Coronavirus derrocará o fortalecerá el poder militar en Brasil

La pandemia de la covid-19 dictará el destino del presidente brasileño Jair Bolsonaro, amenazado por intentos de inhabilitación, pero sostenido por militares, que ocupan cerca de 3000 puestos en el gobierno y la jefatura de nueve ministerios
Manifestantes piden la inhabilitación del presidente Jair Bolsonaro en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Más de 30 pedidos en ese sentido ya fueron entregados al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, a quien corresponde iniciar cualquier proceso de destitución del gobernante. Solo si dos tercios de los 513 diputados lo respaldan, el presidente seria juzgado por el Senado. Foto: Lula Marques/Fotos Públicas

La pandemia de la covid-19 dictará el destino del presidente brasileño Jair Bolsonaro, amenazado por intentos de inhabilitación, pero sostenido por militares, que ocupan cerca de 3000 puestos en el gobierno y la jefatura de nueve ministerios.

Si las muertes se multiplican y la población responsabiliza de ello al presidente, por estimular la actividad económica en desmedro del confinamiento y el aislamiento, las Fuerzas Arm

adas pueden quitarle el apoyo y “Bolsonaro cae”, supone Jorge Zaverucha, profesor  de política en la Universidad Federal de Pernambuco, en el noreste de Brasil.

“Pero si fracasa el aislamiento por la pandemia y ocurren disturbios callejeros, conflictos, fortaleciendo sus posiciones, Bolsonaro se haría líder de un régimen autoritario, como el de Viktor Orbán”, contrapuso, en referencia al primer ministro de Hungría que hizo aprobar en el parlamento el estado de emergencia para gobernar por decreto, ignorando a los demás poderes.[pullquote]3[/pullquote]

Convertir al Supremo Tribunal Federal y al legislativo Congreso Nacional en simples “poderes de papel” sería el primer paso, para instalar “prácticamente una dictadura”, acotó Zaverucha a IPS desde la ciudad de Recife.

“No creo en un golpe clásico, porque Bolsonaro solo tendría que perder”, ya que como capitán retirado del Ejército no podría comandar generales en un régimen militar que impone la jerarquía, observó el autor de “FHC, Fuerzas Armadas y Policía”, sobre el balance “entre el autoritarismo y la democracia” bajo la presidencia del socialdemócrata  Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

“Tratarían de evitar una dictadura formal, pero podrían aprobar leyes restrictivas”, para gobernar sin trabas, manteniendo maniatados los poderes legislativo y judicial, coincidió Daniel Aarão Reis, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Federal Fluminense, en Niterói, ciudad vecina a Río de Janeiro.

Ese desenlace de la crisis, que en Brasil es política, además de sanitaria, económica y social, derivaría de la propia institucionalidad brasileña que prevé la intervención militar en operaciones de Garantía de la Ley y del Orden para contener tumultos.

La posibilidad de convulsiones sociales en este país de 211 millones de personas, ante el agravamiento de la pandemia y el hambre por la parálisis económica generaría la atmósfera para esa fatalidad, razonó Reis a IPS desde Niterói.

“Un problema para los generales seria como lidiar con las milicias, un poder paralelo que reúne policías militares activos y retirados”, constituido por Bolsonaro, advirtió. Será fuente de reacciones violentas en caso de un derrocamiento del excapitán, incluso si el mandatario de ultraderecha no lograse reelegirse en 2022.

Brasil cuenta, además de la policía judicial, con las policías militares que son fuerzas de los gobiernos de estados, consideradas reservas y auxiliares de las Fuerzas Armadas y que suman los efectivos más numerosos y con muchos adeptos a Bolsonaro.

Captura del Consejo de ministros del 22 de abril, de un explosivo video hecho público por decisión del magistrado Celso de Mello, decano del Supremo Tribunal Federal, como prueba en el proceso contra el presidente Jair Bolsonaro por injerencia en la jefatura de la autónoma Policía Federal, para controlar sus investigaciones contra miembros de su familia. La denuncia partió del exministro de Justicia, Sergio Moro, tras renunciar por las presiones del presidente, que las hizo patentes en esa reunión. Foto: Marcos Corrêa/PR
Captura del Consejo de ministros del 22 de abril, de un explosivo video hecho público por decisión del magistrado Celso de Mello, decano del Supremo Tribunal Federal, como prueba en el proceso contra el presidente Jair Bolsonaro por injerencia en la jefatura de la autónoma Policía Federal, para controlar sus investigaciones contra miembros de su familia. La denuncia partió del exministro de Justicia, Sergio Moro, tras renunciar por las presiones del presidente, que las hizo patentes en esa reunión. Foto: Marcos Corrêa/PR

La fuerte presencia militar en el gobierno refleja una debilidad de la democracia brasileña, que se inscribe en la misma Constitución, aprobada en 1988, según Zaverucha.

El artículo 142 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas se destinan “a la garantía de los poderes constitucionales y, por iniciativa de cualquiera de estos, de la ley y el orden”, además de defender la Patria.

Es contradictorio que una institución garantice poderes a los cuales debe someterse, señaló Zaverucha en un artículo publicado en el diario Folha de São Paulo el 24 de mayo, antes de su diálogo con IPS. “El artículo permite el golpe de Estado constitucional”, asimismo, al no fijar quien define que ley y que orden hay que defender con las armas, consideró.

Ese artículo 142 es frecuentemente mencionado por Bolsonaro en sus diatribas con el Supremo Tribunal Federal y el Congreso Nacional, a los que acusa de bloquear su gobierno.

