La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este martes 4, en una decisión sin precedentes, la detención preventiva en su domicilio del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), procesado por los delitos de soborno y manipulación de testigos.
La decisión fue tomada por unanimidad de los cinco jueces de la Corte y el propio Uribe se adelantó a comunicarla a través de la red social Twitter: “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, escribió.
Por primera vez un expresidente es objeto de una detención judicial en Colombia y tiene como telón de fondo la encarnizada confrontación, durante décadas, de grupos paramilitares de derecha y fuerzas militares contra las guerrillas de izquierda.
Contra Uribe (68), líder de la derecha y extrema derecha de Colombia y quizá el político más popular del país en el último medio siglo, se abrieron en años recientes unas 60 investigaciones, 14 de ellas en la Corte Suprema, que van desde homicidio hasta compra de votos.[pullquote]3[/pullquote]
La que prosperó hasta privarle de libertad y que debe acarrear su desincorporación como senador, paradójicamente es la continuación de una causa que Uribe inició hace ocho años contra el parlamentario izquierdista Iván Cepeda.
Cepeda acusó a Uribe de vincularse a grupos paramilitares y de narcotraficantes, por lo que el ex gobernante acusó al parlamentario de buscar en las cárceles falsos testigos en su contra, y el caso llegó a la Corte Suprema.
Después de años de pesquisas y declaraciones, la Corte dio un giro al proceso en 2018, desechó las acusaciones contra Cepeda y en cambio inició un proceso contra Uribe por fraude procesal, con presuntos soborno y empleo de testigos falsos.
El proceso, y más ahora con la decisión de la Corte, polariza la vida política colombiana porque Uribe es el fundador y cabeza del partido Centro Democrático, del actual presidente Iván Duque, inmerso en las críticas por el manejo de la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia covid-19.
Duque adelantó que “seré siempre un creyente de la inocencia de Álvaro Uribe, una persona en la que en todo su comportamiento está la palabra honorabilidad”, y lamentó que el ex mandatario sea arrestado en su domicilio en vez de ser procesado en libertad.
Uribe desde la presidencia combatió con mano dura a la insurgencia de izquierda y se opuso tenazmente al acuerdo de paz que su sucesor y exaliado Juan Manuel Santos (2010-2018) selló en 2016 con las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más antigua y numerosa del continente.
Durante los ocho años de gobierno de Uribe se registró la mayor parte de las 2248 ejecuciones extrajudiciales que, según constató la Fiscalía colombiana, se produjeron entre 1998 y 2014, y en las cuales el asesinato de civiles se presentaba como caída de guerrilleros en combate, los tristemente célebres “falsos positivos”.
Uribe también encarnó durante su mandato una posición política, de derecha y firme alianza con Estados Unidos, que contrastó con la riada de gobiernos de izquierda y centroizquierda que prosperaron en la región durante la primera década de este siglo.
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