La educación no es un privilegio. Es un derecho humano fundamental. Sin embargo, la educación está subestimada incluso en el mejor de los casos. Con frecuencia, no conectamos los puntos entre el derecho a la educación y el reconocimiento de todos los derechos humanos. Como señaló Amartya Sen, galardonado con el Premio Nobel de Economía, no hemos logrado darle a «este enorme potencial para transformar vidas humanas» la atención que merece.
Esto es cierto particularmente en tiempos de crisis. Cuando ocurren conflictos, desplazamientos forzosos y desastres naturales, la educación es generalmente el primer servicio que se interrumpe y el último en reanudarse, recibiendo la menor cantidad de fondos en contextos humanitarios. Entre 2010 y 2017, menos de tres por ciento de los fondos humanitarios se asignaron a la educación.
En una crisis activa, la educación salva vidas. Aporta un elemento de protección contra la violencia, proporciona salud mental y apoyo psicosocial y brinda nutrición. En situaciones de crisis prolongadas, el desarrollo del niño o adolescente es igualmente importante. Aun así, las necesidades educativas tienden a quedar en un segundo plano, eclipsadas por otros sectores.
Esto no quiere decir que el agua y el refugio no sean importantes. Sin embargo, con las crisis humanitarias que duran años, la falta de una educación de calidad elimina inevitablemente las bases de los derechos humanos y el empoderamiento real se vuelve difícil de alcanzar.
La educación es un derecho humano fundamental. Es la clave para desbloquear todos los demás derechos humanos, ya sean derechos sociales, económicos o culturales, o derechos políticos y civiles. El derecho al empleo, el derecho a la salud, la libertad de expresión, el derecho a un juicio libre y justo y la prohibición general contra la discriminación: todos estos derechos dependen de la base de una educación de calidad: poder reclamar, gozar, proteger y respetar estos derechos.
Esto es cada vez más importante en los países afectados por conflictos armados, donde el imperio de la ley a menudo es reemplazado por el imperio por la fuerza.
El impacto de la educación en la pobreza es un excelente ejemplo. Según el Informe de seguimiento de la educación en el mundo de la Unesco, “171 millones de personas podrían salir de la pobreza extrema si todos los niños terminaran la escuela con habilidades básicas de lectura”, mientras que “el nivel educativo señala aproximadamente la mitad de la diferencia en las tasas de crecimiento entre Asia Oriental y África subsahariana entre 1965 y 2010”.
La pobreza es una violación de la dignidad humana. La educación ofrece una mejora económica en la vida de las personas, al tiempo que les devuelve el derecho a la dignidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que hay 152 millones de niños trabajadores y 73 millones de ellos laboran en condiciones peligrosas. La OIT considera la educación, junto con la protección social y el crecimiento económico, como medidas indispensables para reducir el trabajo infantil.
Se ha demostrado que el aumento de las tasas de alfabetización va de la mano del aumento del compromiso político. El Instituto de Estadística de la Unesco afirma: «La participación en los programas de alfabetización de adultos se correlaciona con una mayor participación en los sindicatos, la acción comunitaria y la vida política nacional».
Además de las competencias en alfabetización y aritmética, la educación adecuada garantiza un amplio conjunto de competencias para la vida: la capacidad de tomar decisiones equilibradas, para resolver conflictos de forma no violenta, para desarrollar buenas relaciones sociales y pensamiento crítico.
Estas habilidades son fundamentales para crear una comunidad tolerante y consciente para prevenir la persecución, la discriminación y la resolución de conflictos violentos.
En los países afectados por crisis, la educación sirve como una herramienta para que los jóvenes estén preparados para volver a comprometerse con su sistema político, reforzar su derecho de reunión y participar en la creación de un gobierno estable y accesible, que rinda cuentas a su pueblo.
Unicef reconoce que la educación desempeña “un papel fundamental en la normalización de la situación del niño y en la minimización del estrés psicosocial experimentado cuando las emergencias dan como resultado la desestabilización repentina y violenta de la familia inmediata y el entorno social del niño”.
Como se señaló en una conferencia dirigida por Acnur sobre la protección de los niños en situaciones de emergencia, la educación tiene un «efecto preventivo sobre el reclutamiento, el secuestro y la violencia de género».
Antes de la covid-19, se estimaba que 75 millones de niños y jóvenes en edad escolar se veían privados de una educación de calidad debido al conflicto armado, el desplazamiento forzado y los desastres naturales.
Hoy, enfrentan el doble golpe infligido por la covid, todo mientras los números aumentan. Según un informe reciente del Consejo Noruego para los Refugiados y el Grupo de Protección Global, los expertos estiman que otros 15 millones de mujeres y niñas estarían expuestas a la violencia de género por cada tres meses de confinamiento a nivel mundial por la covid.
La Educación No Puede Esperar (ECW, en inglés) se creó en 2016 para aumentar los recursos financieros y acelerar la prestación de una educación de calidad a los más rezagados en los conflictos, el desplazamiento forzado, los desastres provocados por el clima y los endémicos.
ECW, un fondo mundial acogido por Naciones Unidas y que opera como un mecanismo de financiación conjunta, también se encargó de apoyar la cohesión del desarrollo humanitario en el sector de la educación.
Al hacerlo, ECW reúne a los gobiernos anfitriones, las agencias de la ONU, la sociedad civil y el sector privado para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 en algunas de las circunstancias más duras del mundo. El fondo ha movilizado más de 650 millones de dólares y ha brindado educación de calidad a cerca de cuatro millones de niños y adolescentes.
Desde que la OMS declaró a la covid como una pandemia, ECW ha invertido en más de 100 beneficiarios (socios) en 35 países/contextos diferentes en múltiples fases a través de nuestra Primera Respuesta de Emergencia. La segunda fase se dedicó exclusivamente a los refugiados, los desplazados internos y sus comunidades de acogida.
Sin embargo, la educación es un sector de desarrollo que requiere sostenibilidad y, por lo tanto, la asistencia de emergencia no es suficiente.
Trabajando con los gobiernos anfitriones, y a través de mecanismos de coordinación establecidos diseñados para contextos humanitarios, ECW invierte en Programas de Resiliencia Plurianual (MYRPs, en inglés) que son diseñados e implementados conjuntamente por actores humanitarios y de desarrollo.
Como fondo global basado en los derechos, estas inversiones ponen un fuerte énfasis en la protección y los principios humanitarios, de derechos humanos y de género.
El secretario general de la ONU, António Guterres, declaró en el lanzamiento de su Informe de política sobre educación en agosto de 2020: “La educación es un derecho humano fundamental, la base de sociedades justas, igualitarias e inclusivas y un motor principal del desarrollo sostenible”.
Como abogada de derechos humanos, tengo la esperanza de que la comunidad internacional del siglo XXI reconozca que una educación inclusiva de calidad es el derecho humano fundacional para todos los demás derechos humanos.
Al conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, todos debemos recordar que los niños y adolescentes que padecen conflictos y desplazamientos forzados conocen muy bien las consecuencias de la inhumanidad.
Al invertir en su educación, todavía tenemos la oportunidad de restaurar su esperanza en la humanidad.
T: MLM/ RV: EG
