LIMA – “El agua es parte de nuestra cultura, es intrínseca a la Amazonia”, sostiene José Manuyama, integrante de un comité de defensa de los ríos en su natal Requena, una localidad ubicada en el departamento de Loreto, el más extenso de Perú, con 28 por ciento de su territorio.
Pese a la gran extensión de esta región amazónica, situada en el noreste del país, datos de 2020 indicaban que sobrepasaba apenas el millón de habitantes, de ellos unos 220 000 indígenas, en un país con una población total de 32,7 millones.
Docente de profesión y perteneciente al pueblo indígena kukama, uno de los 51 reconocidos oficialmente como parte de la Amazonia peruana, Manuyama recuerda su infancia cerca de una quebrada en diálogo con IPS durante el II Encuentro Interregional de Defensores y Defensoras de Ríos y Territorios, celebrado en Lima el miércoles 25.
“Nosotros esperábamos la creciente, esperábamos la vaciante, porque ese era nuestro mundo. El agua cuando viene es para bañarnos, para pescar, es todo un mundo adaptado al agua», rememora.
Y añade: «También esperábamos que pase la vaciante que nos dejaba enorme tierra donde luego crecía el bosque donde mi mamá sembraba su pepino, su maíz. Ver la quebrada, el agua transparente, ese mundo hermoso, fecundo es donde yo crecí”.
Hoy, cercano a los 50 años, Manuyama es también un activista en defensa de la naturaleza y de los ríos ante las incesantes agresiones de las actividades económicas extractivas que amenazan las diferentes formas de vida en su territorio.
Manuyama integra un colectivo en defensa del río Nanay que recorre el departamento de Loreto, es fuente de vida y uno de los afluentes del Amazonas, el río que nace en las alturas andinas del sur peruano, es considerado el más largo y caudaloso del mundo y extiende su cuenca por ocho países sudamericanos.
“Empezamos como Comité de Defensa del Agua en el 2012 cuando la cuenca del Nanay se vio amenazada por la actividad petrolera. Junto con otros colectivos y organizaciones logramos frenar esa iniciativa pero desde el 2018 hay una segunda ola extractiva con la minería que está dañando la cuenca y que parece ser la última calamidad brutal sobre la Amazonia”, alerta.
La lucha que libraban se vio debilitada durante la pandemia, en que la “minería ilegal millonaria y contaminante”, como insiste en calificarla, se mantuvo activa. Sus denuncias no han sido escuchadas por las autoridades pese a los impactos nocivos de la contaminación, como por ejemplo en la alimentación de las personas que depende en gran medida de los peces que pescan.
Sin embargo, ve con esperanza la nueva articulación nacional de defensores y defensoras de los ríos y los territorios, un esfuerzo que surgió en el 2019 y que el miércoles 25 tuvo en Lima su segundo encuentro nacional con participación de 60 representantes de las regiones de la Amazonia, los Andes y la costa al Pacífico del país.
“Es importante porque nos fortalecemos en un objetivo común de defensa de los territorios y los derechos, enfrentando las diversas olas extractivas depredadoras que hay en este sistema económico social dominante que usa en cadena diversos factores para lograr su propósito. La batalla no es igualitaria, pero la resistencia es así”, considera Manuyama.
Como las vertientes de un río
Ricardo Jiménez, director del no gubernamental Fórum Solidaridad Perú, institución que acompaña la articulación de colectivos para la protección y defensa de los ríos, precisó que esta nace como respuesta a la demanda de diversos sectores ante la depredación y crecientes actividades ilegales de minería y tala en perjuicio de las fuentes hídricas.
El inicio del proceso de convergencia fue en 2019, recordó, con la participación entre otros de los pueblos indígenas amazónicos wampis y awajún, con las mujeres defensoras de la vida y la Pachamama del nororiental y andino departamento de Cajamarca y con las rondas campesinas de diversas regiones del país.
El primer hito importante de la iniciativa ocurrió en 2021, cuando realizaron su primer encuentro nacional, en el que se formó un Comité Promotor Nacional de defensoras y defensores de los Ríos y los Territorios.
Aprobaron una agenda que remitieron a la entonces ministra de Cultura Gisela Ortiz, quien permaneció en el cargo solo cuatro meses y no pudo atender el planteamiento de conformar la Mesa Multisectorial de diálogo para abordar aspectos como la remediación ambiental de actividades extractivas legales e ilegales.
