La tentación del populismo económico enfrenta límites en Brasil. El deseo gubernamental de crear un programa de transferencia de renta más amplio que el existente, con fines electorales, violaría reglas fiscales y hundiría el apoyo empresarial.
El dilema es político. Para ganar popularidad en las capas más pobres, para la reelección en 2022, el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro se arriesga a perder el sostén del mercado, indispensable para tener garantizada la permanencia en el poder, como comprobaron en el pasado presidentes inhabilitados.
El gobernante está ante el dilema de votos o el sostenedor respaldo del poder económico.
Desde diciembre de 2016 está vigente una enmienda constitucional, denominada “techo de gastos”, que prohíbe incrementar las erogaciones del gobierno por encima del índice inflacionario oficial del año anterior.
Hay una intensa búsqueda de recursos presupuestarios legales para financiar el programa de Renta Brasil, con que el presidente pretende ampliar el programa Bolsa Familia creado en 2003. Un esfuerzo que concentra hace muchas semanas el esfuerzo del oficialismo, incluyendo a sus líderes parlamentarios.
En diciembre termina el denominado Auxilio de Emergencia que desde abril beneficia a 67 millones de trabajadores informales, desempleados y otros afectados por la pandemia de covid-19. Desde septiembre los beneficiarios ya sufrieron una caída en la compensación mensual, que bajó de 600 reales (110 dólares) a la mitad.
Esa ayuda fue posible porque se aprobó en el legislativo Congreso Nacional un “presupuesto de guerra” para combatir los efectos de la pandemia en este año, con gastos excepcionales no sujetos a las metas fiscales.
Si no se establece otra medida especial de auxilio, a partir de enero volverá la Bolsa Familia, limitada a 14 millones de beneficiarios y 205 reales (37 dólares) mensuales, como máximo. La intención de Bolsonaro es elevar en más de 50 por ciento la suma y la cantidad de destinatarios.
Pero mientras esa idea cristaliza, si lo hace, será inevitable un rebrote de la pobreza y una caída de la popularidad del gobierno, aun en la mejor hipótesis.
Ello porque no se espera una pronta recuperación económica que pueda restablecer los ingresos de decenas de millones de afectados por la pandemia, que en este país de 212 millones de personas vino a agravar los efectos aún no superados de la recesión de 2015-2016.
Bolsonaro criticaba con aspereza la Bolsa Familia, establecida en 2003 por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores, al asegurar que era una compra de votos, una demagogia y una fábrica de perezosos.
Pero desde que estalló la crisis por la pandemia descubrió sus virtudes, al disfrutar de un alza en su popularidad tras algunos meses de operar un auxilio de emergencia. Las encuestas le situaron con una aprobación de cerca de 40 por ciento, 10 puntos más que la que tenía antes.
La tentación de Bolsonaro de romper el límite de gastos para mejorar las condiciones de su reelección en 2022 es frenada por razones políticas y no tanto legales, eludibles por varias alternativas como prorrogar la “guerra” a la persistente pandemia persistente.
Son fórmulas que ya provocaron una fuerte corrosión la confianza del mercado, ese difuso mundo de empresas, bancos e inversionistas, en el compromiso de Bolsonaro con la austeridad fiscal, blandido durante la campaña electoral de 2018 y ratificado con el nombramiento de Paulo Guedes como ministro de Economía.
Esa determinante alianza puede derrumbarse si el gobierno sobrepasa algunas fronteras, como romper el “techo de gastos” o forzar la renuncia de Guedes, una especie de garante de la austeridad fiscal, por sus ideas y formación ultraliberal en la estadounidense Escuela de Chicago.
El coqueteo presidencial con el llamado “desarrollismo” es rechazado frontalmente por el empresariado que en 2018 votó por el “liberalismo” radical ofrecido por Bolsonaro, pero ya se manifestó anteriormente en varias intervenciones que dificultaron las reformas del sistema tributario, de previsión social y de la administración pública.
Además, la pandemia trajo nuevos planes de grandes inversiones en infraestructura, nacidos los ministerios comandados por generales. Entre ellos se incluye incluso un programa con el nombre de Pro Brasil, que aglutina más de 400 proyectos, en general iniciados y no concluidos en gobiernos anteriores.
El general Walter Braga Netto, ministro de la Casa Civil (de la Presidencia), lo presentó en abril, como una especie de Plan Marshall (de reconstrucción de Europa después de la segunda Guerra Mundial), para acelerar la recuperación de la economía brasileña tras la pandemia.
Guedes se opone a tales inversiones e identificó como su principal adversario dentro del gobierno al ministro de Desarrollo Regional, Rogerio Marinho, un civil de larga carrera como diputado.
El ministro de Economía perdió mucho de su poder desde que tomó posesión en enero de 2019 como uno de los “superministros” de Bolsonaro, de supuestos grandes sostenes del gobierno y no destituibles.
El otro era, Sergio Moro, el exjuez que lideró la operación Lava Jato de combate a la corrupción entre 2014 y 2018. Pero dejó el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en abril, forzado a renunciar tras discrepancias con el presidente.
Las amenazas a Guedes y al “techo de gastos” se reflejan directamente en caídas de la Bolsa de São Paulo, la depreciación del real frente al dólar y el alza en las tasas de interés de largo plazo, tendencias que se acentuaron en las últimas semanas.
Las ideas sobre la mesa para financiar la Renta Brasil alimentaron los temores de los inversionistas, una parte de ellos ya huidizos a causa de los incendios incontrolables en la Amazonia y en el humedal del Pantanal, como reflejos de antiambientalismo que está en el ADN de este gobierno.
Entre las sugerencias está la de transferir a la también apodada Renta Ciudadanía el presupuesto de otros programas sociales, como el bono salarial que se paga una vez al año a asalariados que ganan menos de dos salarios mínimos (390 dólares) y el salario familia, abonado a quienes tienen hijos menores de 14 años o discapacitados.
Bolsonaro fulminó tales ideas al decir que no “sacará del pobre para dar al paupérrimo”.
Otras propuestas, como la de transferir al nuevo programa reforzado parte del presupuesto del Ministerio de Educación o no pagar deudas del gobierno ratificadas por la justicia, también murieron ante las reacciones negativas de la sociedad.
La reforma de la administración pública, cuyo objetivo es reducir los gastos fijos del gobierno, como sueldos que en el sector público son más elevados en el privado, y liberar recursos para inversiones, se postergó para 2021.
También la reforma tributaria, que podría, aumentar la recaudación se empantanó por discrepancias entre gobernantes y de ellos con legisladores. Es una tarea considerada indispensable, que se intenta cumplir hace décadas, sin éxito.
Mientras, la economía va a cerrar el año con su peor recesión en mucho tiempo, con una caída de 5,8 por ciento del producto interno bruto (PIB), según la previsión del Fondo Monetario Internacional, y de 9,4 por ciento en la proyección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal),
Como consecuencia, la desigualdad se agravaría mucho, al igual que el desempleo y la pobreza.
Los planes iníciales del gobierno, de ajuste fiscal y reformas legales y constitucionales para promover la austeridad, se voltearon. Auxilios y créditos blandos para mitigar los impactos económicos de la pandemia sumaron centenares de miles de millones de dólares y elevarán la deuda pública a casi cien por ciento del PIB.
Aumentar la protección social con la economía maltratada es el desafío de un gobierno que en forma evidente menosprecia la cuestión social y ambiental. No parece viable.
ED: EG
