El relator especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados destacó este jueves 22 el gran reto que supone en Honduras la independencia del sistema judicial y otros principios democráticos cruciales, como la separación de poderes.
Al finalizar una vista oficial al país, Diego García-Sayán subrayó los cuestionamientos de la ciudadanía hondureña al sistema de administración de justicia, a la clase política y a las instituciones del Estado.
“Problemas como la mora judicial, la corrupción, la impunidad, violaciones a los derechos humanos, la inseguridad ciudadana y la violencia son algunos de los factores que han puesto en entredicho a los operadores de justicia y al sistema políticomismo”, detalló el experto.
Contradicciones y lagunas
Agregó que el marco normativo e institucional de Honduras presenta contradicciones y lagunas muy graves, pese a que sus aspectos fundamentales son coherentes con los principios de independencia judicial y separación de poderes.
“Como se encuentra no es suficiente para garantizar la independencia de la justicia”, apuntó el relator especial.
García-Sayán instó, en particular, a que no se siga difiriendo la adopción de la nueva ley sobre el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, y que en su aprobación “se garantice la participación de la sociedad y, en particular, de jueces y magistrados”.
El experto también exhortó a que el Congreso considere la posibilidad de revisar el procedimiento de selección y nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema, del Fiscal General y su Adjunto.
“La transparencia y el escrutinio público deben orientar el proceso de selección de los altos funcionarios del poder judicial y de la fiscalía a través de procedimientos transparentes y que garanticen la participación de la sociedad con miras a examinar detenidamente la independencia, competencia e integridad de los candidatos”, indicó.
La importancia de fortalecer las capacidades nacionales para enfrentar la corrupción fue otra de las observaciones en las que el relator hizo especial énfasis.
García-Sayán reconoció haber podido constatar los esfuerzos institucionales que han impulsado avances concretos. Entre ellos citó la creación de los juzgados y tribunales con competencia nacional para delitos de corrupción y contra la extorsión, además del establecimiento de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción en el Ministerio Público.
El relator especial instó a la Corte Suprema de Justicia a que, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos, cumpla con lo dispuesto en la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Esa ley dispone el fortalecimiento de las medidas de protección de la vida e integridad de operadores de justicia en riesgo.
Del mismo modo, pidió que se investigue con diligencia e imparcialidad y se sancionen las agresiones de distinta índole en contra de esos trabajadores de la justicia.
Finalmente, García-Sayán resaltó la función invalorable que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras ha prestado desde su instalación al sistema de justicia nacional, y pidió que su mandato sea renovado, consolidando y que se fortalezcan sus funciones en 2020, cuando venza el presente término.
El relator especial presentará un informe con sus conclusiones y recomendaciones para Honduras al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en junio de 2020.
Este artículo fue publicado originalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para la difusión de sus contenidos.
RV: EG
