SAN JOSÉ – Nicaragua atraviesa un futuro político incierto, tras la reforma constitucional que cierra el paso a la oposición y blinda por siete años más en el poder al matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La legislativa Asamblea Nacional, controlada por el gobernante partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), modificó la Constitución Política el 1 de septiembre para extender los mandatos de Ortega y Murillo.
Ortega, exguerrillero izquierdista que gobernó de 1984 a 1990, ya había convertido a Murillo, vicepresidenta desde 2021, en “copresidenta” mediante una reforma constitucional en febrero de 2025.
Siete años prorrogables
Esta vez, según la propuesta de la familia gobernante, el mandato de siete años sería prorrogable por votación de los diputados y beneficiaría a miles de cargos públicos designados por Ortega y Murillo.
Este país centroamericano de 7,1 millones de habitantes está gobernado desde 2007 por Daniel Ortega, quien ganó las elecciones de 2006 con 38 % de los votos, y se mantiene en el poder desde entonces.
El texto de la reforma constitucional fue aprobado en primera legislatura durante una sesión especial realizada a mano alzada en una plaza pública de León, una ciudad a 90 kilómetros al noroeste de Managua.
La reforma requiere una segunda votación, prevista a partir del 18 de enero de 2027, para entrar plenamente en vigor.
El origen de la reforma
Ortega exclamó el pasado 19 de julio, en el acto político del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”.
Luego, ante condenas de Estados Unidos, algunos países de América Latina y la Unión Europea, el régimen matizó las declaraciones de Ortega y negó que buscara abolir los comicios.
De hecho, la reforma aprobada no elimina formalmente las elecciones, pero excluye de ellas a cualquier candidatura opositora real.
El cambio de regla alcanza al menos a 6750 puestos de elección popular, aparte de los dos copresidentes.
Beneficia a 90 diputados de la Asamblea Nacional y sus suplentes, alcaldías, concejalías, magistraturas judiciales y electorales, así como jefaturas del Ejército y la Policía.
A la vez, inhabilita constitucionalmente a quienes el régimen considere “traidores a la patria” o promotores de golpes de Estado.
Más de 450 opositores ya habían sido despojados de su nacionalidad antes de esta reforma, bajo esas mismas acusaciones.
La reforma amplía además los poderes del Consejo Supremo Electoral para cancelar partidos o candidaturas que a criterio del propio Gobierno, “menoscaben” la soberanía nacional.
Originalmente, las elecciones generales debían celebrarse en noviembre de 2026.
Mediante las reformas constitucionales de 2025, la fecha se había pospuesto para noviembre de 2027, pero tras el pronunciamiento del Ejecutivo, dicha convocatoria quedó cancelada de facto.
El diputado sandinista Gustavo Porras, quien presentó la iniciativa durante el proceso de consulta iniciado en julio, defendió los nuevos plazos como una decisión soberana ante legisladores, banqueros y mandos militares.
“Esos siete años significa algo que no te pueden cuestionar. Tenemos derecho, es una decisión de nosotros”, sostuvo Porras.
Murillo ha respaldado el proceso en sus mensajes diarios por los medios estatales.
“El pueblo nicaragüense decide tener elecciones en un modelo propio”, aseguró, al dar por concluido el proceso de “consultas” que el régimen realizó entre instituciones estatales, simpatizantes sandinistas y embajadores en el país.
Entre los consultados figuran cuatro hijos de Ortega y Murillo, al frente de sectores clave como comunicaciones, entretenimiento, deportes y relaciones internacionales.
El delfín de la dinastía
Entre los siete hijos de la pareja gobernante, Laureano Ortega Murillo, de 43 años, concentra el mayor peso político y diplomático de la familia.
Es el rostro oficial de las relaciones internacionales y de los actos públicos del régimen, lo que alimenta la percepción de que Ortega, de 80 años, y Murillo, de 75, preparan le preparan para su sucesión.
Sin ostentar un cargo diplomático formal, Laureano Ortega conduce la política exterior más sensible del país: encabezó el giro de Nicaragua hacia China, Rusia e Irán desde 2021.
En 2023 firmó el tratado de libre comercio bilateral con China, actuando con al menos 27 “plenos poderes” que le otorgaron sus padres para representar al Estado.
Durante las consultas previas a la reforma, defendió públicamente los cambios solicitados por sus padres.
