SEATLE, Estados Unidos – Durante un tiempo en 2018, parecía que la política de “separación de familias” de la administración de Donald Trump podría convertirse en el Stalingrado de su guerra contra los inmigrantes. Era claramente ir demasiado lejos políticamente, dado el clamor mundial en contra que provocó. Incluso partes del Partido Republicano no pudieron soportarlo.
Así que Trump (2017-2021) realizó una retirada estratégica de la separación familiar, dejando intencionalmente el programa tan desorganizado que volver a reunir a padres e hijos separados se convirtió en un calvario que aún está sin completar.
Al mismo tiempo, sin embargo, lanzó otras formas de blitzkrieg burocrático para castigar y separar a las familias en búsqueda del asilo y otros estatus legales, y avanzar así hacia un Estados Unidos immigrantenrein.
Su ofensiva final, el llamado Título 42, que permite prohibir el ingreso de personas si se cree que pueden introducir enfermedades, dio un portazo a casi toda forma de inmigración en la frontera suroeste, bajo el pretexto ampliamente rechazado de que prevendría la propagación de covid-19.
Más de cuatro años después, las víctimas de la separación familiar siguen siendo encontradas y sanadas.
Según el informe del 31 de julio del Grupo de Trabajo Interagencial sobre la Reunificación de Familias de la Casa Blanca, todavía hay 941 niños, alrededor del 17 % del total separado, que siguen sin estar reunidos o en proceso de reunificación.
Pero la atención de los medios se ha ido desvaneciendo con el tiempo.
Ahora, Caitlin Dickerson y la revista The Atlantic han prestado un servicio a los heridos por esa política y al mundo al investigar en forma profunda y tenaz hasta poder poner al descubierto esta fea historia, arrojando luz sobre los callejones traseros del proyecto de inmigración trumpista y sobre los rostros de sus víctimas.
«Tenemos que llevarnos a los niños – La historia secreta de la política de separación familiar del gobierno de Estados Unidos» es una investigación exhaustiva y meticulosa sobre el encarcelamiento sistemático de padres inmigrantes y su separación de sus hijos en la frontera estadounidense.
Llega en un momento propicio para recordarnos hasta qué punto las tripas de las iniciativas migratorias de Trump estaban infectadas de anarquía gubernamental y sadismo gratuito.
Su autora aporta pruebas contundentes de que traumatizar a los niños e impedir que sus padres los encuentren fue una matonería intencionada y dirigida con precisión, más bien que una burocracia descuidada.
Y su investigación demuestra que si la filial de Trump, el Partido Republicano, vuelve a tomar el poder, redoblará sus ataques a la vida de los inmigrantes, lo que considera una estrategia política ganadora.
La burla de Trump a la Ley de Espionaje y las diversas leyes que se destrozaron en el Capitolio de los Estados Unidos, durante su invasión el 6 de enero de 2021, junto con su obstrucción reflexiva de la justicia en muchas investigaciones, finalmente parecen ser el objetivo de una atención seria por parte del Departamento de Justicia.
Sin embargo, sus asaltos a muchos miles de familias de inmigrantes, si bien tocaron un acorde disonante incluso para algunos de sus partidarios, pronto fueron ahogados políticamente por otros abusos y escándalos.
Ahora, la orquestación completa de Dickerson amplifica los temas originales, contraponiendo muchos de los motivos actuales con la fuga de la criminalidad del 45.
Y, críticamente, da voz elocuente a muchas de las familias desgarradas por las políticas de Trump, junto con los psicólogos, abogados, grupos comunitarios y unos pocos burócratas con conciencia que trabajan para reunirlas y sanarlas.
Esta historia de separación de familias estalló en la primavera de 2018 después de que el fiscal general Jeff Sessions anunciara su política de «Tolerancia Cero», que incluía encarcelar a los padres solicitantes de asilo y quitarles a más de 5500 de sus hijos, según Physicians for Human Rights (Médicos para los Derechos Humanos).
Pero como documenta Dickerson, los esfuerzos piloto para separar a las familias comenzaron ya a principios de la administración Trump en 2017, aunque los funcionarios afirmaron que no existía tal política.
