LA HABANA – El deterioro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se profundizó tras las protestas del 11 de julio en la isla y parecen alejarse las posibilidades del reacercamiento diplomático vislumbrado con la asunción del presidente Joe Biden.
Durante su campaña electoral, Biden prometió desmontar las que calificó de “políticas fallidas” del entonces presidente Donald Trump (2017- enero 2021) que “han causado daño en los cubanos y sus familias (y que) no ha hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos”.
La anterior administración republicana adoptó más de 200 medidas que arreciaron el embargo que Washington mantiene contra La Habana desde 1962, y que según informes oficiales cubanos provocaron daños por más de 9000 millones de dólares de abril de 2019 a diciembre de 2020.
Limitar los vuelos únicamente a La Habana, prohibir el atraque de cruceros y restringir el envío de remesas golpeó al estratégico sector turístico, las ayudas monetarias para gastos de alimentación de numerosas familias y parte de los fondos invertidos en la creación de emprendimientos autónomos en este país insular caribeño.
Durante sus primeros seis meses, la administración demócrata insistió en que los nexos con Cuba no constituían una prioridad de su política exterior.
“No estoy convencido de que Biden haya decidido cambiar la política y cumplir su promesa de campaña”, sostuvo en diálogo con IPS el politólogo Esteban Morales.
A su juicio, el gobierno demócrata “continúa moviéndose atrás y adelante, para ganar tiempo, ver cómo nos desenvolvemos dentro de la coyuntura difícil y observando cómo sale o no Cuba de la actual situación, reforzada a partir de las manifestaciones del 11 de julio”.
“Las protestas (en Cuba), hijas de la desesperación y el hambre, serían el mayor acicate para un cambio de política, más acorde a los intereses estratégicos y valores democráticos estadounidenses”: Arturo López-Levy.
Tras las protestas en unas 40 ciudades y otras localidades en la isla, la Casa Blanca anunció la creación de un grupo de trabajo para revisar la política de las remesas.
Trump limitó a 1000 dólares por trimestre los envíos a Cuba y en noviembre de 2020, las sanciones contra la empresa cubana Fincimex, que maneja la recepción de dinero desde el exterior, obligaron a cancelar sus operaciones en la isla a Western Union, la principal compañía estadounidense para esas transferencias.
El gobierno de Biden confirmó también que estudia el incremento del personal de la embajada en La Habana.
Los incidentes sónicos reportados públicamente por primera vez en agosto de 2017, sirvieron a Washington para justificar la retirada de la mayor parte de su personal diplomático y cerrar los servicios consulares en la capital cubana, lo que afectó la entrega de visas y los programas de reunificación familiar.
La administración Biden prevé asimismo identificar “formas innovadoras para asegurar que el pueblo cubano tenga un acceso seguro y sólido al libre flujo de información en Internet”, y prometió consultar y escuchar recomendaciones de líderes y actores cubanoamericanos.
“(Washington) continúa moviéndose atrás y adelante, para ganar tiempo, ver cómo nos desenvolvemos dentro de la coyuntura difícil y observando cómo sale o no Cuba de la actual situación, reforzada a partir de las manifestaciones del 11 de julio”: Esteban Morales.
“El sistema de sanciones unilaterales no ha empoderado a nadie en Cuba, ni va a contribuir a resolver ninguna de las quejas legítimas de quienes protestaron”, dijo a IPS el politólogo Arturo López-Levy.
Para el profesor asistente de Política y Relaciones Internacionales en la universidad Holy Names, en el estadounidense estado de California, “las protestas, hijas de la desesperación y el hambre, serían el mayor acicate para un cambio de política, más acorde a los intereses estratégicos y valores democráticos estadounidenses”.
Pero en opinión de López-Levy, el interés de un “segmento dominante en la administración Biden no es promover los derechos humanos en Cuba, sino ser la opción preferida del anticastrismo en la búsqueda de un cambio de régimen impuesto desde Miami vía Washington”.
El 22 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento de Estado anunció sanciones contra el general Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Ejército), y la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, al amparo de la Ley Magnitsky de 2012.
Esa norma, dirigida contra quienes cometen abusos de derechos humanos o actos de corrupción en otros países, les prohíbe la entrada a territorio estadounidense, cancela el acceso al sistema financiero y bloquea sus posibles activos en el país.
En la misma jornada, durante una rueda de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, consideró que las sanciones están “políticamente motivadas”, son “de poca aplicación práctica”, pero “relevantes en su carácter político y de injerencia”.
