En El Salvador, Guatemala y Honduras hostigan a las personas LGBT

Activistas de la comunidad LGBT hondureña durante una demostración en 2019 en Tegucigalpa. En este país, El Salvador y Guatemala la persecución de que son víctimas les fuerza a buscar el casi imposible asilo en Estados Unidos. Foto: Mirte Postema/HRW
Activistas de la comunidad LGBT hondureña durante una demostración en 2019 en Tegucigalpa. En este país, El Salvador y Guatemala la persecución de que son víctimas les fuerza a buscar el casi imposible asilo en Estados Unidos. Foto: Mirte Postema/HRW

Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras no abordan de manera eficaz la persecución contra las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), lo que las lleva a buscar el difícil asilo en Estados Unidos, señaló un reporte de la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).

En ese llamado triángulo norte centroamericano “las personas LGTB enfrentan altos niveles de violencia, los cuales sus propios gobiernos al parecer no pueden ni quieren abordar”, dijo la investigadora de HRW en la materia, Neela Ghoshal.

Entre quienes ejercen la violencia y la discriminación contra las personas LGBT figuran pandillas criminales que actúan en esos países, funcionarios encargados de aplicar la ley y las propias familias, según el informe de HRW.

“Para algunas personas LGBT de la región, pedir asilo en Estados Unidos es la única esperanza de seguridad. Pero el gobierno de (el presidente estadounidense, Donald) Trump lo impide de todas las maneras posibles”, sostuvo la especialista.[pullquote]3[/pullquote]

Según el informe “‘Vivo cada día con miedo’: Violencia y discriminación contra las personas LGBT en El Salvador, Guatemala y Honduras y obstáculos al asilo en Estados Unidos”, las políticas aplicadas por el gobierno de Trump hacen prácticamente imposible la obtención de asilo.

HRW entrevistó a 116 personas LGBT provenientes de los tres países, que narraron por ejemplo casos de violencia familiar que forzaron su huida del hogar a edad temprana, incidentes de acoso que les llevaron a abandonar la escuela, o marginación económica en medio de la pobreza, especialmente de mujeres trans.

A veces, las personas LGBT enfrentan violencia y discriminación por parte de los propios funcionarios de aplicación de la ley que tienen la responsabilidad de brindarles seguridad.

Carlos G., un refugiado gay que viajó a Estados Unidos desde Honduras en 2018, señaló que había recibido disparos por parte de pandilleros, quienes le dijeron: “Hoy vas a morir, marica”. No hizo una denuncia policial, ya que anteriormente policías lo habían acosado por ser gay y le habían exigido favores sexuales.

Carlitos B. es una persona no binaria de Guatemala que huyó su país después de sufrir agresión física y amenazas de violación sexual por parte su hermano. Cuando presentó la denuncia, los agentes que la recibieron respondieron con burlas por su expresión de género.

Pricila P., una mujer trans de El Salvador, manifestó que policías la obligaron a bajar de un autobús y la golpearon. “Uno de los policías tomó mis testículos y los apretó”, señaló. “El policía dijo: ‘Te das cuenta de que eres un hombre porque sientes dolor’. Me dijo que me iba a hacer hombre a la fuerza”.

Pricila huyó a Estados Unidos en 2019, después de que pandilleros la agredieron, secuestraron a un amigo suyo gay, y le advirtieron que ella sería la próxima.

En julio de 2020 un tribunal de El Salvador condenó a tres policías por el homicidio de Camila Díaz, una mujer trans que fue deportada en 2018 después de intentar pedir protección en Estados Unidos, pero un juez desestimó los cargos por delitos de odio que se habían presentado contra los agentes.

Honduras prohíbe la discriminación en el empleo por motivos de orientación sexual e identidad de género, pero activistas afirmaron que no tienen información sobre casos en los cuales esa ley se haya aplicado.

En Guatemala, un proyecto legislativo que se encuentra en trámite, la “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, podría usarse para justificar la denegación discriminatoria de servicios invocando como argumento la “libertad de conciencia”.

HRW criticó que, dada esa situación de las personas LGBT en el triángulo norte, Estados Unidos “adopta cada vez más medidas para cerrarles las puertas”, excluyéndolas de protecciones con las que contaban anteriormente.

En marzo de 2020, “con la covid-19 como pretexto, el gobierno de EE. UU. cerró en forma total sus fronteras terrestres a los solicitantes de asilo, con lo cual los expuso a ser perseguidos en sus países de origen o a quedar varados en México”.

En junio, los departamentos estadounidenses de Justicia y de Seguridad Nacional “propusieron un cambio importante en las reglamentaciones del sistema de asilo, que impondría severas restricciones a que se otorgue asilo a las personas LGBT, al excluir la posibilidad de concederlo por razones de “género”, según HRW.

En septiembre se restringieron los plazos para las solicitudes de asilo y se permitió que los jueces de inmigración introdujeran sus propias pruebas en los casos de asilo, aun cuando estas reflejen sesgos como el prejuicio contra las personas LGBT.

Ghoshal dijo que “Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras deben actuar para erradicar la violencia generalizada contra las personas LGBT, y mientras sigan siendo blanco de amenazas a su vida y seguridad Estados Unidos debería recibirlas con los brazos abiertos en lugar de cerrarles todas las puertas”.

A-E/HM

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