Incluso algunos congresistas republicanos y grupos como los evangélicos conservadores tacharon la política de excesivamente cruel.
Muchas organizaciones por los derechos humanos y de los inmigrantes insistieron en que lo que Sessions intentaba criminalizar estaba de hecho protegido por el derecho estadounidense e internacional: los migrantes tienen derecho a pedir asilo en o entre los puertos de entrada oficiales, o en cualquier otro lugar de Estados Unidos.
De hecho, tienen que estar en territorio estadounidense para hacer su solicitud.
La Tolerancia Cero, que supuestamente requería separar a los niños porque encarcelaba a sus padres por pedir asilo entre los puertos de entrada, fue un intento de barrer las premisas básicas del asilo por decreto ejecutivo.
El último fiscal superviviente de los nazis en Nuremberg condenó la separación familiar como un «crimen contra la humanidad».
Physicians for Human Rights (Médicos por los Derechos Humanos) publicó un informe que condenaba esta política como una forma de tortura y desaparición forzada. Y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la calificó de «abuso infantil sancionado por el gobierno».
Un informe de la propia Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) criticó a las agencias implicadas por un mantenimiento de registros y una gestión de datos inadecuados que dificultaban la reconexión de padres e hijos.
Dickerson deja claro que la mala calidad del sistema de seguimiento de las familias fue un esfuerzo intencionado para dificultar la reunificación.
John Bash, fiscal en El Paso, ciudad fronteriza en el estado de Texas, declaró ante el tribunal que estaba horrorizado por los efectos de esta política con los niños.
Todo lo que se necesitaba, dijo, era una simple hoja de cálculo para registrar la información que vinculaba a padres e hijos. Pero no se creó ninguna.
A partir de correos electrónicos internos revelados recientemente, Dickerson descubrió que los planes para reunificar a padres e hijos eran «defectuosos hasta el punto de la negligencia» porque «dentro del DHS, unos funcionarios estaban trabajando para evitar que se produjeran las reunificaciones».
Bash testificó que él y otros abogados del gobierno se esforzaron por cerrar los casos contra los padres migrantes en pocos días para permitir que sus hijos se reunieran con ellos rápidamente, antes de que pudieran desaparecer en la rama separada del Departamento de Salud y Servicios Humanos que se encargaba de los niños no acompañados.
Dijo que más tarde se indignó al enterarse de que estos esfuerzos fueron anulados por los operativos de Trump dentro de Control de Inmigración y Aduanas y la Patrulla Fronteriza, quienes estaban decididos a castigar a las familias manteniéndolas detenidas por separado e incomunicadas, a largo plazo o permanentemente, en contra de todas las normas legales y éticas.
Una demanda presentada en 2018 por la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu, en inglés) provocó un fallo de que la política de separación de familias era inconstitucional.
El tribunal que emitió la sentencia ordenó al gobierno que reuniera a todas las familias separadas, y la administración de Trump fijo las mociones sobre su cumplimiento.
Pero como escribió más tarde Lee Gelernt, abogado de la Aclu: «La razón por la que tantas familias no han sido localizadas es porque la administración Trump ocultó sus nombres y luego no reveló información que podría habernos ayudado a encontrarlas.»
Incluso después del juicio, los agentes de Trump siguieron ampliando el encarcelamiento de inmigrantes y desgarrando a sus familias por otros medios.
A lo largo de sus cuatro años, Trump subió implacablemente el volumen de la falsa narrativa de que había que evitar una enorme «invasión» de «extranjeros ilegales» de piel oscura con medidas cada vez más brutales. A veces, abordaron lo psicótico.
Según los informes, el presidente propuso que el muro fronterizo se electrificara y que se cavara una zanja llena de agua a lo largo del mismo y se llenara de caimanes o serpientes venenosas.
También preguntó a sus asesores sobre la viabilidad de dispararles a los migrantes en las piernas para frenar su intento de cruzar la frontera. Su “Rasputín” de la inmigración, Stephen Miller, habría planteado más tarde la idea de reinstaurar la separación familiar con un giro vicioso.
