CHANCAY, Perú – La pintura blanca que recubre las paredes de la casa de la familia Mamani Flores se ha desgastado. El moho y las rajaduras se esparcen sobre el cemento que mantiene en pie esta vivienda de Chancay, una localidad ubicada en la costa peruana, a 80 kilómetros al norte de Lima, la capital.
“No hemos construido una casa para que se caiga de la noche a la mañana, lo hicimos pensando en nuestros hijos, pero esto ya no es habitable”, dice Oscar Mamani, desgastado como sus paredes.
Chancay se habitó por la expansión de la industria pesquera desde mediados del siglo pasado. Con los años, el turismo se abrió espacio entre la pesca artesanal destinada al consumo local y la industria para la producción de harina de pescado. En la actualidad, los más de 60 000 ciudadanos se encuentran divididos por la construcción de uno de los proyectos más ambiciosos que el gobierno peruano ha impulsado: el megapuerto de Chancay.
Las casas rajadas de Chancay
Desde que empezó el movimiento con las maquinarias en los primeros meses del 2020, la casa de los Mamani Flores ha presentado daños cada vez más graves, como la rotura de una tubería de agua que inundó toda su vivienda.
Los Mamani viven a casi 100 metros de la muralla que los separa del terreno que ocupa Cosco Shipping Ports Chancay Perú, consorcio a cargo del proyecto. Debajo de esta área se encontrará el túnel de 1.8 kilómetros que será una conexión vial entre el centro logístico del consorcio y el puerto.
El megapuerto de Chancay —que estima una inversión total de 3000 millones de dólares— busca convertirse en un eje de comercio entre Asia y Sudamérica. Los accionistas del consorcio son la empresa estatal china Cosco Shipping Ports Limited y la peruana Volcan Compañía Minera SA. Esta última con frecuentes infracciones ambientales en las regiones andinas de Junín y Pasco.
En 2016, la empresa peruana Volcan, a través de su subsidiaria Terminales Portuarios Chancay SA, compró terrenos para el megapuerto de Chancay mediante una sociedad offshore, según reveló un reportaje de la plataforma de periodismo de investigación Convoca.
Tiempo después, en enero de 2019, suscribió un acuerdo en el que la empresa china pasó a ser accionista de 60 % del consorcio y este pasó a llamarse Cosco Shipping Ports Chancay Perú.
Durante todos estos cambios, las acusaciones por los daños a las viviendas no cesaron. En marzo del 2017, un grupo de vecinos denunció ante medios locales que una serie de explosiones y excavaciones hechas como parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) había causado rajaduras a las casas.
El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) —organismo público a cargo de la revisión y aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto— conocía esa situación. Según evidencian diversos informes, a los que se accedió a través de una solicitud de transparencia y que fueron emitidos por la entidad desde marzo del 2019, “existe disconformidad con el proyecto debido a las afectaciones prediales realizadas”.
El consorcio reconoció, en documentación vinculada a la modificación del EIA, que los efectos de las vibraciones de su obra iban desde un nivel “siempre perceptible” hasta “fuertemente perceptible” para las personas en sus inmediaciones, confirmando lo descrito por los vecinos del puerto.
Tras las denuncias, la compañía asumió los gastos por algunas refacciones menores como la reparación de ventanas rajadas, según pudo constatar Diálogo Chino en una visita a más de una docena de viviendas en los sectores donde viven los Mamani.
Sin embargo, según sus propietarios, esos daños continúan ocurriendo. Y las afectaciones graves aún no tienen respuesta.
Chancay: Un proyecto de capitales chinos en la mira
“La ubicación del proyecto es el problema. Va ser una gran inversión, pero ¿cuánto vamos a perder? Quizá en algún momento tendremos que irnos porque no podremos vivir aquí”, dice Miriam Arce, presidenta de la Asociación en Defensa de las Viviendas y Medio Ambiente del Puerto de Chancay.
El 22 de diciembre pasado, el Senace aprobó la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIAD), requisito para la construcción del megapuerto, que habían presentado los promotores.
«El obtener esta aprobación, a través de la modalidad de Certificación Ambiental Global, permite que en la propia certificación se emitan todos los permisos necesarios que de otro modo deberían solicitar a otras entidades vinculadas al proyecto, además de establecer plazos limitados para la evaluación», señala Percy Grandez, abogado del Programa de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Ambiente (SPDA).
«Una de las finalidades de esta figura era tener plazos cortos lo que la convierten en una modalidad que busca atraer las inversiones», añade.
La aprobación del MEIAD se dio en medio de controversias. Según varias organizaciones sociales y ambientales, una serie de observaciones hechas por las autoridades, como una posible afectación de la calidad del aire o el impacto al humedal de Chancay, no fueron subsanadas.
Estas preocupaciones llevaron a Miriam Arce, con el respaldo de otros ciudadanos locales, a presentar una apelación en contra del que sería el primer megapuerto con inversión del empresariado chino. El segundo sería el puerto de Ilo, que estaría a cargo de la empresa estatal China Harbour Engineering Company (CHEC).
