MÉXICO – En la cuenca del río del Maíz-Manialtepec, en el estado de Oaxaca, en el sur de México, los areneros se han convertido en otro habitante del ecosistema, pues con frecuencia aparecen para obtener material del lugar.
“Hay mucha extracción en diferentes sitios. Se ha hecho desde hace mucho tiempo, pero se ha vuelto más frecuente, con más personas y más lugares. Es extracción artesanal y en otros lugares meten maquinaria”, relató Laura Reyes, coordinadora de Desarrollo Comunitario del no gubernamental Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental.
El agente municipal, una autoridad local, ha entregado los permisos, lo cual es incorrecto, pues no le compete hacerlo, según Reyes. “Hemos visto cambios en cantidad de agua, pues la arena y grava permiten que fluya. Y también cambian la turbidez del agua y el paisaje”, señaló a IPS desde Bajos de Chilla, a unos 430 kilómetros de Ciudad de México.
Desde temprano y hasta la puesta del sol, los areneros, predominantemente hombres, bregan entre la tierra y el agua. En la zona, el río es un ingrediente fundamental para la vida de la población, dedicada a la agricultura y la pesca. Los areneros venden la arena y las rocas en el mercado local.
Este episodio no es excepcional en México, pues la maquinaria pétrea está lubricada en este país de 1,96 millones de kilómetros cuadrados por el voraz sector de la construcción, uno de los mayores impulsores de la economía. Hongos de concreto y lluvia de cemento salpican con gotas cuantiosas a las urbes del país.
“Hay mucha extracción en diferentes sitios. Se ha hecho desde hace mucho tiempo, pero se ha vuelto más frecuente, con más personas y más lugares. Es extracción artesanal y en otros lugares meten maquinaria”. Laura Reyes.
Datos del gubernamental Servicio Geológico Mexicano indican que la producción de arena y grava se sextuplicó desde 2016, impulsada por el boom inmobiliario.
En ese año, México extrajo 114,28 millones de toneladas de arena y en 2020, 702,26 millones.
La grava experimentó una situación similar, pues su obtención creció de 98,4 millones de toneladas en 2016 a 736,22 millones en 2020. Mientras, el aprovechamiento de sílice pasó de 3,17 millones en 2016 a 4,06 millones en 2020.
La explotación insostenible de estos materiales provoca erosión y azolve de las cuencas, así como pérdida de biodiversidad. La arena proviene de cauces hídricos, dunas, canteras y lechos marinos.
La importancia de las riberas fluviales es que ellas regulan el microclima del lugar, determinan la dinámica de los ríos, albergan especies animales y vegetales, así como filtran sedimentos y contaminación hacia el cauce y permiten la recarga de agua subterránea.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) alerta desde hace algunos años de la extracción insostenible de arena de cuencas y zonas costeras, el recurso no renovable más utilizado en el mundo y fundamental para la vida moderna, por su uso en la industria electrónica, de la construcción, farmacéutica y automotriz, entre otras.
El marco legal estipula que la explotación de arena no requiere de una concesión, a menos que ocurra en minas o cuencas, modalidades que quedan bajo la jurisdicción de la Secretaría (ministerio) de Economía (SE) y la gubernamental Comisión Nacional del Agua (Conagua), respectivamente.
Pero la SE carece de registros de minas pétreas, como consta en una solicitud de información realizada por IPS.
Extracción por doquier
Docenas de particulares, sindicatos, empresas públicas y privadas ostentan los permisos de explotación de Conagua, que ha agrupado administrativamente en 757 el total de 1471 cuencas hidrográficas diseminadas por el territorio.
Por ejemplo, la estatal Comisión Federal de Electricidad posee 32 licencias, una sola mujer, la proveedora de materiales pétreos Irma Tapia Aguilar y que actúa como persona física, 30, y la privada Infraestructura Marítima y Portuaria, una constructora de puertos y muelles, 29, según el Registro Público de Derechos de Agua.
En total, operan 4304 títulos para sacar legalmente unos 311 millones de metros cúbicos (m3) de más de 1000 cuerpos hídricos. El noroccidental estado de Nayarit acumula la mayor cantidad de autorizaciones (casi 500), seguido del sureño estado de Guerrero (332) y el sudoriental estado de Tabasco (319).
Además, la arena aglutina la mayor porción de permisos de extracción, con 674, y los de arena y grava, 333.