Bajo la «opción binaria«, los padres inmigrantes con hijos se verían obligados a elegir: permitir que les quiten a sus hijos, o renunciar a las protecciones humanitarias para los menores, de modo que toda la familia podría ser encarcelada junta indefinidamente.
Un libro revelador, Border Wars (Guerras Fronterizas), de dos reporteros de The New York Times, Julie Hirschfeld Davis y Michael D. Shear, detalla muchos debates políticos igualmente desquiciados en la Casa Blanca de Trump.
Cuando la administración de Joe Biden asumió el poder en enero de 2021 con la promesa de humanizar el sistema de inmigración, nombró un grupo de trabajo interinstitucional para reunir finalmente a todas las familias.
Pero el progreso ha sido lento en los casos difíciles que quedan, en gran parte debido a la mala gestión de los registros y al obstruccionismo de la administración Trump.
El grupo de trabajo informó que, a partir del 14 de julio, casi un año y medio después de su creación, todavía hay 1217 niños que no están reunidos con sus familias por lo que se sabe, aunque algunos de ellos pueden haberse encontrado, pero no informado al gobierno.
De ellos, 276 están «en proceso de reunificación». Pero del resto, 764 tienen «información de contacto disponible pero no reunificada» y 177 tienen «ninguna información de contacto confirmada disponible y estado de reunificación desconocido».
Así que un total de 941 todavía no están en proceso de reunificación. Sin embargo, el total aún no reunificado se ha reducido en 510 desde septiembre de 2021.
Biden nombró a Michelle Brané, directora del programa de Derechos y Justicia de los Migrantes de la Comisión de Mujeres Refugiadas, para dirigir el grupo de trabajo.
«La idea de castigar a los padres que están tratando de salvar la vida de sus hijos, y castigar a los niños por ser llevados a la seguridad por sus padres separándolos, es fundamentalmente cruel y antiestadounidense», dijo a Dickerson en 2018, antes de ser nombrada.
«Realmente para mí es solo una horrible ‘Sophie’s Choice (La elección de Sofía) para una madre», aseguró.
Los esfuerzos legales para otorgar un estatus legal permanente a las familias afectadas y para hacer ilegal la separación de padres e hijos con fines de disuasión están en suspenso, dijo Gelernt de la Aclu a Dickerson.
El gobierno de Biden se retiró de las negociaciones con las familias separadas para el pago de una indemnización por su sufrimiento, según un informe de Jonathan Blitzer, de The New Yorker.
Supuestamente, este retiro se debió en parte al temor al daño político de los mendaces ataques de los republicanos que afirmaban que Biden estaba haciendo millonarios a los inmigrantes al negociar las indemnizaciones.
De hecho, el gobierno aún no había hecho una oferta, sino que estaba tratando de llegar a un acuerdo porque creía que el tribunal lo consideraría responsable.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Un cambio positivo de la política de Biden, que permitía a los niños no acompañados solicitar asilo cuando sus familias aún no podían, puede haber tenido consecuencias no deseadas.
Como resultado, al parecer se enviaron más niños solos a la frontera para sacarlos de las peligrosas zonas fronterizas mexicanas controladas por el crimen organizado.
Y en realidad, muchas políticas de inmigración de larga duración, desde las deportaciones injustas hasta las detenciones prolongadas, también han tenido el efecto de separar a las familias.
En general, las iniciativas de inmigración de Biden han eliminado lentamente algunos de los peores abusos de Trump, pero han retrasado la eliminación de otros y, en algunos casos, los han extendido.
Algunos de sus asesores de inmigración más capaces, como Andrea Flores, exdirectora de gestión de fronteras del Consejo de Seguridad Nacional, han abandonado la administración de Biden por la frustración de los retrocesos y retrasos en la reforma, según otro artículo de Blitzer.
Otros funcionarios de alto nivel de la administración confirmaron que «la resistencia a aliviar las restricciones de la era Trump» sobre la inmigración provino de las altas esferas de la Casa Blanca: «Ron Klain, el jefe de personal; Susan Rice, la directora del Consejo de Política Interior; y Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional». Los tres son «gente política», pero ninguno es un «experto en inmigración», le dijeron las fuentes de Blitzer.
