RÍO DE JANEIRO – La investigación parlamentaria sobre la gestión de la pandemia en Brasil difícilmente tendrá los efectos penales propuestos, pero desgastó gravemente al presidente Jair Bolsonaro, que intenta reaccionar con golpes económicos que pueden terminar por ahorcarlo.
Dos secretarios del Ministerio de Economía y sus adjuntos renunciaron el jueves 21, luego que el gobierno de extrema derecha anunció una ayuda mensual de 400 reales (72 dólares) a 17 millones de familias pobres, rompiendo con ello el “techo de gastos”, la regla constitucional creada en 2017 que limita el aumento del presupuesto anual a la inflación del año anterior.
Los dimisionarios, responsables del presupuesto y del Tesoro, alegaron “razones personales” para su renuncia, pero quedó en evidencia su disconformidad con el vuelco en las reglas fiscales y con el ministro de Economía, Paulo Guedes, que admitió la necesidad de una “licencia para gastar” por encima de ese forzado techo.
Se trata de una concesión al “populismo electoral” de Bolsonaro, cuyo intento de reelegirse en octubre de 2022 exige recuperar una popularidad perdida por su actitud negacionista ante la pandemia de covid-19, que ya mató más de 604 000 personas en este país de más de 213 000 habitantes.
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado lo acusa de nueve delitos, incluso “crimen contra la humanidad” y propagación de una epidemia con resultado de muertes, al haber estimulado la población a violar medidas de prevención, retardado la compra de vacunas y fomentado falsedades sobre la pandemia, entre otras acciones.
Charlatanismo es otra acusación, porque el mandatario recomendó medicamentos inadecuados, como cloroquina y el antiparásito ivermectina, que su gobierno sigue promoviendo como “tratamiento precoz”. El mismo Bolsonaro lo defendió en su discurso en la 76 Asamblea General de Naciones Unidas, el 21 de septiembre.
Prevaricación se suma a la lista de imputaciones, por la omisión de acción ante una denunciada corrupción en la compra de vacunas, además de “crimen de responsabilidad”, que comprende varias ilegalidades de autoridades públicas.
Otras 65 personas, incluyendo los tres hijos políticos del presidente, cuatro ministros y dos exministros, son apuntadas como autores de por lo menos uno de los 23 delitos previstos en las leyes brasileñas, según el informe de su relator, el senador Renan Calheiros. La CPI proyecta añadir otros 10 acusados en los próximos días.
El demoledor informe de 1180 páginas debe ser aprobado el 26 de octubre por los siete miembros de la CPI unidos en las críticas al gobierno, mientras lo van a rechazar otros cuatro, aliados de Bolsonaro y que ya anunciaron informes alternativos, que eximen de culpas al presidente.
La comisión entregará sus conclusiones al Ministerio Público (fiscalía general), que se encarga de investigaciones judiciales y enjuiciamiento, al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, quien decide sobre la apertura de procesos de inhabilitación del presidente por llamados delitos de su responsabilidad, y a otras autoridades judiciales.
También se puede llegar al Tribunal Penal Internacional, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, por delitos contra la humanidad, presuntamente cometidos por Bolsonaro, en el poder desde el primer día de 2019.
Dificultades para una inhabilitación presidencial
Pero juristas anticipan las dificultades para enjuiciar al presidente y otros acusados.
El informe de la CPI es político, aunque tipifique los delitos que identificó en los seis meses de su labor, y será sometido a evaluaciones jurídicas y a otras autoridades que, hasta ahora, se destacan por proteger a Bolsonaro y a los suyos.
Es el caso del Procurador General de la República y jefe del Ministerio Público, Augusto Aras, el único que puede abrir procesos de investigación judicial contra el presidente.
Además, los procesos de inhabilitación presidencial dependen del presidente de la Cámara de Diputados y Lira ya tiene tiene una carpeta con más de 130 pedidos de acción contra Bolsonaro, sin respuesta alguna. La propuesta de la CPI será una más, salvo un desarrollo imprevisto.
El presidente de la CPI, el senador Omar Aziz, sostiene que no hay argumentos posibles para que tales autoridades rechacen las conclusiones de su comisión. De todas formas, no hay plazos para un desenlace y se conoce la lentitud de la Justicia en Brasil.
Impacto político
Pero el efecto político es ya un hecho. Las sesiones públicas de la CPI, difundidas por canales noticieros de televisión, desnudaron los daños y el caos en la gestión sanitaria, productos de la orientación presidencial contra el consenso de epidemiólogos e infectólogos.