Para peor, México participa en el circuito mundial de los materiales. En 2021, exportó agregados pétreos, arena y grava a 14 países y arenas silíceas y cuarzosas, a 23, según la SE.
Un problema que enfrenta la autoridad ambiental es la apertura de sitios irregulares.
“La ley es ineficiente, ineficaz, inequitativa y crea desigualdades. Hay explotación informal, porque la ley regula por igual a un campesino pobre que a una empresa que hace uso masivo”. Edith Kauffer.
Desde 2012, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha practicado 1830 inspecciones, de las cuales 738 derivaron en multas, según una solicitud de acceso a información pública de IPS. De estas, 574 se originaron por obtención ilegal y 146, por violación a la autorización.
Reyes lamentó que su denuncia ante Profepa en 2022 no recibiera respuesta. “Nunca vinieron a inspeccionar”, denunció.
La extracción masiva ocurre por todo el país.
Waldo Terry, fundador del no gubernamental Amigos del Río San Rodrigo, ha atestiguado el fenómeno en su natal Piedras Negras, en el norteño estado de Coahuila, a unos 1 290 kilómetros de Ciudad de México.
“Como en todo México, hay una gran extracción en ríos por el crecimiento urbano e industrial. Por ser ciudad fronteriza, la instalación de fábricas demanda una gran cantidad. Eso ha existido siempre, pero ahora con mayor fuerza”, dijo a IPS desde su localidad.
En el río San Rodrigo tres particulares y dos empresas poseen cinco concesiones por 3,9 millones de m3.
La explotación ha ocasionado deforestación, erosión y contaminación. En el río funcionan dos molinos de piedras que generan polvo y residuo mineral.
“Arrancaron los bosques. Ahora van aguas arriba, a las laderas del río. Siguen destruyendo”, denunció Terry, quien enumera más de 20 denuncias ante la autoridad ambiental. Su destino: “olvido e impunidad”, sentenció.
En 2019, la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila decretó una zona de restauración del afluente y al año siguiente estableció un programa de manejo para esa restauración. Pero ambos chocan con la fuerza de la explotación en marcha.
Norma obsoleta
Para Edith Kauffer, investigadora del estatal Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el marco legal no funciona.
“La ley es ineficiente, ineficaz, inequitativa y crea desigualdades. Hay explotación informal, porque la ley regula por igual a un campesino pobre que a una empresa que hace uso masivo”, afirmó.
“A Conagua no le interesa el tema. No hay una visión ambiental del papel de sedimentos fluviales, en la ley no existe el concepto”, analizó para IPS desde San Cristóbal de las Casas, en el sureño estado de Chiapas.
Como parte de proyecto multidisciplinario “Desde el aprovechamiento tradicional hacia la valorización integrada de los sedimentos en la cuenca del río Usumacinta”, Kauffer participa en la pesquisa sobre participación ciudadana y gobernanza.
En ella, identificaron 79 playones, de los cuales categorizaron 41 en función del lugar y la forma de extracción.
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“Hay ‘pescadores’ de arena y recolectores artesanales y semitecnificados. La extracción individual está limitada por reglas locales de las comunidades. Es muy difícil la vigilancia de la cuenca, por el tamaño. Hay sitios que están muy alejados. En la mayoría de 41 sitios no hay vigilancia”, reveló la experta.
Cambios urgentes
Ante la diversidad y heterogeneidad de actores, así como la magnitud del problema, las fuentes consultadas por IPS propusieron reformas legales, alternativas económicas y mayor monitoreo.
Para Reyes, es importante conocer quiénes trabajan en la extracción.
“Hemos pensado en identificar a quienes se dedican a esta actividad, conocer su situación económica y ofrecer una alternativa, informar que, para esas actividades, necesitan de un permiso y elaborar un plan de trabajo”, planteó.
Aseguró que “lamentablemente, la gente no percibe los impactos, porque no tiene información sobre los efectos negativos, necesitamos proponer la extracción de forma sostenible o programada”.
Según Terry, el camino adecuado es el de la prohibición para casos como el del río San Rodrigo, como ha ocurrido en Francia y Suiza.
“La prioridad son los ríos y sus servicios ambientales. Los impactos son pasivos ambientales en los que está clara la responsabilidad de las empresas”, señaló.
Por su parte, Kauffer sugirió varias medidas.
“Reciclaje (de materiales), cambios legales. Se tiene que regular sin afectar a la gente, debe haber más regulación de la extracción industrial. Las reglas locales son más eficientes, legítimas y justas”, propuso.
ED: EG
