LA HABANA – Las manifestaciones del domingo 11 de julio a lo largo y ancho del territorio cubano no deberían haber sorprendido. Los cubanos llevaban meses sufriendo penurias cada vez mayores. Algo tenía que pasar.
A pesar de los numerosos errores e insuficiencias de la política económica, algunos reconocidos por Raúl Castro, el propio presidente Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes, hasta ese día, se mantenía incólume la percepción, ahora puesta en duda, de que el gobierno cubano controlaba la situación, pues había heredado suficiente capital político y margen de maniobra.
Bastaba con apelar a la continuidad en la defensa de la soberanía y de las conquistas sociales de la Revolución. Se aceptaba algo que es solo parcialmente cierto: las excepcionales dificultades sufridas en los últimos meses se deben al bloqueo y a la pandemia, que era manejada con mucha solvencia. El tiempo estaba de su parte y podía llevar a cabo las reformas prometidas en el 2011 sin prisa, pero sin pausa, aunque a veces estas últimas parecían ser muy largas.
El 11 de julio cambió todo eso.
No cabe duda de que el detonante de la mayoría de estas manifestaciones y disturbios fue la campaña de desinformación y promoción del estallido social que se realiza persistentemente en las redes sociales desde fuera de Cuba, con apoyo de financiamientos de Washington.
Se han convertido en un elemento tóxico en la realidad nacional, que impacta sobre todo en jóvenes y especialmente en barrios empobrecidos. Esa campaña se combina de manera perversa con las propias medidas coercitivas unilaterales o bloqueo. Pero si esa campaña fue el detonante, también es cierto que no habría sido efectiva si no existiera un caldo de cultivo en los siguientes factores:
-el deterioro de la situación social en barrios empobrecidos (algo que no es nuevo pero que se ha agudizado en años recientes y no solo por la pandemia);
-el aumento de las enormes dificultades para conseguir alimentos, que las autoridades han sido incapaces de resolver;
-debido a los últimos brotes, especialmente en Matanzas, la falsa sensación de que el gobierno pudiera no ser tan eficiente como parecía en el manejo de la pandemia, tanto en su aspecto preventivo (vacunas y candidatos vacunales) como asistenciales (control de contagios y letalidad);
-una ineficiente estrategia comunicativa;
-una tendencia a desconocer, limitar y hasta criminalizar el disenso.
El gobierno cometió y sigue cometiendo el error de subestimar y hasta ignorar que sus propias acciones o falencias, percibidas o reales, provocan el malestar ciudadano. Se ha aferrado a la narrativa de que el estímulo exógeno al estallido social es el único o al menos el principal causante.
A una semana escasa del 11 de julio, se observa a las autoridades intentando operaciones de control de daños. Pero ese esfuerzo sigue siendo incompleto o mal dirigido.
Para continuar por ese camino es imprescindible evaluar correctamente la situación política y social y no cometer el error de culpar solamente a los factores externos sin atender los internos.
Ante todo, tiene que acometer con urgencia las reformas prometidas y garantizar que las mismas mejoren la vida cotidiana de los ciudadanos. Las colas para alimentos se han convertido en un suplicio para cualquiera.
Un problema adicional que complica la situación es cómo contener a los elementos criminales que se aprovecharon de la situación para propiciar disturbios violentos sin que, al mismo tiempo, se cree la imagen, tanto dentro de la sociedad cubana como en el entorno internacional, de una represión excesiva contra manifestantes pacíficos.
Una de las primeras manifestaciones, la acontecida en San Antonio de los Baños, parece haber sido de estas, una protesta pacífica, como confirmó la presencia del presidente Díaz-Canel en esa ciudad ese día. Se trataba en gran medida de ciudadanos descontentos por penurias adicionales no adecuadamente justificadas por las autoridades.
Dentro de la sociedad cubana la experiencia de haber debatido y aprobado una nueva Constitución que contiene importantes elementos de respeto por el debido proceso no es un hecho menor. Entre los ciudadanos existe un mayor nivel de exigencia en el cumplimiento de la ley a que las autoridades policiales están obligadas.
