RÍO DE JANEIRO – Prohibir las elecciones que no utilicen el voto impreso es la nueva amenaza militar a la democracia en Brasil, tras dos años de movilizaciones de los adeptos al gobierno de extrema derecha en demanda del cierre del legislativo Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal.
El presidente Jair Bolsonaro denuncia reiteradamente la supuesta existencia de fraudes en los comicios brasileños, incluso en los que le dieron el triunfo en octubre de 2018. La Justicia decidió ahora exigirle que presente las pruebas que dijo poseer contra el voto electrónico, que a su juicio no es suficientemente auditable.
El temor es que su intento de desacreditar a las elecciones, en una imitación más del expresidente estadounidense Donald Trump, culmine también con algún ataque similar a la invasión del Capitolio, la sede del Congreso de Estados Unidos, por fanáticos trumpistas el 6 de enero.
Pero los procesos son muy distintos.
En Brasil la matriz de la extrema derecha es militar, no un partido como el Republicano estadounidense. Los activistas civiles de esa corriente brasileña reclaman siempre “intervención militar” para imponer sus políticas y, si necesario, someter los poderes legislativo y judicial.
Una ruptura institucional en Brasil involucraría a tropas armadas, ya que al contrario de Trump, Bolsonaro cuenta con el apoyo castrense y de buena parte de las fuerzas policiales.
Por ello, las manifestaciones autoritarias del presidente mantienen en alarma la vida política desde su toma de posesión el 1 de enero de 2019. Ahora se suman los sobresaltos desatados por algunos generales, en declaraciones que resultan graves porque sugieren una posición de las Fuerzas Armadas.
Los generales alzan su voz
Sin sustituir la votación electrónica, adoptada en 1996, por el sufragio “impreso y auditable”, no habrá los comicios fijados para octubre de 2022, habría comunicado el general Walter Braga Netto, ministro de Defensa, al presidente de la Cámara de Diputados, el bolsonarista Arthur Lira, informó el diario O Estado de São Paulo el jueves 22.
El ultimátum partió de una reunión del ministro con los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, que habría ocurrido el 8 de julio, aunque solo trascendió ahora.
Es “desinformación”, una “invención” del diario, reaccionó Braga. Pero Lira difundió una desmentido ambiguo, que parece confirmar la presión, incluso porque la Cámara de Diputados debate actualmente un proyecto de ley para restablecer la votación en papel.
De hecho, el general Braga solo habría repetido declaraciones de Bolsonaro, que ha reiterado varias veces que las próximas elecciones solo tendrán lugar si se aprueba el voto impreso, un cambio que depende del Congreso.
En Brasil, el sistema electoral es totalmente electrónico desde 2000, tras aplicarse en forma parcial desde cuatro años antes, y es auditable en las varias fases, aunque no mediante el uso de papel.
El modelo, elogiado y replicado internacionalmente, no ha tenido ninguna denuncia de posible fraude, subrayan las autoridades electorales, que precisan que introducir auditorias impresas sería costoso, promovería acciones de los perdedores, demoraría el proceso y socavaría al secreto del voto, lo que haría volver la compra de votos.
Pero Bolsonaro y sus generales demandan alguna forma de impresión para auditar, aunque sin detallar formula alguna y sin pruebas de la fragilidad del sistema 100 por ciento electrónico.
El gobierno envió un proyecto para retroceder al voto impreso, pero ya una mayoría de 11 partidos rechazó la propuesta y el propio Bolsonaro reconoció su derrota, si bien sus partidarios detuvieron la tramitación de la iniciativa para demorar el máximo tiempo posible su “sepultura”.
Sea como sea, es evidente que los generales brasileños decidieron ser más activos en la política actual en las últimas semanas.
Poder castrense versus Poder Legislativo
El ministro de Defensa y los tres jefes de las Fuerzas Armadas atacaron duramente el presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la gestión de la pandemia de covid-19, el senador Omar Aziz, por haber señalado que oficiales de una “banda podrida” de los militares participaron en la presunta corrupción en el Ministerio de Salud.
Por lo menos ocho oficiales del Ejército están bajo investigación de la CPI, a causa de intentos de compra de vacunas anticovid, en condiciones sospechosas.