Constituye la marca más explícita de la tutela que ejercen las Fuerzas Armadas en la política brasileña, aún en la democracia supuestamente consolidada desde el fin de la dictadura militar en 1985.

El poder civil nunca tuvo el control de los militares, imperó un “equilibrio inestable” que ahora ganó dramatismo por ejercer la presidencia un militar, que dejó el Ejército hace mas de 30 años, pero siempre se mantuvo cercano a los militares y los incorporó masivamente al gobierno.

Esa fuerte presencia castrense resulta de una “mezcla”. Una parte, especialmente los nueve ministros, compone el “bunker”, un escudo de protección contra intentos de destitución, como los juicios parlamentarios de inhabilitación.

Cinco de los nueve ministros militares son generales del Ejército, dos ya retirados. Además es general también el vicepresidente Hamilton Mourão.

Los demás fueron contratados como funcionarios porque “la burocracia militar está mejor capacitada y es más eficiente que la civil”, además de más conocida por Bolsonaro, justificó Zaverucha.

Pero esa identificación con el gobierno, aunque se diga que los militares no representan dentro del Poder Ejecutivo a la institución, puede resultar un desastre para las Fuerzas Armadas en términos de imagen y credibilidad ante la población.

Manifestación motorizada de bolsonaristas en la Avenida Paulista, de São Paulo, en Brasil. Piden la reanudación de las actividades económicas y la liberación de la polémica cloroquina como medicamento para la covid-19, con peligrosos efectos secundarios y aún sin beneficios comprobados. Esas manifestaciones se multiplican por el país y, en Brasilia, suelen tener la presencia del presidente Jair Bolsonaro. Foto: Roberto Parizotti/FotosPublicas
Manifestación motorizada de bolsonaristas en la Avenida Paulista, de São Paulo, en Brasil. Piden la reanudación de las actividades económicas y la liberación de la polémica cloroquina como medicamento para la covid-19, con peligrosos efectos secundarios y aún sin beneficios comprobados. Esas manifestaciones se multiplican por el país y, en Brasilia, suelen tener la presencia del presidente Jair Bolsonaro. Foto: Roberto Parizotti/FotosPublicas

 

Las encuestas reflejan desde hace mucho que los brasileños tienen a las Fuerzas Armadas entre sus instituciones más confiables.

Fue uno de los factores del triunfo electoral de Bolsonaro en 2018, en una campaña en que al hasta entonces gris diputado juntó como líder emergente de la extrema derecha temas como la corrupción, la violencia delictiva y la degradación política y el moralismo cristiano para llevar la extrema derecha al gobierno.

Los militares brasileños cumplieron una blanda penitencia por su dictadura de 1964-1985, a diferencia de lo ocurrido en Argentina y Chile, gracias en parte a que tomaron la iniciativa de promover una retirada “lenta, gradual y segura”, a partir de 1974, y decretar una amnistía a los presos políticos y exiliados y a sus propios verdugos en 1979.

Salieron sin grandes escándalos de corrupción y sin ambiciones políticas hasta 2018.[related_articles]

Ahora se fusionaron con una corriente política que tiende a hundir nuevamente su prestigio, a corto o a largo plazo, si Bolsonaro logra sobrevivir a la crisis actual y convertirse en un Orbán sudamericano.

Al oponerse al aislamiento social, Bolsonaro entorpeció la acción de los gobernadores de estados y los alcaldes de los municipios para contener la pandemia. Su palabra, aunque desacreditada por la mayoría, influye, especialmente entre las personas amenazadas de hambre por el cierre de las actividades.

Eso y la propagación del virus en barrios pobres y hacinados aceleran el aumento de contagiados y muertos en Brasil, que ya supera Estados Unidos en cantidad de muertes y se ha convertido en el nuevo gran epicentro de la epidemia.

La culpa le caerá a Bolsonaro, pero también a los militares que sostienen su gobierno, principalmente porque un general, Eduardo Pazuello, es el ministro de Salud interino desde el 15 de mayo, sucesor de dos médicos que rechazaron la imposición de las creencias sanitarias del presidente, a veces atrabiliarias y peligrosas.

La popularidad de Bolsonaro cayó a 25 por ciento en la última encuesta, publicada el 20 de mayo, probablemente a causa de su actitud hacia la pandemia, Podría haber caído aún más, si no estuviese aún activa  la ayuda oficial de emergencia por tres meses a los trabajadores informales y desempleados, de 600 reales (110 dólares) mensuales.

El mayor costo político vendrá al acabar ese subsidio, en junio, cuando podrá reducirse a un tercio, según el ministro de Economía, Paulo Guedes.

El proceso tiende a deteriorarse también en la dimensión política, con Bolsonaro bajo investigación de injerencia ilegal en la Policía Federal y en el monitoreo de armas y municiones por el Ejército.

Además tiene auxiliares directos involucrados en la difusión de noticias falsas y adictos sospechosos de organizar y patrocinar manifestaciones antidemocráticas por las calles, que pregonaban el cierre del Congreso y del Supremo Tribunal Federal.

Bolsonaro y sus generales se graduaron en los primeros años 70, período más intenso de torturas, asesinatos y desapariciones políticas de la dictadura militar. Allí parecen haber consolidado sus convicciones y su nostalgia. Fueron los años del “milagro brasileño”, de crecimiento económico cercano a 10 por ciento anual.

Ed: EG

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