SAN SALVADOR – La construcción de una megacárcel, en la que el gobierno de El Salvador pretende encerrar a unos 40 000 pandilleros, sigue la tendencia del presidente Nayib Bukele de esconder información pública sobre proyectos estatales, al clasificarla como “reservada”.
De esa forma, el Ejecutivo sigue saltándose los procedimientos de rendición de cuentas y transparencia, y habilita una enorme prisión de la que nadie sabe información relevante porque está “reservada”, como otros proyectos gubernamentales.
Los trabajos de construcción del presidio se iniciaron el año pasado, bajo total hermetismo.
Solo se sabía que la prisión estaba siendo edificada en un terreno rural de 165 hectáreas, en el caserío El Perical, en el municipio de Tecoluca, en el central departamento de San Vicente. Se finalizó en siete meses.
Fue el propio Bukele, en un programa televisado el 31 de enero, quien oficializó el inicio de operaciones de la cárcel durante un recorrido por las instalaciones, acompañado de cuatro de sus funcionarios.
La cárcel aún estaba vacía, sin reos y se desconoce cuándo comenzarán a trasladarlos al recito.
Manto de oscuridad
Pese a la magnitud de esa megaobra, la población desconoce el monto invertido y, sobre todo, qué criterios se consideraron para otorgar el proyecto, y a qué compañía, entre otros aspectos.
Los críticos le cuestionan a Bukele por qué ese velo de secretismo, el mismo que ha impuesto anteriormente a temas relacionadas con la pandemia del covid-19, por ejemplo, o la construcción de otras obras.
“Hay una política, me atrevería a decir pública, porque es una decisión del Estado salvadoreño, de reservar todo, no importa qué, hay algo que no se quiere que se sepa”, dijo a IPS Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, de la Fundación Nacional para el Desarrollo.
Si bien la legislación salvadoreña permite clasificar como reservada algunos aspectos de programas estatales, por ejemplo la seguridad nacional, el gobierno salvadoreño cubre casi todo de hermetismo.
En el caso de la prisión, Sandoval afirmó que no se está pidiendo que se revele información sensible o confidencial, como los protocolos de seguridad internos de la cárcel.
Más bien, se trata de saber aspectos básicos, que deben ser conocidos por la población, como el monto y los procesos de licitación, entre otros, porque se construyen con fondos públicos.
“Hay una política, me atrevería a decir pública, porque es una decisión del Estado salvadoreño, de reservar todo, no importa qué, hay algo que no se quiere que se sepa”: Wilson Sandoval.
La reserva que el gobierno impuso a la información sobre la prisión se conoció en diciembre de 2022 y estará vigente hasta 2024, según el diario local La Prensa Gráfica.
Pero es muy probable que antes de su expiración, la fecha se prorrogue, como ya ha pasado en otros casos, agregó el experto.
El abuso de la figura de la “reserva” puede llevar a malversación de fondos, acotó.
“Yo diría que más que una duda, es más bien casi una certeza (de que pueden haber malos manejos) porque hay una fórmula básica en la gestión pública: discrecionalidad más opacidad normalmente va a dar como resultado corrupción”, subrayó Sandoval.
La prisión más grande de América
El gobierno se ha ufanado de haber construido el presidio, que ha calificado como el más grande de América, como si inaugura una universidad estatal o un hospital moderno.
“Es lógico pensar que el gobierno necesita las cárceles, porque de lo contrario no tendría dónde meter presos a los delincuentes”, dijo a IPS un conductor de motocicleta de la aplicación Uber, que recorría una de las avenidas de San Salvador y que se identificó solo con su nombre, Carlos.
En la megacárcel, llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), estarán recluidos buena parte de las casi 63 000 personas detenidas en el marco del régimen o estado de excepción, que el gobierno inició a finales de marzo de 2022.
Esa política suspendió varias garantías constitucionales, como ampliar el plazo de tres a 15 días la presentación de cargos ante un juez.
Esa “guerra contra las pandillas” implicó, al principio, detenciones masivas de personas sospechosas de pertenecer a las denominadas “maras”, en muchos casos, sin el debido proceso.
Las maras o pandillas son grupos criminales que se enraizaron en El Salvador a comienzos de los años 90, cuando llegaron deportados de Estados Unidos jóvenes salvadoreños que en esa nación se involucraron en pandillas.
La megacárcel posee varios anillos de seguridad, el principal es un muro perimetral de concreto, de 11 metros de altura y reforzado en lo alto con una cerca electrificada con 15 000 voltios. Cuenta además con 19 torres de vigilancia.
