La comunidad científica peruana aguarda expectante la decisión del presidente Martín Vizcarra en torno a la ampliación por 15 años más de la moratoria aprobada en 2011 que prohibía, por una década, el ingreso a territorio nacional de organismos genéticamente modificados.
Según la ley, durante esa década Perú debía “fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y generar las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa, que permita una adecuada evaluación de las actividades de liberación al ambiente de organismos vivos modificados”.
Pero a un año de la fecha de expiración, mientras ecologistas, productores orgánicos e indígenas abogan porque Perú siga siendo libre de transgénicos, la comunidad científica lamenta la falta de debate sobre la conveniencia o no de extender la moratoria.
Según algunos especialistas, esta moratoria podría poner en riesgo el conocimiento, el personal ya capacitado y la infraestructura acumulada desde que en 1999 se dio en el país la ley de prevención de riesgos derivados del uso de la biotecnología.[pullquote]3[/pullquote]
“Se tienen los conocimientos necesarios para realizar el análisis de riesgo caso por caso sobre bases científicas y tomar decisiones para permitir o no el ingreso, producción o liberación al territorio nacional de organismos vivos modificados para fines de crianza o cultivo sin afectar la biodiversidad, el ambiente ni la salud humana”, asegura Enrique Fernández-Northcote, científico asociado del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina, de Lima.
Con esos antecedentes, el 20 de octubre el Congreso Nacional aprobó la extensión de la moratoria hasta 2035 por 104 votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones. Según las leyes peruanas, ahora el presidente Martín Vizcarra tiene 15 días hábiles para promulgar u observar la ley aprobada.
Las abstenciones fueron de aquellos congresistas que expresaron así su disconformidad por el escaso debate previo y por no haberse consultado previamente con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del congreso.
La necesidad de la ampliación no está exenta de polémica por el apresuramiento con que se tramitó, dispensándola de una segunda votación como manda el reglamento, y porque la actual moratoria de 10 años expirará el 31 de diciembre de 2021, cuando habrá un nuevo presidente y un nuevo Congreso, que serán elegidos en abril.
Raúl Machaca, presidente de la Comisión Agraria, dijo que la ampliación era necesaria “en salvaguarda de nuestra biodiversidad, la salud y el medio ambiente”, y “porque permitirá cumplir con la finalidad por la cual se dio la moratoria”.
Sin embargo, para el Ministerio de Ambiente, los avances de la moratoria hasta diciembre de 2019 eran de 75,14 por ciento.
“A dos años de cumplir el plazo establecido, la Ley de Moratoria está implementada y encaminada a cumplir con la finalidad y objetivos planteados”, se lee en el informe anual que ese ministerio presentó al Congreso a fines de 2019.
Entre los principales avances logrados en casi nueve años de moratoria se incluyen la elaboración de procedimientos de control y vigilancia para detectar cualquier liberación ilegal de transgénicos en el ambiente.
También se fortalecieron las capacidades del personal vinculado a biotecnología y bioseguridad; se acreditaron laboratorios para detección de organismos vivos modificados; y se implementó el CIISB-Perú, un portal de intercambio de información creado por el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología.
Según dijo Carlos Arbizu Berrocal, director de Investigación y Asuntos Especiales del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), “la extensión de la moratoria desincentiva la investigación”.
Explica que si bien los científicos “pueden desarrollar una variedad o raza de un animal usando esta tecnología, no se puede avanzar hacia la experimentación y los proyectos quedan truncos”, comentó.
Cuando se dio la moratoria, en 2011, el INIA estaba desarrollando una papaya transgénica para combatir una plaga que causa pérdidas del cultivo por encima del 60 por ciento. Los resultados en ambiente confinado fueron promisorios pero no se pudo avanzar a pruebas en campo debido a la restricción legal.
Actualmente el INIA no realiza ningún tipo de investigación transgénica con cultivos agrarios o forestales, animales o microorganismos en campo o invernaderos.
Según Fernández-Northcote, “la moratoria impide la investigación en campos experimentales para la selección de líneas mejoradas de maíz, algodón, y alfalfa transgénicos y desincentiva la investigación de otros productos de ingeniería genética”.
En su opinión, estas investigaciones permitirían, por ejemplo, controlar problemas severos de plagas y enfermedades, heladas y sequías en la papa, uno de los principales cultivos del Perú, que no han podido ser solucionados por más de 50 años de mejoramiento convencional.
Precisamente, el Centro Internacional de la Papa (CIP) —organismo científico con sede mundial en Lima— posee una de las instalaciones de bioseguridad más avanzadas de la región, pero ante las prohibiciones legales realiza en África sus investigaciones con papas transgénicas.
La fitomejoradora María Scurrah, directora del Grupo Yanapai, asociación de investigadores interdisciplinarios que trabaja en la protección de la agrobiodiversidad de los Andes, subraya que “lo último que necesita el Perú son transgénicos, una tecnología que tiene muy poco que ofrecer a un costo enorme”.
Reconoce que una de las fortalezas de la tecnología es que “muchos de los genes que se introducen en los cultivos son para reducir el daño de enfermedades”, pero es escéptica.
“Para Perú, una agricultura agroecológica que promueva el cuidado del agua y suelo y el cuidado de la agrobiodiversidad es más útil y beneficiosa que algunos cultivos con genes que generan ventaja para algunos agricultores que pueden pagar por esa semilla. Por ese lado está bien que continúe la moratoria”, añadió por correo electrónico.
Este artículo fue publicado originalmente por SciDevNet.
RV: EG
