A mediados de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó la renovación, por otros dos años, del mandato de la Misión de Verificación de los Hechos, para determinar y documentar la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
De esta forma, el Consejo avaló el trabajo que ya ha venido realizando durante un año esta misión independiente. Semanas antes, el equipo de expertos había dado a conocer un demoledor informe, elaborado tras analizar algo más de 3000 casos de los cuales documentó rigurosamente 233.
Para entender a cabalidad lo que ocurre en Venezuela en materia de Derechos Humanos, tal vez convenga detenerse en una historia, una de las tantas que figuran en este informe. Por nuestro sesgo profesional, nos hemos detenido en un caso claramente vinculado con la libertad de expresión e información.
Para este artículo, he tomado los eventos relacionados con Pedro Jaimes Criollo, referido en el informe de la ONU a partir del párrafo 727. Este caso desnuda con claridad la política represiva en expresión e información. Sencillamente tutear termina siendo un delito, según lo entiende el gobierno de Nicolás Maduro.
Entusiasta de la aviación, este tuitero venezolano era usuario de las cuentas @AereoMeteo y @AereoMeteo2. Difundir información meteorológica y aeronáutica era su hobby, hasta mayo de 2018.
El 3 de mayo de 2018, llamativamente una fecha en la que se celebraba la libertad de expresión (Día Mundial de la Libertad de Prensa), Pedro Jaimes tuiteó la ruta de vuelo del avión presidencial en el cual Nicolás Maduro se dirigía a una ceremonia en el estado Aragua, en el centro del país.
Tal como lo recalca el informe de la ONU, el tuitero obtuvo información de dominio público sobre los modelos de aviones que usa la presidencia venezolana, datos disponibles en Wikipedia, y rastreó el vuelo usando la aplicación (igualmente abierta y pública) FlightRadar24.
En mayo de 2018, no existía ley o decreto vigente que clasificara la información de los vuelos como confidencial.
Una semana después de sus tuits, Pedro Jaimes fue detenido sin ninguna orden judicial por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Estaba llegando a su casa. Al momento de su detención, fue golpeado, al igual que su hermana al intentar intervenir.
Cuando su familia se presentó en la sede del Sebin, en El Helicoide (una edificación en forma de espiral de la década de los 1950), Caracas, los funcionarios negaron que Pedro estuviera preso allí.
Varios días después de su detención, esta vez portando una orden de allanamiento, el Sebin se llevó de su casa unos equipos de comunicaciones y de computación. Se le acusó de que usaba dichos equipos para interferir en las comunicaciones de radio de los aviones y aeropuertos; también se le señaló de revelar secretos de Estado a través de Twitter.
En el informe, los expertos de la ONU señalan haber revisado los manuales de los equipos incautados al tuitero y que, con esos dispositivos, no era posible ni transmitir señales por radio, ni interferir las comunicaciones.
Pedro Jaimes Criollo, quien lo único que hizo fue escribir tuits con base en información pública, fue sometido a interrogatorios en los que fue golpeado con palos o bates de madera envueltos en plástico o tela, lo que evita dejar marcas. Le colocaron una bolsa en la cabeza y le rociaron insecticida adentro, asfixiándolo. También le aplicaron descargas eléctricas.
Recibió puntapiés en la cabeza, mientras se encontraba en el piso, lo cual le provocó la pérdida parcial de la audición. Los funcionarios del Sebin lo amenazaron con violarlo con un palo de madera que tenían a mano.
Ese mismo mes de mayo de 2018, el fiscal provisional Marlon Mora presentó cargos contra Pedro Jaimes en el Tercer Tribunal de Control del Estado Miranda (una categoría de primera instancia), presidido por la Jueza Rumely Rojas Muro.[related_articles]
Se le acusó de interferencia en la seguridad operacional, revelación de secretos de Estado y espionaje informático. Pese a que fue detenido una semana después de sus tuits sobre el vuelo de Maduro, la fiscalía alegó que había sido aprehendido en flagrancia.
Tras más de un mes, tiempo en el cual el Estado no reveló el lugar de detención del tuitero pese a que su familia introdujo recursos judiciales en varias ocasiones, usando el teléfono que le prestó un custodio en El Helicoide, Pedro pudo llamar a su hermana para decirle dónde estaba recluido.
En el proceso que se le siguió, no se le permitió nombrar a los abogados de su defensa, se le negó el acceso a su propio expediente y la base de la acusación eran entrevistas a los propios agentes del Sebin que le habían detenido y torturado.
Detenido largamente en condiciones indignas, por algún período incluso sin acceso a un baño para hacer sus necesidades fisiológicas, a Pedro Jaimes se le excarceló en octubre de 2019 mientras se somete a juicio. Su causa desde entonces ha sido diferida en una docena de ocasiones.
“En el momento de redactar el presente informe, el Sr. Jaimes seguía a la espera de juicio, con medidas cautelares que incluían la presentación mensual ante el tribunal y la prohibición de salir del país. Seguía sufriendo los síntomas psicológicos del trastorno de estrés postraumático y los traumas físicos”, reza el informe de la ONU, difundido a mediados de septiembre.
¿Su delito? Tuitear. Su caso, al no ser una historia única o aislada, representa la falta de libertades y el sistema represivo que imperan hoy en Venezuela.
RV: EG
