Keenan Mundine se crio en una vivienda social de la comunidad nativa The Block, famosa por sus malas condiciones de vida, el gran consumo de alcohol y drogas y la violencia, y que forma parte de Redfern, un suburbio de Sídney. Cuando tenía siete años, perdió a sus padres por las drogas y el suicidio, lo separaron de sus hermanos y pasó a vivir con unos familiares.
“Me sentí despojado de mi infancia. No me sentía seguro y eso me hizo batallar con mis condiciones de vida y mi salud mental. No podía concentrarme en la escuela y me metí en muchos problemas. Pasé noches de insomnio pensado cómo sería mi vida si mis padres aún viviesen. A los 14 años terminé viviendo en la calle”, contó Mundine a IPS.
Ahora, utiliza su propio paso por el sistema de justicia penal, que en su caso le ayudó a cambiar su trayectoria vital, para diseñar soluciones creativas e innovadoras a fin de que las personas pertenecientes al grupo de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres (ATSI, en inglés) puedan liberarse del perverso ciclo de la violencia, la policía y las cárceles.
Los llamados aborígenes y los isleños del estrecho de Torres engloban a los habitantes originarios de Australia, un país insular de dimensiones continentales, y sus islas contiguas, y según la legislación local representan el conjunto de los indígenas australianos, para todos los efectos.
Las personas ATSI representan la tasa de un grupo étnico más alta en el mundo en cuanto a la población carcelaria de un país. Son 28 por ciento de los reclusos en Australia, pese a representar solo 3,3 por ciento de la población total del país, que se sitúa en torno a 26 millones.
Son muchos los que ingresan al sistema penal a una edad muy temprana, al ser encarcelados por delitos triviales, y permanecen en ese sistema de justicia criminal de por vida.
La mayoría de los niños que son condenados a prisión provienen de entornos desfavorecidos y ya han experimentado desde muy temprano violencia, abuso, falta de vivienda, así como consumo de drogas o alcohol.
“Un número significativo de jóvenes indígenas en centros de detención juvenil y prisiones padece un trastorno del síndrome del alcoholismo fetal no diagnosticado previamente. Criminalizar su comportamiento crea un círculo vicioso de desventaja”, dijo a IPS por correo electrónico el presidente de la Asociación Médica Australiana, Omar Khorshid.
El Informe sobre la Superación de las Desventajas de los Indígenas de 2020, elaborado por el gobierno australiano, señala que la sobrerrepresentación de las personas ATSI en el sistema de justicia penal es el resultado de una mayor prevalencia de los factores que aumentan su riesgo de cometer delitos.
Entre esos factores se indica las experiencias de despojo, expulsión forzosa de sus comunidades, traumas intergeneracionales, racismo y factores estructurales y sistémicos, como las leyes, las políticas y las prácticas que actúan discriminatoriamente en su contra, así sea en forma involuntaria.
Entre 2000 y 2019, la tasa de encarcelamiento de personas adultas ATSI aumentó 72 por ciento y durante el bienio 2018-2019, la tasa de detención de jóvenes ATSI fue 22 veces mayor que la tasa de jóvenes no indígenas, según el informe.
El historial de una desmesurada encarcelación de indígenas de Australia se evidenció en el tercer Examen Periódico Universal del país en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, realizado el 20 de enero. Eso llevó a varios Estados miembros a demandar que el gobierno de Canberra eleve la edad mínima de responsabilidad penal de 10 a 14 años.
Ya en 2019, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas Había recomendado elevar al menos a los 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.
Cambiar leyes muy punitivas
“El gobierno australiano ahora debe hacer lo correcto e introducir una legislación para aumentar la edad, de modo que los niños de 10 a 13 años no sean enviados a prisión como recomienda la Campaña de la Alianza RaiseTheAge (eleven la edad)”, dijo a IPS el presidente de la organización Abogados Australianos por los Derechos Humanos, Kerry Weste.
El jurista y activista recordó en un diálogo por correo electrónico que “a pesar de que los niños indígenas representan solo el seis por ciento de los jóvenes en Australia, significan 57 por ciento de los jóvenes detenidos y un alarmante 78 por ciento de los niños de 10 a 13 años”.
Tanto Weste como otros especialistas subrayan que el trato al que está siendo sometida la población infantil indígena constituiría una violación de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que son tratados internacionales que Australia ha ratificado.
Carly Stanley, quien creció en una gran comunidad aborigen en los suburbios interiores del oeste de Sídney, recuerda haber acompañado a su abuela a visitar a su tío en la prisión y a sus primos en las celdas de comisarías de policía. Ella, contó a IPS, aceptaba que esto era lo normal porque todos en la comunidad tenían a alguien entre rejas.
Aunque Stanley tenía una familia estructurada y que la apoyaba, experimentó un trauma durante su infancia por todo el entorno donde vivía. Abandonó la escuela y participó en actividades delictivas y en el consumo de drogas, pero tuvo la suerte de no tener problemas con la policía o la justicia por ello.
“Solo cuando crecí e hice un curso de estudios aborígenes, aprendiendo la historia de mi gente, me di cuenta de que esta situación era específica de nuestra comunidad”, dijo Stanley, quien trabajó durante muchos años para organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Se dio cuenta desde entonces de que los procesos y las estructuras existentes no tenían en cuenta la cultura, la sociedad, la economía, las emociones, la salud y el bienestar de los pueblos aborígenes.