En la mesa propuesta también se planteaba la atención del desarrollo de criterios de protección de las cabeceras de cuenca, y la protección de defensoras y defensores de los ríos ante la criminalización de las protestas y de sus iniciativas.
En este segundo encuentro nacional, el Comité Promotor actualizó su agenda e hizo sinergia con la Red Nacional de Protección de Ríos, un espacio conformado por organizaciones no gubernamentales.
También se integró a la iniciativa de acción de ríos del Foro Social Panamazónico (Fospa), cuya décima edición se realizará entre el 28 y el 31 de julio en Belem do Pará, en la Amazonia brasileña y que tendrá su capítulo nacional este viernes 27 de mayo.
De hecho son tres días de actividad en la capital peruana de los defensores de los ríos y sus comunidades ribereñas, que este jueves 26 han participado en una marcha de pueblos indígenas, convocada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.
“Se da una articulación de los colectivos sociales en el nivel nacional y también con sus pares a nivel panamazónico, es un camino con especificidades pero coincidente”, destaca Jiménez a IPS.
Los ríos no tienen fronteras
Mirtha Villanueva es una activista defensora de la vida y de la Pachamama (madre Tierra, en quechua) en Cajamarca, departamento nororiental del Perú, donde hace más de una década se acuñó el emblemático lema “agua sí, oro no” como parte de las luchas de la población en defensa de sus lagunas y humedales frente al desarrollo del proyecto minero Conga, de la empresa aurífera Yanacocha, encabezada por una compañía estadounidense.
Ese proyecto quedó suspendido pero solo temporalmente, después de años de protestas sociales contra la mina de oro a cielo abierto, que en 2012 ocasionaron varios muertos y llevaron a decretar por varios meses el Estado de excepción en la región, en uno de los episodios más críticos en la lucha de las comunidades contra el impacto del extractivismo en sus entornos y sus vidas.
Gran parte de los 66 años de Villanueva han estado dedicados a la defensa de los bienes de la naturaleza, de los ríos, para garantizar vidas dignas a las personas, en una lucha que sabe bastante desigual ante el poder económico de las empresas mineras.
“Los defensores de los ríos tenemos que fortalecernos y espero que en el encuentro del Fospa Perú aprobemos un plan de acción que se articule con los hermanos de Ecuador, Bolivia, Brasil, porque nuestros ríos están también articulados, no tienen fronteras”, manifiesta a IPS durante una entrevista en el encuentro en Lima.
“Necesitamos fortalecernos en lo local hasta lo internacional para tener impacto con nuestras acciones, nosotros recibimos 60 % de las lluvias del bosque amazónico. ¿Cómo no vamos a cuidar la Amazonia?”, dice.
El trabajo que realiza con los comités ambientales es titánico. Le viene a la memoria la imagen de familias campesinas que denuncian el cambio de los ríos y cómo ha causado erupciones en la piel de sus hijos.
Y que cuando fueron a quejarse a la mina, les dijeron: “cuando yo he venido, tu río ya estaba así. ¿Por qué me quieres echar la culpa? Demuestra lo contrario”.
“En esa situación el campesino se queda callado, por eso la importancia de trabajar en las comunidades para promover la vigilancia, el monitoreo de los ecosistemas y recursos. Trabajamos con macroinvertebrados, seres presentes en los ríos y que son indicadores de aguas limpias o contaminadas, capacitando poco a poco a la población”, explica.
Esta es una labor de urgencia. Puso como ejemplo el caso del distrito de Bambamarca, en Loreto, que tiene el mayor número de pasivos ambientales mineros del país: 1118. “Solo hay un río vivo, el río Yaucán”, lamenta Villanueva.
También mencionó el valle de Condebamba, “el segundo en mayor diversidad en el Perú”, y cuyas tierras de cultivo están siendo regadas en 40 % por agua contaminada del río Chimín debido a la extracción de minerales.
“En Cajamarca tenemos 11 comités monitores del estado de los ríos, todos sufrimos represalias, pero no podemos dejar lo que hacemos porque está en juego la salud y la vida” tanto presente como futura, asevera.
ED: EG