Otro anillo de seguridad ha sido montado en las afueras del recinto, por 600 soldados y 250 policías.
Un moderno equipo de rayos X escrutará por completo el cuerpo de quien entre, para evitar introducir objetivos prohibidos.
Parado frente a esas pantallas de rayos X, Bukele dijo a uno de sus funcionarios: “Aquí incluso se puede ver el organismo, se ven los pulmones, los huesos”.
Amnistía Internacional se pronunció el 3 de febrero, mediante un tuit, contra el presidio porque supondría “la continuidad y el escalamiento de los abusos” cometidos durante las redadas masivas, documentadas por organizaciones locales e internacionales.
A lo Maquiavelo: ¿el fin justifica los medios?
La nueva prisión es la más reciente maniobra del gobierno de Bukele, en su lucha contra las pandillas.
Esa lucha, al menos hasta antes del régimen de excepción, había quedado en duda desde que una investigación del periódico digital El Faro reveló, en 2020, que el gobierno de Bukele había negociado con las pandillas para que se mantuvieran bajas las cifras de homicidios en el país.
Bukele comenzó su mandato de cinco años en junio de 2019, con 38 años, con aires de modernidad que llevaron a calificarlo como el presidente milenial, pero tras pasar a dominar dos años después la Asamblea Legislativa, tomó control del Poder Judicial y la Fiscalía General, dando pasos progresivos hacia el autoritarismo.
Desde que el gobierno inició el estado de excepción, en marzo de 2022, las organizaciones de derechos humanos han denunciado más de 4000 casos de detenciones arbitrarias y de abusos por parte de soldados y policías envalentonados por el discurso duro de Bukele contra las pandillas.
De hecho, el mismo gobierno ha informado que alrededor de 3000 personas detenidas han sido liberadas ya, al no comprobárseles su participación en esas bandas.
Eso ha sido leído por los opositores como una evidencia de que sí se han arrestado a personas inocentes.
Pero el gobierno lo interpreta en positivo, como una muestra de que los casos se investigan, y si no hay pruebas contundentes, las personas quedan libres.
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Carlos, el conductor de Uber, señaló que desde el régimen de excepción, las colonias de San Salvador son más seguras, y él lo ha comprobado al entrar a zonas donde antes era imposible, por el control de las pandillas ahí.
Como él, la mayoría de la población de 6,7 millones de habitantes de este pequeño país centroamericano aprueba las medidas impulsadas por Bukele para desarticular a las pandillas, tal como se percibe en las calles de pueblos y ciudades, y como lo han venido confirmando todas los sondeos de opinión.
“Solo él se ha puesto los pantalones contra los pandilleros”, acotó Carlos.
Da la impresión, no obstante, que la población avala esa política de persecución y represión contra las pandillas, aun cuando haya de por medio violaciones a los derechos humanos.
Era tan agudo el tema de los asesinatos y la inseguridad en El Salvador, que la mayoría de las personas aprueban esas medidas, siempre y cuando no sean sus parientes los detenidos arbitrariamente y los que sufran abusos policiales.
En lo más álgido de la criminalidad, en 2015, El Salvador llegó a tener una tasa de 103 asesinatos por cada 100 000 habitantes, lo que lo colocaba como el país más violento del mundo.
Al cierre del 2022, tras tres años y medio en el Ejecutivo de Bukele, la tasa de homicidios fue de 7,8 asesinatos por cada 100 000 habitantes.
Pero no todos avalan que impere el principio de Maquiavelo, que el fin justifique los medios y se combata a las pandillas a cualquier costo.
A pesar de estar de acuerdo, en general, con la lucha contra las pandillas de Bukele, Álvaro, como se identificó un artista del dibujo, del retrato, en el centro de San Salvador, dijo a IPS que no le parece correcto que se cometan abusos por perseguir a las pandillas.
“Es obvio, está bien lo que se está haciendo (contra las pandillas), pero debemos de recordar que hay casos, tal vez no es un gran porcentaje, de personas que son inocentes”, agregó, mientras, sentado a un costado del Teatro Nacional, esperaba por algún cliente que quisiera ser retratado.
Y agregó: “Son personas que han sido víctimas de una denuncia infundada, eso se ha dado y por lo que veo se seguirán dando”.
“La clave está en cómo hacer más eficiente la tarea legal y policial, sin llevarse de encuentro a toda esa gente”, finalizó.
ED: EG
