SAN SALVADOR – En América Central aún falta mucho para que la población Lgbti deje de ser discriminada y avance en la conquisa de sus derechos plenamente, entre ellos la posibildad de cambiar su nombre de acuerdo con su identidad de género, para las personas trans.
“El tema de los derechos a las personas Lgbti es sumamente precario. No hay un reconocimiento a nuestros derechos, y obviamente tampoco a la identidad de las personas trans en nuestro país”, dijo a IPS desde Tegucigalpa, O’Brian Robinson, coordinador general de Negritudes Trans Honduras.
En los países centroamericanos, caracterizados por un marcado conservadurismo, predominan políticas públicas con una fuerte carga moral en temas como el derecho al aborto o los derechos de la población de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (Lgbti).
De ahí la fuerte resistencia institucional a la promulgación de la una ley de Identidad de Género que le ofrezca y reconozca a ese sector sus derechos, sin discriminaciones. En ninguno de los seis países de la región -Costa Rica, El Salvador, Guetemala, Honduras, Nicaragua y Panamá- se ha promulgado una legislación de ese tipo.
“El no reconocimiento a nuestra identidad también nos afecta en todos los ámbitos sociales, en el área de empleabilidad, la salud, de escolaridad, la población está obligada a vivir en una sociedad desde la marginalidad”: O’Brian Robinson.
La población Lgbti vive, en su gran mayoría, inmersa en un contexto de marginación y rechazo social que en muchos casos llega a la violencia física e incluso al asesinato, en fenómenos que no son exclusivos de la región.
Un informe de Amnistía Internacional, de junio de 2022, sostuvo que El Salvador, República Dominicana y Honduras están entre los países en América con “niveles elevados de crímenes de odio, apología del odio y marginación, así como asesinatos y persecución contra activistas Lgbti”.
El nombre correcto
En cuanto a la lucha por un nombre que vaya de acuerdo con su identidad y expresión de género, el hondureño Robinson señaló que aspectos cotidianos como realizar transacciones bancarias, pasar consulta médica o inscribirse en cualquier curso académico se vuelve difícíl para una persona trans en Honduras.
Sobre todo si el nombre legal sigue siendo el mismo que han dejado atrás, debido a los obstáculos que enfrentan para obtener uno que vaya acorde con su realidad de personas trans.
“El no reconocimiento a nuestra identidad también nos afecta en todos los ámbitos sociales, en el área de empleabilidad, la salud, de escolaridad, la población está obligada a vivir en una sociedad desde la marginalidad”, añadió el activista de 29 años.
Las tareas cotidianas aludidas se logran realizar, pero luego de enfrentar burlas, menosprecios y de discusiones con servidores públicos que no entienden que las instituciones del Estado están para atender a todos, sin distinciones.
En Honduras está prohibido cambiarse el nombre, según el artículo 61 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, pero existen tres excepciones: que sea impronunciable, que sea el nombre de una cosa y que atente contra la moral y las buenas costumbres.
Esa tercera categoría imposibilita realizarse ese procedimiento a una persona trans.
Según el informe de Amnistía Internacional, el concepto transgénero engloba a personas que se identifican como tales e incluye también a transexuales, travestis, género queer o “cualquier otra identidad de género que no cumpla con las expectativas sociales y culturales con respecto al mismo”.
Robinson añadió que los colectivos Lgbti y específicamente los trans han venido impulsando desde 2010 cambios en la normativa legal para poder pasar una ley que visibilice y proteja a las personas con una expresión e identidad sexual diferente a la heterosexual.
También en 2021 promovieron una reforma a la ley de registro, que abriría la puerta a un proceso legal de cambio de nombre de las personas trans.
Para ese esfuerzo se recolectaron más de 4000 firmas apoyado la propuesta, pero fue desestimada por las autoridades al alegar que de esas solo 200 eran verdaderas, el resto falsas, algo que Robinson consideró fue un argumento falaz y “ridículo”.
En Guatemala y El Salvador sí es posible que personas trans se cambien el nombre, pero porque sus normas legales lo permiten a quien quiera hacer la modificación, pensando más que todo en que su nombre original no guste a quien lo porta.
“El Código Civil en Guatemala siempre ha permitido el cambio de nombre a todas las personas, pero tiene una visión heterosexual”, aseguró a IPS Galilea Monroy, directora de la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala.
Monroy, una mujer trans, refirió que por medio de ese mecanismo alrededor de 500 personas de esa comunidad han podido realizar ese cambio, con el soporte económico dado por algunas organizaciones internacionales.
Sin embargo, esa modificación legal representa un costo económico que, en el caso guatemalteco ronda los 600 dólares, y en el salvadoreño escala a los 4000.