Las críticas ambientales al megapuerto
El nuevo puerto ya contaba en realidad con un EIA aprobado, pero en febrero de 2020 el consorcio decidió ampliar el área destinada al proyecto. Se propuso implementar la capacidad de carga y de almacén de la infraestructura portuaria. Esa decisión hizo necesaria una modificación en el trámite ante las autoridades.
Casi medio año después, en agosto de 2020, los constructores recibieron una lista de 114 observaciones provenientes de distintas entidades del gobierno nacional, como la Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Nacional Portuaria, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de la Producción, y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
Cincuenta de ellas fueron presentadas por organizaciones sociales y ambientales, y abordaban aspectos vinculados a la fauna y la salud de la población aledaña.
A pesar de las observaciones, cuatro meses después, el estudio obtuvo el visto bueno.
“Nos sorprende que todas las observaciones realizadas por otras entidades hayan sido levantadas sin mayor análisis”, dice el abogado Carlos Rodríguez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha venido siguiendo el proceso.
Según Rodríguez, el consorcio constructor minimiza las graves afectaciones ambientales del dragado y la descarga de sedimento, y también omite la eventual expulsión de polvos tóxicos PM10 y PM2.5 que afectarían la salud de la población. En su visión, Senace debió haber reparado en estos temas como entidad evaluadora.
“Solo ha resuelto adecuadamente 21 de las 50 observaciones presentadas. No son temas ligeros”, coincide el biólogo Stefan Austermühle, director de la organización ambiental Mundo Azul, quien realizó la revisión técnica del MEIAD que sustentó la apelación de los vecinos.
Humedal en peligro
A 180 metros del proyecto se encuentra el humedal Santa Rosa, que es resguardado por el cerro El Cascajo. Todos los meses un grupo de vecinos se reúne para limpiarlo y retirar las lechugas de agua que abundan en la superficie. Así como lo cuidan, lo defienden.
El consorcio tiene previsto disminuir la altura de El Cascajo de 80 a 4 metros. En otras palabras: desaparecerlo. Y aunque sus informes señalan que monitorearán los posibles impactos al humedal, los vecinos de Chancay tienen más dudas que confianza.
“Hay que considerar la alta diversidad de especies en él. Hemos encontrado plantas que no se hallan en otro humedal de Lima. Es preocupante lo que está ocurriendo [con el megapuerto]”, dice Héctor Aponte, doctor en ciencias biológicas que continúa realizando diversos estudios en el humedal Santa Rosa.
Sus investigaciones le han permitido concluir que estos ecosistemas costeros están conectados entre sí, y son importantes para conservar las rutas migratorias de aves.
El humedal fue incorporado dentro del área de influencia directa del proyecto en diciembre pasado, por presión de la sociedad y cuestionamientos similares de Senace.
“El EIA no contempla la contaminación por un tipo de partículas que son las más pequeñas, ni las afectaciones a las aves del humedal. La empresa respondió con versiones diferentes para conseguir la aprobación”, dice Williams Jurado, coordinador del Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal Santa Rosa.
Tras consultar las observaciones planteadas y la documentación presentada por la empresa, Diálogo Chino pudo constatar que el EIA original del proyecto tenía una serie de errores e imprecisiones.
Frente a los cuestionamientos, la empresa añadió información relevante cuando las audiencias públicas habían concluido, y en contravía a lo que plantea el decreto supremo del Ministerio de Ambiente que regula la participación ciudadana en este ámbito.
Las subsanaciones incluyen el cambio de la extensión de las áreas de influencia del proyecto, el impacto irreversible sobre las áreas de dragado, la elección de la metodología de análisis de la dispersión de sedimentos, el monitoreo de la calidad del agua del humedal, entre otras, según reconoció el consorcio ante Senace.
“Para el presente levantamiento de observaciones, se han actualizado y vuelto a correr todos los modelamientos, justificando los supuestos, considerando los escenarios más críticos y utilizando mejores herramientas informáticas”, dice el informe realizado por la firma consultora ECSA Ingenieros, que elaboró la modificación del estudio para el consorcio, refiriéndose a los cambios en el área de influencia.
Sin respuestas claras
Diálogo Chino buscó a la compañía para conocer su visión de las preocupaciones de sus vecinos. Luego de semanas de intentos fallidos de comunicación telefónica y del envío de un correo electrónico, el oficial de comunicaciones de la empresa respondió que atendería a las preguntas realizadas, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.
El pasado marzo, Senace rechazó la apelación presentada por los ciudadanos. El motivo: los argumentos presentados no cuestionaban la resolución en sí, sino las observaciones que la sociedad civil había considerado que la empresa no había respondido. Según Senace, esto no era suficiente para anular la aprobación.
Con este rechazo, el panorama se mantiene incierto en Chancay. Por ahora, presentar la demanda a nivel judicial sigue siendo la opción más concreta para ellos. El tiempo pasa, y no solo la casa de la familia Mamani se desgasta. Oscar falleció de un derrame cerebral, durante la elaboración de este reportaje, y sus vecinos ruegan que las paredes no se les caigan encima.
Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino, una plataforma latinoamericana especializada en las relaciones de la región con la potencia asiática.
RV: EG