El canciller cubano remarcó que ante los acontecimientos del 11 de julio, las autoridades cubanas actuaron “con estricto apego a la ley y absoluto respeto a las normas que rigen su conducta”.
A más de dos semanas de las masivas protestas, se carece de un informe oficial sobre el número de detenidos durante el día de las manifestaciones y jornadas posteriores, en que los ciudadanos reclamaron cambios políticos y económicos, si bien también ocurrieron actos vandálicos y agresiones contra establecimientos comerciales, vehículos de la policía y particulares.
Organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil interna han contabilizado más de 600 arrestos debido a las protestas.
Autoridades judiciales informaron en conferencia de prensa que hasta el 23 de julio fueron procesadas 59 personas, relacionados con delitos menores como desorden público y desacato a las autoridades, los cuales implican sanciones administrativas, multas o penas de hasta un año de prisión.
Ciudadanos han pedido que se investigue denuncias sobre el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos y esclarecer los reportes sobre maltratos por parte de agentes del orden contra detenidos.
Las protestas ocurrieron en medio del agravamiento de la pandemia de covid en la isla, así como del desabastecimiento de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad que aumentaron la situación de vulnerabilidad de muchas familias.
Para las autoridades cubanas, las manifestaciones son el resultado de una “intensa operación político-comunicacional financiada por el gobierno de los Estados Unidos”, dirigida a “alentar disturbios e inestabilidad en el país”.
El gobierno ha denunciado que el legislativo Congreso estadounidense aprueba cada año alrededor de 20 millones de dólares en el presupuesto federal para interferir en los asuntos internos de Cuba y subvertir el orden constitucional, mediante “programas de democracia”.
Una declaración conjunta de Estados Unidos y otros 20 países –cinco de ellos de América Latina- exhortó el lunes 26 al gobierno de Miguel Díaz-Canel a “que preste atención a las voces y a las demandas del pueblo cubano” y “libere a los detenidos por ejercer su derecho a las protestas pacíficas”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha reiterado que el gobierno de Estados Unidos carece de autoridad moral para reclamar sobre derechos humanos, e insiste en que el bloqueo, como se denomina internamente al embargo, viola los derechos humanos de los 11,2 millones de habitantes de la isla.
Subraya, además, que el embargo es, de hecho, el principal obstáculo para el desarrollo cubano y es un acto contrario a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.
“Biden hace mucho tiempo que abandonó la idea de seguir la política (de acercamiento) de (expresidente Barack) Obama. Es Cuba, superando la actual situación, la única que podría obligar a Biden a variar la táctica, quitándole la esperanza de toda manipulación”, argumentó Morales.
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Tras las protestas, el gobierno cubano anunció medidas relacionadas con la eliminación de aranceles para la importación sin límites de alimentos, medicinas, insumos médicos y productos de aseo, mientras en las próximas días el Consejo de Ministros debe dar luz verde a normas que reconozcan las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto estatales como privadas, un tema largamente demorado.
Expresiones estadounidenses de solidaridad
En este contexto, integrantes del llamado Movimiento de Solidaridad con Cuba en Estados Unidos mantienen esfuerzos por mejorar los vínculos bilaterales y aliviar las carencias del pueblo cubano.
El 23 de julio fue recibido en La Habana un primer donativo de 1,7 millones de jeringuillas, valorado en 100 000 dólares, de los seis millones de esos instrumentos con los cuales organizaciones antiembargo como Saving Lives, Code Pink y The People’s Forum, entre otras, se han comprometido a respaldar el proceso de vacunación anticovid.
El propio día, el diario The New York Times publicó la carta titulada “Let Cuba Live (Dejen Vivir a Cuba)” firmada por más de 400 exjefes de estado, políticos, intelectuales, científicos, clérigos, artistas, músicos, líderes y activistas de todo el mundo quienes hicieron un “llamado público urgente” al presidente Biden para que deshaga las medidas contra la isla implementadas por Trump.
“Nos parece inconcebible, especialmente durante una pandemia, bloquear intencionalmente las remesas y el uso por parte de Cuba de las instituciones financieras globales, algo necesario para la importación de alimentos y medicinas a la isla antillana”, subrayó la misiva rubricada por expresidentes como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Rafael Correa (Ecuador) y figuras del cine como Susan Sarandon, Mark Ruffalo y Oliver Stone.
ED: EG