Monroy dijo que el cambio de nombre no incluye modificar en el documento de identidad personal el “sexo”, y en su caso en la casilla correspondiente sigue apareciendo “hombre”.
Una región de odio y muerte
En El Salvador, la activista trans Karla Avelar, por medio de varias organizaciones de derechos humanos salvadoreñas, interpuso el 31 de enero una demanda contra el Estado salvadoreño, por no proveer del mecanismo legal para que su nombre vaya de acuerdo con su identidad de género.
El caso solo se conoció el 17 de mayo, durante una conferencia en San Salvador en la que participaron esas organizaciones y Avelar, por medio de una videoconferencia.
Se entiende que, aunque en El Salvador es posible cambiarse el nombre, las personas trans no pueden dejar atrás el género masculino o femenino, según sea el caso, en sus documentos de identidad, al igual que sucede en Guatemala.
En febrero 2022 la Sala de lo Constitucional, un tribunal de cinco jueces que forma parte de la Corte Suprema de Justicia, dictaminó que otorgaba un periodo de un año para que la unicameral Asamblea Legislativa aprobase una ley que permitiera a las personas trans cambiarse el nombre con lo que ello implicaba, dejar atrás la referencia de mujer u hombre previos.
Pero ese mandato ha sido archivado sin darle cumplimiento en la Asamblea, que controla desde 2021 Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele.
Avelar también responsabilizó en su demanda al Estado por no investigar ni juzgar a los responsables de la violencia ejercida contra ella y su madre, que obligó a ambas a asilarse en 2017 en un país de Europa.
Además en la demanda planteó el desplazamiento forzado que ella y su madre sufrieron por alejarse de la violecia, incluyendo la infligida por parte de grupos de pandillas.
“El Salvador tiene una historia de violencia y discriminación con la comunidad Lgbti que afecta principalmente a las personas transgénero”, aseguró Avelar, en una participación telemática, en la conferencia que realizaron en San Salvador las organizaciones que la apoyan con su demanda.
La violencia sufrida por Avelar, de 45 años, incluyó un intento de asesinato en 1992.
En una sentencia de marzo de 2021 sobre el caso de Vicky Hernández, una activista trans hondureña asesinada en junio de 2009, presuntamente por agentes del Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictaminó una serie de reparaciones a cumplir por Honduras en materia de derechos humanos a la población Lgbti.
Entre las disposiciones a cumplir, la Corte IDH incluyó el “derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad personal, a la vida privada, a la libertad de expresión, al nombre y a la igualdad y no discriminación», incluidos en varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José.
Ese tratado internacional, vigente desde 1978, establece que los fallos de la Corte IDH son inapelables y de obligado cumplimiento para los Estados parte, actualmente 23 después de algunos abandonos, pero Honduras ha desatendido sus requerimientos en el fallo.
Mujeres trans, la más violentadas
Las mujeres transgénero son las más propensas a sufrir ataques, ya sea verbales o físicos, cita el informe de Amnistía Internacional, pues por la falta de oportunidades laborales ejercen en las calles el trabajo sexual, a diferencia de los hombres trans.
Eso fue corroborado por la activista guatemalteca, Monroy, al señalar que alrededor de 90 % de las mujeres trans se dedican al trabajo sexual y por eso mismo son víctimas de abusos y ataques de todo tipo.
“La mayoría de las mujeres trans tenemos que ejercer el trabajo sexual porque no tenemos las garantías sociales, los derechos básicos, como acceso a la educación, al trabajo, a una justicia digna ni mucho menos a una pension”, subrayó.
Agregó que alrededor de 90 % de las mujeres transgénero se dedican al trabajo sexual en las calles de Guatemala, y el resto se ocupan en oficios como estilismo, que incluye el corte y peinado del cabello, entre otros. También se emplean en el comercio informal.
A eso hay que agregar que prevalecen las actitudes de transfobia entre la población de los países centroamericanos.
“Es latente la discriminación en los espacios sociales, en los parques, en los restaurantes, en las discotecas, y en muchos casos se reservan el derecho de admisión al momento de que te identifican que eres de la comunidad Lgbti y mucho más si eres trans”, dijo Monroy.
Y agregó: “Es fuerte que te digan: ‘no hay servicio en este lugar’, o sí hay, pero te dicen ‘siéntese allá en la esquina donde nadie lo mire’”.
Dijo que lejos de promover leyes en favor de la identidad de género, en Guatemala 20 diputados, “netamente religiosos, están impulsando la ley 5940, que no reconoce la identidad de género y en la que quieren implementar las famosas terapias de conversión”.
ED: EG
