LA HABANA – Cuba ha definido la producción de alimentos como un asunto de seguridad nacional, pero incrementar los cultivos y concretar la deseada soberanía en el sector necesitará, entre otras medidas, una modificación integral del sistema alimentario local.
La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, que se celebra este jueves 23, resulta una oportunidad para que este país caribeño exponga sus planes al respecto, a la vez de conocer experiencias relacionadas con una mayor eficiencia, inclusión, adaptabilidad y sostenibilidad de esos sistemas.
La Cumbre, de carácter virtual, ocurre durante la semana de sesiones de alto nivel de la 76 Asamblea General de la ONU, inaugurada el martes 21, y de la Década de Acción para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030, el segundo de los cuales propone poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible.
El tema agroalimentario también marcó la VI Cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada el 18 de septiembre en forma presencial en Ciudad de México.
La declaración final, suscrita entre otros mandatarios por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, exhortó a fortalecer la cooperación para lograr sistemas alimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, a fin de mejorar la producción, la nutrición, el medioambiente y la calidad de vida en los países que integran el mecanismo de participación política e integración regional.
“Hay una clara orientación del gobierno para poner el conocimiento y la ciencia al servicio de la producción de alimentos”, explicó a IPS Marcelo Resende, representante en Cuba de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El gobierno de Díaz-Canel mantiene reuniones periódicas con grupos de científicos, expertos, técnicos y agroproductores con el objetivo de integrar resultados tecnológicos y de innovación en el impulso al Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional.
La estrategia, aprobada en julio de 2020, traza vías para producir alimentos de forma segura y sostenible, a fin de que la ciudadanía acceda a una alimentación balanceada, nutritiva e inocua, reduciendo la dependencia de medios e insumos externos, y con respeto a la diversidad cultural y responsabilidad ambiental.
“Los impactos que ya hoy se hacen sentir asociados a la variabilidad climática y la vulnerabilidad del país implican una carga económica de grandes dimensiones para Cuba, que se hacen más críticos, dadas las limitaciones económicas y las dificultades para acceder a financiamiento internacional”: Marcelo Resende.
Disminuir la dependencia de las importaciones de alimentos resulta de una elevada prioridad para esta nación que importa casi 80 por ciento del consumo de sus 11,2 millones de habitantes, y eroga para ello unos 2000 millones de dólares anuales.
Cuba exhibe experiencias positivas con respecto a la producción de alimentos sobre bases sostenibles, forzadas en parte por el hecho de que el país no ha contado con recursos para importar fertilizantes, agroquímicos y equipos para un desarrollo agrícola convencional.
Un porcentaje significativo de las verduras y hortalizas que llegan a la mesa de las familias cubanas desde inicio de los años 90 se deben al Programa de la agricultura urbana y suburbana, montado sobre principios de la producción agroecológica en cultivos organopónicos, huertos y pequeñas fincas en la periferia de ciudades y otras localidades.
Pero pese a este esfuerzo, este país insular caribeño se ve forzado a importar alimentos por valor de 2000 millones de dólares, lo que hace perentorio la modificación de los sistemas agroalimentarios para aliviar el uso de divisas en el sector y paliar los déficits crónicos en productos básicos en las mesas cubanas.
Brechas
Otras estrategias y políticas distan todavía del propósito de aumentar y satisfacer la demanda de alimentos.
El Programa de Autoabastecimiento Municipal iniciado en 2016 proyecta que cada ciudadano acceda mensualmente a 13,6 kilogramos por habitante de productos agrícolas como algunos tipos de tubérculos, hortalizas, granos y frutas.
Sin embargo, en 2019 el indicador se ubicó en alrededor de nueve kilogramos de dichos alimentos, de acuerdo con cifras del Ministerio de la Agricultura.
“En los últimos años se aprecia una contracción y estancamiento de la producción agropecuaria en la mayoría de los rubros esenciales para la alimentación, así como el deterioro de los rendimientos en el quinquenio 2015-2019”, reconoció el I Informe Nacional Voluntario de Cuba presentado en julio ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible.
El documento mencionó la necesidad de incrementar la superficie agrícola cultivada, la cual al cierre de 2019 solo alcanzó 49 por ciento (3,1 millones de hectáreas) de 6,4 millones de hectáreas con potencial para actividades agrícolas en este archipiélago.