En cuanto a la estrategia de comunicación debe buscar el adecuado balance para sumar y recuperar apoyos y evitar perder aún más de éstos. Hay una evidente erosión de la capacidad de convencimiento del argumento que todo se debe al bloqueo, más allá de que sea una verdad comprobable. El abuso de ese argumento sin enfocarse autocríticamente en los propios conduce a una pérdida aún mayor de credibilidad
Las autoridades deben intentar superar dos obstáculos político-ideológicos importantes. El primero es que aún prevalece en la burocracia la vieja mentalidad estrecha del socialismo como un modelo estatista basado en la planificación centralizada, que minimiza el papel del mercado en la asignación de recursos.
El segundo nace de concepciones que definen el socialismo en términos autoritarios, desconociendo o criminalizando el disenso de los que recomiendan cambios en el modelo social para hacerlo más eficiente económicamente y más democrático y respetuoso del estado de derecho que se estableció por la Constitución del 2019.
Esta tendencia arremete contra todo el que disiente endilgándole muchas veces epítetos como el de “centrista”, que se intentan convertir en sinónimo de contrarrevolución.
Las interpretaciones que se le están dando desde los medios oficiales a lo acontecido el domingo demuestran ese punto. Hay un intento de desprestigiar, disminuir y hasta criminalizar a todo el que se sumó a las protestas, calificándolos de “anexionistas”, criminales o “confundidos”. No todo el que participó cabe en esas descripciones ambiguas.
Hay demandas reales hechas de forma pacífica, cuyo desconocimiento puede ser arriesgado.
A ello habría que añadir que el discurso oficial justifica el uso de la violencia represora y esto impacta negativamente en sectores de la población que se mantienen al margen, pero observan con consternación todo lo que sucede. Un ejemplo que viene al caso es el de intelectuales y artistas que han hecho públicas sus críticas.
Los acontecimientos han repercutido negativamente en la imagen internacional de Cuba. Se percibe que las autoridades, incluso las de seguridad, fueron tomadas por sorpresa. También hay la apreciación de que se está ocultando el nivel de la represión.
A estas alturas no hay todavía una cifra de detenidos ni una información de cuántas manifestaciones se produjeron, cuántas fueron pacíficas, cuántas fueron claros disturbios, ni de cuántos ciudadanos participaron. Y, por supuesto, hay voces que reclaman la liberación de todo el que protestó pacíficamente.
Este vacío de información provoca que tanto la ciudadanía como actores externos puedan ser desinformados por aquéllos que tienen el evidente propósito de acosar al liderazgo cubano sin importarles más nada.
No se tiene en cuenta que en la ciudadanía ya se ha arraigado la idea de que la protesta pública pacífica es lícita y debe ser protegida por la ley, ante cuyo precepto el gobierno parece tener una actitud negativa, cuando reacciona proclamando que “la calle pertenece a los revolucionarios”.
Esa no es la respuesta más conveniente ni desde el punto de vista interno ni del externo, además de que atenta contra el estado socialista de derecho.
En resumen, estas manifestaciones son inéditas y llaman la atención sobre problemas internos de la sociedad cubana agudizados por las medidas coercitivas unilaterales del gobierno norteamericano, que empobrecen al pueblo y acosan al gobierno cubano.
Es un reto de gran magnitud para un liderazgo político cubano que, a pesar de que ya ha sido puesto a prueba, está en proceso de consolidación en condiciones excepcionalmente adversas, no sólo por la pandemia.
Los desafíos son sumamente complejos, pero son también decisivos.
Los líderes cubanos harían bien en considerar que, en situaciones similares en otros contextos, la estrategia exitosa seguida por homólogos políticos afines ha tenido como divisa sumar y no restar; escuchar y no hacer oídos sordos a los reclamos legítimos.
RV: EG