“Estas reformas ponen ese muro, ese bloqueo definitivo a los traidores, a los golpistas, a los vendepatrias”, expresó.
Reclamos opositores
El sociólogo Óscar René Vargas dijo a IPS que la sucesión recaerá en Laureano y no en su madre, porque Murillo “ya se quemó” tras la represión de 2018 contra las protestas antigubernamentales.
Ese año miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar contra las reformas a la seguridad social, y el régimen respondió con represión.
Al menos 355 personas murieron en las jornadas, miles resultaron heridas y detenidas, y desde entonces el país ha caído en una espiral represiva que ha llevado al exilio y la migración a más de 800 000 personas.
A raíz de las protestas el régimen ha disuelto más de 5500 organizaciones civiles, en una represión que alcanzó sindicatos, universidades, medios independientes y a la Iglesia católica.
Obispos católicos, periodistas, empresarios, campesinos, estudiantes, ambientalistas y miembros de la sociedad civil han sido detenidos, desterrados y confiscados.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) concluyó que el Estado convirtió sus abusos en política deliberada y los calificó de crímenes contra la humanidad.
La reforma generó reacciones y amenazas de Estados Unidos.
El 10 de septiembre, el exsubsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, calificó de “aborrecible” la posibilidad de un traspaso familiar del poder, durante un panel del Diálogo Interamericano, en Washington.
Nichols dijo que le resultaría “inaceptable” ver a Murillo o algunos de sus hijos suceder a Ortega y heredar el control del Estado. Por ello pidió a la administración de Donald Trump intensificar su atención sobre Nicaragua.
Once organizaciones opositoras, en su mayoría en el exilio, calificaron la reforma como una ruptura del orden constitucional y el cierre de la alternancia democrática.
La excomandante guerrillera sandinista Dora María Téllez, crítica del régimen, afirmó a IPS que las reformas “están diseñadas para perpetuar la dictadura” de la pareja gobernante.
“Como lo hizo la familia Somoza, lo hace ahora la familia Ortega. Y ya sabemos cómo terminó eso”, observó.
Téllez se refería a la dictadura dinástica de los Somoza que gobernó Nicaragua 43 años, entre 1947 y 1979, comandada por Anastasio Somoza y dos de sus hijos, hasta que fue derrocada por la revolución sandinista.
El politólogo Félix Maradiaga, presidente de la organización Ruta del Cambio, rechazó la reforma porque, según dijo, convierte la Constitución en “escritura de propiedad de la familia Ortega-Murillo”.
Vargas coincidió en el diagnóstico de fondo: para él, la reforma no busca solo prolongar el mandato vigente, sino asegurar jurídicamente el proyecto de sucesión familiar antes de que la salud de Ortega, de 80 años, se convierta en un factor de riesgo político.
El exdiputado opositor Eliseo Núñez interpretó la extensión a siete años como un movimiento calculado, para que la permanencia del régimen coincida con el final del mandato del presidente estadounidense Donald Trump, previsto para enero de 2029.
Washington presiona
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que Estados Unidos “no se quedará de brazos cruzados” ante la reforma.
En un comunicado del 2 de septiembre, dijo que “las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos” que los gobiernos democráticos de la región.
Estados Unidos es el principal socio comercial e histórico de Nicaragua, en el marco de un acuerdo comercial con Centroamérica y el Caribe.
Rubio pidió además a otros países suspender sus relaciones comerciales habituales con Managua.
A la vez anunció que impulsará medidas adicionales en la próxima reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que decidió el Consejo Permanente del organismo interamericano, con sede en Washington, con 26 votos de sus 35 Estados miembros.
Estados Unidos ya mantiene restricciones de visado y sanciones financieras y diplomáticas contra más de 2350 funcionarios nicaragüenses y sus familiares.
Aparte, senadores y congresistas estadounidenses organizan sesiones de respuesta y revisión de leyes para sancionar aún más al régimen.
Mientras tanto, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, advirtió que la reforma contraviene la Carta Democrática Interamericana suscrita por Nicaragua, que abandonó el foro interamericano en 2023.
Ramdin dijo que “lo que está ocurriendo en Nicaragua es absolutamente inaceptable. Pero una simple condena no es suficiente. Si nos reunimos tiene que ser para tomar medidas”.
El secretario general dijo que la cita extraordinaria podría celebrarse los días 28 y 29 de este mes, con el objetivo de coordinar una respuesta conjunta contra las medidas del régimen de Managua.
ED: EG