Las Fuerzas Armadas no tolerarán “ataques livianos” a sus instituciones, destaca el comunicado divulgado el 7 de julio, interpretado por los legisladores como un veto o presión contra la investigación de los militares que asumieron funciones claves en el Ministerio de Salud, sin conocimientos para lidiar con la pandemia.
Dos días después el comandante de la Fuerza Aérea Brasileña, el brigadier Carlos Batista, insistió en atacar la investigación parlamentaria, atribuyéndola juicios “prematuros”, y defendió la actuación de los militares, incluso en su participación masiva en el actual gobierno, en una entrevista con el diario O Globo, de Río de Janeiro.
El brigadier empeoró todo al decir que “el hombre armado no amenaza”, para negar interpretaciones de que los militares estarían haciéndolo con un golpe de Estado. Es decir, la ruptura puede ocurrir sin aviso.
El gobierno de Bolsonaro, un excapitán del Ejército, es militar porque un tercio de sus ministros tienen ese origen y lo mismo sucede con más de 6000 funcionarios, la mayoría oficiales ya retirados y situados en cargos de confianza.
El presidente se presentó a las elecciones como representante de las Fuerzas Armadas y de la dictadura militar de 1964-1985, lo que suena un contrasentido pero tiene su lógica.
La avalancha de 57,8 millones de votos que conquistó no se debió a hazañas o carisma personales, visiblemente ausentes. Tras inviabilizar su carrera militar por actos de indisciplina, fue un diputado anodino, del llamado “bajo clero”, durante 28 años durante las que solo logró la aprobación de dos leyes.
Pero mantuvo siempre su identidad militar y una terca defensa de la dictadura. Alabó como héroe a un conocido torturador de presos políticos y lamentó que no se hubiera eliminado por lo menos 30 000 izquierdistas, opositores del régimen militar.
Esa imagen castrense y el discurso antidemocrático lo convirtieron en la deseada alternativa a la política practicada tras el fin de la dictadura en 1985, en un proceso de redemocratización que acumuló escándalos de corrupción.
El colapso de la llamada “Nueva República”, a los 30 años de la nueva Constitución democrática de 1988, se dio con la economía arruinada, la mayoría de los líderes políticos acusados corrupción y el principal líder de la izquierda, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, detenido.
El cuadro favorecía el rescate del período militar, en que Brasil vivió una acelerada industrialización y urbanización, con fuerte crecimiento económico, a excepción de sus últimos años.
Las Fuerzas Armadas nunca dejaron de ser una de las instituciones más confiables para la población, según todas las encuestas. El pecado dictatorial poco afecta su imagen en la mayoría de la población, beneficiada por los avances económicos y no golpeada por la represión política.
Los dictadores brasileños no sufrieron adversidades demoledoras, como el fracasado intento de recuperar en una guerra las islas Malvinas en Argentina, el escándalo de corrupción del general Augusto Pinochet en Chile.
Todo eso permitió a Bolsonaro apropiarse de la reputación militar, del imaginario que quedó del “milagro brasileño”, el crecimiento económico de más de 10 por ciento en varios años de la década de los 70, y conquistar algunos sectores que deben su expansión al período dictatorial, como la gran agricultura del monocultivo de la soja.
En resumen, la repentina popularidad de Bolsonaro se debió a su simbiosis con las Fuerzas Armadas y su historia reciente. Ese núcleo de extrema derecha, de bolsonaristas incondicionales, posibilitó agregar corrientes conservadoras, como las religiosas, especialmente los evangélicos, empresarios y policías.
En contrapartida, su triunfo representó el rescate de los militares, “condenados” por la narrativa democrática y recluidos en los cuarteles, inhabilitados para la política y la administración pública. Eso explica la fidelidad de los generales a Bolsonaro, después del desastre de la gestión de la pandemia y otros desatinos en el gobierno.
Esa simbiosis une los destinos de Bolsonaro y los militares. Los errores y atentados a la democracia, inevitables en un gobierno que tiene como referencia el período dictatorial pero actúa en una institucionalidad democrática, cobrarán su precio a los dos.
ED: EG
