SAN JOSÉ – La reelección del presidente nicaragüense Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo acentuó las divisiones políticas que separan a los gobiernos de América Latina y sus aliados internacionales, al tiempo que subrayó los desafíos para los derechos humanos y la democracia en el país centroamericano.
Con siete aspirantes presidenciales presos o exiliados, decenas de opositores tras las rejas, medios de comunicación cerrados y un férreo control sobre los poderes públicos, Ortega ganó la elección presidencial del domingo 7 con 75 por ciento de los votos válidos, según cómputos oficiales.
La elección fue desconocida y condenada como “falta de legitimidad”, “farsa” o “fraude” por los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay en América del Sur, y entre sus vecinos del istmo por Costa Rica, El Salvador y Panamá, así como por República Dominicana.
En cambio la saludaron y reconocieron como válida los gobiernos de Bolivia, Cuba y Venezuela, en tanto México aún deshojaba la margarita este martes 9 y Argentina produjo una declaración que buscó “mantener nuestra tradición diplomática de no injerencia en cuestiones internas en otras naciones”.
Sin embargo, el gobierno del presidente argentino Alberto Fernández expuso en el mismo texto que “reiteramos nuestra preocupación ante la detención de dirigentes opositores, así como la necesidad de que el Gobierno nicaragüense vele por el respeto de los derechos humanos de toda la población”.
Guatemala tampoco desconoció a Ortega, aunque su cancillería lamentó “que no se haya cumplido con las condiciones para unas elecciones libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Finalmente, la vecina Honduras se cuida de no enrarecer la relación bilateral a pocos días de que el 28 de noviembre realice su propia elección presidencial, con la abanderada opositora de centroizquierda Xiomara Castro superando en las encuestas al oficialista Nasry Asfura, candidato del presidente Juan Orlando Hernández.
También hay un compás de espera en la Comunidad del Caribe (Caricom), mayormente anglohablante y que suele llevar estos asuntos con relativa parsimonia para favorecer la adopción de posiciones de preferencia unánimes.
De fuera de la región, las condenas fueron nítidas por parte de Canadá, Estados Unidos y los países de la Unión Europea, y los respaldos igualmente claros por parte de Rusia e Irán, que incluyen a Nicaragua entre los gobiernos con los cuales mejoran constantemente sus relaciones, junto a Bolivia, Cuba y Venezuela.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, denunció en un comunicado “una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática”, y agregó que el gobierno de Ortega “amañó el resultado mucho antes del día de las elecciones”, al encarcelar a 39 figuras de la oposición.
En cambio, en Rusia el canciller Serguéi Lavrov aseguró que las elecciones en Managua se realizaron “de manera organizada, en pleno cumplimiento de la legislación”, y lamentó que “los intentos de derrocar al actual líder de Nicaragua continúan y no son particularmente camuflados”.
Dos de las más llamativas reacciones en América Latina fueron las de Costa Rica y Perú. El mandatario costarricense Carlos Alvarado tempranamente expuso “la ausencia de condiciones y garantías requeridas en democracia para acreditar las elecciones como transparentes, creíbles, independientes, libres, justas e inclusivas”.
Por ello, desconoció el proceso electoral de Managua y pidió a la comunidad internacional «propiciar, entre todas las partes en Nicaragua, espacios de diálogo y negociación para recuperar la democracia” en ese país.
En Perú, su gobierno izquierdista instalado hace 100 días se alejó del grupo que ha respaldado a Ortega y sostuvo que los comicios en Nicaragua “merecen el rechazo de la comunidad internacional porque no cumplen los criterios mínimos de elecciones libres, justas y transparentes que establece la Carta Democrática Interamericana”.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, no solo rechazó la elección de Ortega, sino que pidió que se considere el tema en la Asamblea General de la OEA que se instala con formato virtual este miércoles 10.
Según Almagro, puede aplicarse a Managua el Artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que prevé la suspensión de un Estado miembro si una mayoría de dos tercios considera que se ha producido una ruptura del orden constitucional.
Ortega, el lunes 8, reaccionó duramente a las críticas, especialmente a las provenientes de España y Estados Unidos, calificando a esos países como “imperialistas y fascistas”, y añadió que los opositores presos son “unos hijos de perra de los imperialistas yanquis”.
Desde el flanco de las organizaciones humanitarias, Amnistía Internacional (AI) consideró que “la perspectiva de una cuarta presidencia de Daniel Ortega es aterradora en un país donde las violaciones a los derechos humanos se volvieron cada vez más comunes durante su gobierno”, ejercido desde 2007.
“Hemos sido testigos del desarrollo de una historia de terror en el país, donde son prácticas comunes la represión letal, las detenciones ilegales, los malos tratos, el hostigamiento y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
“Este nuevo y consecutivo mandato de Daniel Ortega y (su esposa) Rosario Murillo, como presidente y vicepresidenta, vaticina la perpetuación de las estructuras que han implementado la estrategia represiva contra voces críticas y garantizado la impunidad de crímenes del derecho internacional”, según Guevara Rosas.
“Además, este nuevo periodo presagia la continuidad de la migración forzada de quienes se ven criminalizados por alzar la voz”, agregó la responsable de AI. Solo en Costa Rica hay unas 100 000 personas que han huido del clima represivo acentuado desde 2018 en Nicaragua.
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