“Traté de hacer cambios como funcionaria superior dentro de los departamentos para los que trabajaba, pero rápidamente me di cuenta de que eso no era posible. Pero la experiencia aumentó mi pasión por ayudar a mi gente y obtener mejores resultados para ellos a través de soluciones dirigidas por la comunidad”, explicó Stanley.
Entonces junto con Mundine creó Deadly Connections (Conexiones Mortales), una organización indígena de base, que promueve iniciativas de justicia social y participación económica.
A través de Deadly Connections, dijo Mundine,” hemos podido implementar intervenciones directas desde una perspectiva culturalmente receptiva para lograr que nuestra gente acceda a la justicia social y participe en la economía”.
“El gobierno y las instituciones tienen muchos cursos que te califican para empleos, pero es un gran desafío encontrar trabajo cuando tienes antecedentes penales”, destacó.
Círculo vicioso de detenciones y condenas
Diferentes investigaciones indican que el tiempo en un centro de internamiento juvenil es el factor más importante para aumentar las probabilidades de reincidencia. Hasta junio de 2019, 78 por ciento de los prisioneros adultos de ATSI tenían un encarcelamiento previo conocido, en comparación con tan solo 50 por ciento de los prisioneros no indígenas.
Entre los bienios 2000-2001 y 2018-2019, un 55 por ciento de los jóvenes ATSI que estaban pagando una condena, tenían más de una sentencia previa, mientras los jóvenes no indígenas en esa situación eran solo 34 por ciento, destaca el informe gubernamental de 2020.
“Reformas sencillas, como la despenalización de la embriaguez pública, eliminar el punitivo sistema de fianzas y tomar otras medidas para reducir la prisión preventiva pueden reducir significativamente las tasas excesivas de encarcelamiento de indígenas en Australia”, dijo Weste a IPS.
Si bien la gran mayoría de los adultos ATSI en prisión son hombres, la tasa de entrada en prisión de mujeres está aumentando de manera acelerada.
Factores de discriminación estructuran contribuyen a ello, como muestra el hecho de que 40 por ciento de todas las prisioneras sin tener una sentencia, vale decir, en prisión preventiva, eran indígenas en junio de 2019, en comparación con 37 por ciento del mismo mes del año anterior, donde ya se había producido un gran salto.
“Australia vive una crisis de encarcelamiento masivo y el número de mujeres en las cárceles se disparó en 64 por ciento en los últimos 10 años”, dijo a IPS la abogada Monique Hurley, del Centro de Derechos Humanos.
Explicó que “con demasiada frecuencia, las leyes discriminatorias y un poder excesivo de la policía forman una combinación tóxica que hace que cada vez más mujeres, y mujeres ATSI en particular, sean separadas de sus familias entren al sistema penitenciario”.
Para Hurley el gobierno australiano “debe actuar ya” para eliminar leyes que criminalizan de manera desproporcionada a las mujeres, y en especial a las indígenas.
Además hay otro problema, que ya en 1991 puso al descubierto una especial Comisión Real sobre la muerte de aborígenes estando bajo custodia de la policía, los tribunales o el sistema penitenciario, que determinó que ese hecho sucedía “con demasiada frecuencia”.
Desde entonces han muerto en Australia 455 indígenas bajo custodia: 295 en prisión, 156 en custodia policial o en operaciones vinculadas con la custodia, además de cuatro menores de edad en centros de internamiento, según el Informe estadístico 2018-2019 sobre muertes bajo custodia del Instituto Australiano de Criminología.
«Lanzar a las personas tras las rejas es tan obsoleto como ineficaz”, aseguró a IPS por correo electrónico Sophie Trevitt, directora ejecutiva de Change the Record (cambiar el registro), una coalición nacional de justicia liderada por expertos aborígenes en el área legal, de salud y prevención de la violencia familiar.
A su juicio, “los gobiernos deben invertir en el fortalecimiento de las comunidades y abordar los factores que provocan los delitos, lo que significa viviendas asequibles, pagos adecuados de la seguridad social para que las personas puedan pagar sus necesidades básicas, programas impulsados por la comunidad para mantener a los jóvenes comprometidos con la escuela, fortalecer la cultura e impulsar programas de empleo, salud mental y bienestar”.
Cheryl Axleby, copresidenta de Change the Record, dijo a IPS que “solo empoderando y fortaleciendo a nuestras comunidades y reduciendo los fondos de un sistema penitenciario fracasado y dañino, crearemos comunidades más seguras e igualitarias para todos”.
Un nuevo Acuerdo Nacional para Cerrar la Brecha incluye objetivos para 2031 de reducir las tasas de encarcelamiento de adultos en al menos 15 por ciento y de mermar la detención de niños y jóvenes en al menos 30 por ciento.
“El Programa de Bienestar y Seguridad, que integra la Estrategia de Avance Indígena, incluye la inversión en servicios de atención integral para adultos y jóvenes, que brindan manejo intensivo de casos a los que están en prisión o detenidos, comenzando antes de la liberación y continuando después de la liberación para abordar las causas subyacentes de la infracción y prevenir la reincidencia”, aseguró un portavoz Ken Wyatt, ministro para los Asuntos Indígenas Australianos.
Pero la activista Stanley cree que “las medidas implementadas son solo simbólicas. Pero eso sí, mucha más gente, especialmente la generación más joven, se está dando cuenta de que se necesita un cambio” en Australia respecto a los indígenas y las políticas para ellos.
T: MF/ ED: EG