A ello se suma que apenas 19 por ciento de la superficie cultivada se encuentra bajo riego, mientras 70 por ciento de los terrenos presentan algún factor que limita su productividad como la erosión, salinidad, acidez, mal drenaje, baja fertilidad y contenido de materia orgánica y escasa retención de humedad.
No obstante, el Programa nacional de mejoramiento y conservación de suelos, que impulsa desde 2001 el Ministerio de la Agricultura, ha aportado algún tipo de beneficio a casi un tercio de la superficie cultivada.
Disponer de sistemas agroalimentarios que garanticen el autoabastecimiento en los 168 municipios y 15 provincias cubanas es un reto si se tiene en cuenta, además, la elevación de la temperatura global, los más largos periodos de sequía y los huracanes cada más intensos que amenazan a los pequeños estados insulares en desarrollo.
“Los impactos que ya hoy se hacen sentir asociados a la variabilidad climática y la vulnerabilidad del país implican una carga económica de grandes dimensiones para Cuba, que se hacen más críticos, dadas las limitaciones económicas y las dificultades para acceder a financiamiento internacional”, valoró Resende.
Los efectos del embargo estadounidense, desde 1962, obstaculizan la compra de maquinaria, tecnología e insumos para desarrollar y modernizar una industria agroalimentaria descapitalizada, una casi inexistente flota pesquera y con modelos de gestión poco eficientes, entre otros factores.
“Hay que otorgarle más prioridad a las inversiones en el sector agropecuario cubano, dado su condición estratégica”, analizó en diálogo con IPS el economista Armando Nova.
De acuerdo con el experto, “deben aprovecharse las diferentes fuentes posibles, desde la inversión extranjera directa, insertarse en la cadenas productivas de valor desde el municipio hasta la exportación y lograr los encadenamientos productivos eliminando intermediarios innecesarios”.
Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información muestran que en 2020, la agricultura, ganadería y silvicultura representaron menos de seis por ciento de las inversiones dentro de las distintas ramas de la economía, una cifra muy baja para una nación mayoritariamente agrícola y que pretende aumentar sus producciones, argumentan analistas.
Apoyos y oportunidades
La FAO, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unión Europea (UE) o la organización humanitaria Oxfam, entre otros entes, respaldan aquí disímiles proyectos para la producción local de alimentos.
Desde octubre de 2019, con el apoyo del PNUD, la FAO y la UE inició el Programa País “Apoyo estratégico a la seguridad alimentaria sostenible en Cuba” (SAS).
La iniciativa que se extenderá hasta 2025 propone el incremento eficiente y sostenible de producciones diversificadas y sanas que garanticen el autoabastecimiento en seis municipios de las centrales provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus.
También se ejecutan programas nacionales para desarrollar cultivos como el arroz, café, cacao, papas, cítricos, frutales, así como para la recuperación de la ganadería bovina e incrementar la disponibilidad de carne de cerdo.
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En lo que va de año, el gobierno elevó los pagos a los campesinos por la entrega de leche a la industria e inició una nueva política de comercialización de productos agropecuarios que aspira a incentivar su cantidad, variedad y calidad.
Este mes de septiembre echó a andar una política para organizar los polos productivos agropecuarios, mientras el Banco Central de Cuba y el Ministerio de Finanzas y Precios propusieron un fondo de 1800 millones de pesos –equivalentes a 72 millones de dólares- para el fomento de algunas producciones agropecuarias.
Existen expectativas sobre la posibilidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas contribuyan a aumentar y modernizar la producción, procesamiento, conservación y exportación de alimentos, a partir de la entrada en vigor el lunes 20 de las normas para constituir estos nuevos actores económicos.
No obstante, para Nova, faltan por eliminar “grandes restricciones y trabas, muchas de ellas de origen burocrático, que no han permito el desarrollo de las fuerzas productivas del sector agropecuario”, como la posibilidad de que productores puedan importar y exportar directamente -sin mediación de empresas estatales-, y la asociación directa con inversionistas extranjeros, entre otras.
Pequeños productores y agricultores familiares consultados por IPS sostienen que los cambios en los sistemas agroalimentarios deben pasar, además, por la transformación de hábitos alimentarios, inversiones en pequeñas industrias y emprendimientos para procesar alimentos, incentivar la cultura de su conservación y evitar sus aún significativas pérdidas.
ED: EG
