NACIONES UNIDAS – La concentración de poder, la violencia, y las políticas de protección social ineficientes han colocado a América Latina y el Caribe en una trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento económico, resumió el informe regional sobre desarrollo humano divulgado este martes 22 por el PNUD.
La región “está atrapada en un círculo vicioso exacerbado por la pandemia covid-19, que produce avances muy desiguales y bajo crecimiento” y también “ha aumentado enormemente la brecha entre riqueza y pobreza extremas”, indicó el estudio del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
Según sus datos, los progresos conseguidos en las últimas décadas son más desiguales en los países latinoamericanos y caribeños que en las otras regiones del mundo comparables con sus niveles de desarrollo.
Además, sus indicadores sociales están por debajo de lo que deberían, tomando en cuenta que se trata de una región de renta media, de acuerdo con el documento “Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe”.
El informe también “destaca un punto que puede servir para liberarse del bajo crecimiento y alta desigualdad: la implementación de sistemas universales de protección social redistributivos, fiscalmente sostenibles y más favorables al crecimiento”, dijo el director regional del PNUD, Luis Felipe López Calva.
“El informe destaca un punto que puede servir para liberarse del bajo crecimiento y alta desigualdad: la implementación de sistemas universales de protección social redistributivos, fiscalmente sostenibles y más favorables al crecimiento”: Luis Felipe López Calva.
Menciona datos como que mientras 105 multimillonarios de América Latina y el Caribe tienen un patrimonio neto combinado de 446 900 millones de dólares, dos de cada 10 personas en la región aún tienen carencias alimentarias.
Los ingresos de las 50 empresas más grandes representaron desde 20 por ciento (Argentina) hasta 70 por ciento (Chile) del producto interno bruto. Los grupos empresariales diversificados controlados por familias representan entre 39 y 73 por ciento de los PIB nacionales.
Con respecto a la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus intereses privados, el texto señala que con su influencia política estos individuos o grupos hacen mal uso del poder que detentan, distorsionando así las políticas públicas y debilitando las instituciones.
Cita como ejemplo el papel de las élites económicas en el bloqueo a reformas fiscales que promoverían una redistribución más equitativa.
En ese renglón, el PNUD aboga por medidas que regulen en cabildeo y el financiamiento de las campañas políticas.
La pobreza multidimensional (que considera varios factores y condiciones de vida) retrocedió en la región en la década previa a la covid, pero desde 2020 “de acuerdo con las proyecciones, la pandemia ha anulado gran parte de ese progreso”.
El informe recuerda que la región es la más violenta del mundo y destaca la formación de un ciclo cerrado en el que la violencia es causa y consecuencia de la desigualdad y viceversa.
Además, limita el crecimiento al golpear el capital humano, la productividad y la inversión, a la vez que obliga a aumentar el presupuesto para la seguridad.
Los costos directos e indirectos del crimen en la región se calculan en tres por ciento del PIB en el país promedio y en más de seis por ciento en los países más violentos de América Central.
El PNUD recomienda entonces fortalecer los sistemas de justicia local y la expansión de la atención en salud mental para las víctimas de violencia.
En cuanto a los sistemas de protección social, el PNUD los considera frágiles y destaca la capacidad limitada de respuesta que tuvieron durante la pandemia. Los gobiernos han creado sistemas paralelos de menor calidad para cubrir a las personas que quedan excluidas, “que en la región son la mayoría”.
Los mercados de trabajo de la región están segmentados y tienen sistemas de protección social que reproducen desigualdades e incentivan la organización de la producción en negocios muy pequeños y poco productivos.
Por ejemplo, el porcentaje de la fuerza de trabajo excluida de la seguridad social contributiva está entre 35 y 46 por ciento en países como Chile, Brasil y Argentina, pero alcanza a entre 72 y 82 por ciento en Ecuador, Perú y Honduras.
Se sugiere entonces repensar la protección social para lograr la cobertura universal.
En síntesis, según el PNUD, para salir de la trampa que frena el avance de los países de la región se deben buscar soluciones que impulsen un crecimiento ambientalmente sostenible y que propicien la inclusión y la movilidad social.
Esas soluciones deben incluir el objetivo de erradicar la violencia en todas sus formas y rediseñar los contratos sociales para garantizar, entre otras cosas, oportunidades en el mercado laboral y protección social.
A-E/HM
