bien cerrada”, dijo.
La pareja vive en la parte que les toca de un predio de 265 hectáreas, heredado y dividido entre la viuda y 17 hijos del propietario anterior, en una de las montañas de la sierra del Seridó, parte de Santa Luzia.
Los 18 familiares dividen la remuneración de cuatro torres eólicas instaladas en su parcelado predio.
En cambio, Severino Olegario, de 50 años y hermano de Pedro, evalúa positivamente el Parque Eólico Canoas, también de Neoenergia. La construcción en 2019 le permitió inaugurar su restaurante para alimentar a 40 técnicos de la empresa que instalaron la parte mecánica.
“Duermo no importa el ruido y la remuneración es baja porque tuvimos que dividirla en una familia muy numerosa”, reconoció. Además mejoró la carretera, lo que aseguró turistas para su restaurante los domingos, tras el fin de la obra, y frenó el éxodo local.
En las tres comunidades del alto de la montaña vivían cerca de 1000 familias, por la gran producción de algodón. Pero la plaga del picudo o gorgojo del algodón (Anthonomus grandis) en los años 90 destruyó el cultivo y el valor de la tierra.
“Hoy quedan menos de cien familias”, estimó el restaurador que sigue cultivando algunos alimentos para el consumo en su restaurante.
Su visión discrepa del cuadro que describió la campesina Oliveira a IPS por teléfono desde su comunidad rural, Sobradinho, en Caetés, producto del parque eólico autorizado antes de que el gubernamental Instituto Brasileño del Medio Ambiente dictara nuevas normas en 2014.
Daños y contratos desfavorables
“Hay casos de alergia que creemos que son provocados por el polvo que sale de las palas (del aerogenerador) y que también contamina el agua que bebemos, al caer en nuestros tejados donde captamos el agua de lluvia para las cisternas”, lamentó Oliveira.
La alternativa seria comprar el agua en camiones cisterna que “cuestan 300 reales (62 dólares), demasiado caros para una familia con dos hijos que “solo cosecha frijoles y maíz una vez al año”, explicó, antes de detallar que cultivar hortalizas y plantas medicinales no es viable por el agua contaminada.
Además de los sonidos audibles, las vibraciones, los infrasonidos (que no se perciben) las sombras móviles de las palas y las micropartículas provocan tales síntomas del “síndrome de la turbina eólica”, según Wanessa Gomes, profesora de la pública Universidad de Pernambuco, que investiga el tema con colegas vinculados a la publica Fundación Oswaldo Cruz, principal institución académica de salud pública en Brasil.
Las familias locales asimismo viven asustadas desde que una pala se rompió y cayó con gran estruendo. Muchos toman medicamentos para dormir y para enfermedades mentales, según Oliveira, cuyo testimonio busca alertar a otras comunidades sobre los riesgos eólicos.
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Este año, el 16 de marzo, ella llevó sus denuncias a la Marcha de las Mujeres por la Vida y la Agroecología, promovida por el Polo de Borborema, en Montadas, un municipio de 5800 habitantes, a unos 280 kilómetros al norte de Caetés.
El Polo es un conjunto de sindicatos de trabajadores rurales de 13 municipios del altiplano de Borborema en el estado de Paraíba, cuyas montañas ventosas son codiciadas por las empresas.
Su movimiento femenino, con el apoyo de la no gubernamental Asesoría y Servicios a Proyectos de Agricultura Alternativa, movilizó 5000 mujeres este año, en su decimocuarta edición, la segunda concentrada e el rechazo a las eólicas.
“Nuestra lucha es evitar que esos parques se instalen acá. Si muchas familias se niegan a firmar los contratos con las empresas, no habrá parques”, dijo a IPS Marizelda Duarte da Silva, de 50 años, vicepresidenta del Sindicato de Trabajadores Rurales de Esperança, un municipio de 31 000 habitantes en el centro del territorio de Borborema.
“Los contratos son draconianos, de hasta 49 años y renovables por decisión unilateral de la empresa, imponen una confidencialidad injustificable, multas por renuncia y pago variable por el arriendo según la cantidad y precios de la energía generada, imponiendo al arrendante un riesgo que debería ser solo de la empresa”, resumió Claudionor Vital Pereira, abogado del Polo Sindical.
ED: EG