A pesar de las amenazas a la democracia expuestas por las audiencias en el Congreso sobre el 6 de enero de 2021 y otras investigaciones, algunos en la administración estadounidense parecen estar subestimando la magnitud de la amenaza a un sistema de inmigración justo, planteada por Trump y su movimiento “Haz Grande a América Otra Vez” (Maga, en inglés).
Otros análisis de Peter Costantini para IPS.
El corazón del trumpismo es una cepa del sado-nacionalismo blanco.
Se trata de una ideología explícitamente racista y xenófoba que abraza la limpieza étnica para, en última instancia, acabar con la mayor parte de la inmigración, legal o no, y expulsar a la mayoría de los inmigrantes, más de cuatro de cada cinco de los cuales proceden de América Latina, Asia o África.
Está motivada, en parte, por la gran teoría del reemplazo: en pocas palabras, el Maga. Y está salpicada de brutalidad contra las familias inmigrantes vulnerables y de esfuerzos por pisotear los derechos civiles y humanos de toda la gente de color.
Como me dijo la historiadora Mae Ngai, de la Universidad de Columbia: «creo que hay demasiada gente morena en este país para su gusto, a eso se reduce todo».
Y Adam Serwer, de The Atlantic, dio en el clavo: «la crueldad es el punto».
Trump ha creado «algo parecido a un movimiento social y político fascista», como dijo el filósofo Jason Stanley de la Universidad de Yale. Y se ha convertido en la vanguardia estadounidense de una naciente internacional fascista, liderada por Trump y Vladimir Putin, y que cuenta con luminarias como el húngaro Viktor Orbán, la francesa Marine Le Pen de Francia, el italiano Matteo Salvini y otros dirigentes principalmente europeos.
El fascismo necesita chivos expiatorios a los que culpar por la mítica caída de la grandeza, y los inmigrantes son la víctima propiciatoria favorita de muchos de ellos.
Otros movimientos conservadores, pero no fascistas, también han tomado prestadas o han innovado ideas antiinmigrantes: por ejemplo, el plan fallido de Boris Johnson y los conservadores británicos de enviar a los solicitantes de asilo rechazados a Ruanda, en África Central, es una variante chiflada de la ya eliminada política de Trump de Permanecer en México.
Si Trump u otro abanderado de Maga es elegido en 2024, es probable que intente resucitar alguna forma de separación familiar, junto con otras políticas agresivas planteadas al final de su mandato, como más límites al asilo, el fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento y un mayor uso de tropas en servicio activo en la frontera.
Sus asesores más cercanos en materia de inmigración, como Stephen Miller, Stephen K. Bannon y Kris Kobach, siguen abogando públicamente por este tipo de medidas de “tierra quemada” y, sin duda, presionarán fuertemente a favor de ellas en el Congreso si el Partido Republicano gana la mayoría en cualquiera de las dos cámaras en noviembre.
Independientemente de los ocupantes de la Casa Blanca o del Congreso, Trump logró llenar las filas de Seguridad Nacional y de los departamentos relacionados con ella con dirigentes y funcionarios de base que comparten su ideología.
Dickerson completa la galería de pícaros con algunos cuadros menos conocidos y ofrece un relato detallado de cómo tomaron el control de la extensiva burocracia de la inmigración.
El Washington Post publicó recientemente un editorial sobre la separación de familias.
«No se ha rendido cuentas a los funcionarios que la concibieron, impulsaron y llevaron a cabo. Tampoco el gobierno estadounidense ha ofrecido a las traumatizadas familias la residencia legal permanente en Estados Unidos, ni siquiera como medio para reunir a los padres deportados con sus hijos. … El Congreso debe asegurarse de que los futuros presidentes nunca vuelvan a intentar esto», indicó.
El gobierno de Biden tiene que dejar de mirar por encima del hombro derecho en materia de inmigración: la negociación con el Partido Republicano sobre esto es inútil, pero ha logrado alienar a muchos entre las comunidades de inmigrantes y aliados esenciales para la coalición demócrata.
Ya es hora de volver al tipo de políticas de inmigración que Biden prometió inicialmente, basadas en las realidades globales sobre el terreno, los derechos humanos y los valores familiares.
T: PC / ED: EG