El resultado fue el de conflictos permanentes del gobierno central con la mayoría de los 27 estados y más de 5500 municipios. Se hizo incluso necesario un dictamen del Supremo Tribunal Federal (STF), que confirmó la autonomía de gobiernos regionales y locales para dictar reglas como alejamiento social y uso de mascarillas.
Bolsonaro boicoteó regularmente tales reglas, buscó reactivar la economía en medio al auge de la pandemia y acusa el STF y los gobernadores regionales y prefectos (alcaldes) municipales como responsables de las dificultades económicas del país.
Al contrario de casi todos los jefes de Estado que tratan de dar ejemplo a su población, Bolsonaro se niega a vacunarse para estimular la inmunización anticovid. Primero aducía que sería el último en hacerlo y asegura que no se vacunará, porque como contrajo el coronavirus en julio de 2020 se considera inmunizado.
Las acusaciones de la CPI al presidente están prácticamente todas documentadas. Son en gran parte discursos y diálogos suyos con adeptos. A la Comisión le tocó el trabajo de concentrar y ordenar los hechos.
Los 57 testimonios recogidos en los seis meses de la CPI componen un cuadro caótico que explica una gran mortandad evitable, que algunos especialistas estiman en hasta dos tercios del total de fallecidos.
Las personas investigadas, como el exministro de Salud, general en activo Eduardo Pazuello, y el actual, médico Marcelo Queiroga, o testigos, como el funcionario de ese despacho, Luis Ricardo Miranda, quien denunció irregularidades en la compra de vacunas, revelaron aspectos de una gestión condenada al fracaso.
Se identificó, por ejemplo, lo que la CPI denomina “gabinete paralelo”, de médicos, empresarios y políticos, que Bolsonaro reunía para discutir acciones contra la pandemia, en general para fomentar la distribución del llamado “kit covid”, un cóctel de medicamentos sin eficacia y peligrosos, como la ivermectina que puede destruir el hígado, y la cloroquina que agrava problemas cardíacos.
El gobierno dejó sin respuestas, durante seis meses, propuestas de la empresa estadounidense Pfizer-BioNTech para la venta de sus vacunas, hoy entre las más usadas en Brasil. Un contrato en 2020 habría salvado muchas vidas, pero solo se firmó en marzo de 2021.
El bumerán del populismo
El deterioro político del gobierno le urge a adoptar acciones económicas populistas. Pero puede las medidas pueden resultarle al revés.
El programa de Bolsonaro se bautizó como Auxilio Brasil y sustituirá la Beca o Bolsa Familia existente desde 2003, ampliará sus beneficiarios de 14 a 17 millones de familias y más que duplicará el monto mensual.
Pero el nuevo plan sobrepasaría los limites presupuestales. Además de la ilegalidad que se busca superar con una nueva ley en trámite en el legislativo Congreso Nacional, su solo anuncio ya destruyó la confianza de los inversionistas en el gobierno, específicamente en el ministro de la Economía.
Guedes, antes un rígido defensor del “techo de gastos”, que había prometido eliminar el déficit público, sufre una desbandada de auxiliares directos desde 2020 debido a sus concesiones a las injerencias políticas del presidente en la gestión económica.
El anuncio del Auxilio Brasil de 400 reales hizo caer 2,75 por ciento el índice de la Bolsa de São Paulo el 21 de octubre, mientras el real se devaluó dos por ciento en relación al dólar. En lo que va de año, la Bolsa acumula una caída de 9,48 por ciento y la moneda brasileña 9,05 por ciento.
La incertidumbre generada debe incrementar la tasa de inflación que ya acumula 10,25 por ciento en los 12 últimos meses, y ya aumentó las tasas de interés. Eso anula buena parte del aumento del auxilio.
La devaluación cambiaria encarece más aún los combustibles. El alza del diésel, cuyo precio justifica el gobierno por el anuncio de huelga de los camioneros desde el 1 de noviembre, alcanzó 49 por ciento de enero a septiembre.
Bolsonaro anunció un subsidio a 750 000 camioneros autónomos para compensar sus costos, en un intento de evitar una huelga como la de 2018, que afectó gravemente la economía.
Es una medida más del populismo sin frenos que parece adoptar el presidente, que agrava los riesgos de una recesión económica, con resultados electorales opuestos a los deseados por Bolsonaro.
ED: EG
