Brasil se mantiene como campeón mundial de homicidios, pero celebra una fuerte reducción de la criminalidad desde 2018, pese a las elevadas tasas de desempleo, producto de la recesión económica de 2015-2016 aún sin una recuperación plena.
El récord histórico de 65.602 homicidios, que corresponde a 31,6 casos por cada 100.000 habitantes, se propaló como una noticia alarmante por todo el mundo, cuando el 5 de junio se divulgaron los resultados del Atlas de la Violencia 2019.
Pero eran datos rezagados, de 2017, ya que el Atlas, publicación del gubernamental Instituto de Investigación Económica Aplicada, en conjunto con el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), una asociación de interesados en el tema, maneja estadísticas consolidadas de años anteriores.[pullquote]3[/pullquote]
En 2018 hubo una caída de 12,8 por ciento en los asesinatos y esa tendencia se acentuó en los cuatro primeros meses de 2019, con rebaja de 23 por ciento, en comparación con igual período del año anterior, según el Monitor de la Violencia, que acompaña el tema mensualmente.
Se trata de un observatorio de G1, portal periodístico del mayor grupo de comunicación en Brasil, Globo, asociado al mismo FBSP y al Núcleo de Estudios de Violencia de la Universidad de São Paulo.
Un dato negativo, las “muertes por intervención policial” que el Monitor registra a parte aumentaron 17,9 por ciento, de 5.225 a 6.160, entre 2017 y 2018.
Refleja “el modelo y la lógica adoptada en una política de seguridad bélica”, basada en una represión cada día más violenta, observó Ricardo Moura, investigador del Laboratorio de Estudios de Violencia de la Universidad Federal de Ceará.
El caso de Ceará, ¿un modelo?
En Ceará, un estado del Nordeste brasileño con nueve millones de habitantes, es donde se registró la reducción más espectacular de muertes violentas, 53 por ciento, en el primer cuatrimestre de este año, cuando hubo 759 víctimas, según el Monitor de la Violencia.
En 2018 ocurrieron en ese estado 4.498 homicidios, una caída de 12,4 por ciento respecto al año anterior.
Ese éxito, por lo menos en Ceará, es engañoso, porque 2017 fue “un año fuera de la curva”, de excepcional mortandad en la guerra entre tres bandas criminales por el control del narcotráfico local, explicó Moura a IPS.
“La comparación con un nivel anterior tan elevado de muertes genera la falsa impresión de que se puede contener la violencia”, matizó.
“Este año parece mejor, con reducción más acentuada que quizás se mantenga, algo que se verá en el segundo semestre”, concedió el también periodista, que firma una columna sobre seguridad pública en el diario local O Povo.
Los avances de este año en el combate a la criminalidad en Ceará se deben a tres factores principales, en su evaluación.
Primero porque “los líderes de las facciones (del narcotráfico) decidieron no pelear entre ellos y considerar el Estado como enemigo principal y común”.
En la práctica eso se tradujo en una oleada de ataques con armas de fuego y bombas contra sedes gubernamentales, comercios, bancos y viaductos, además del incendio de decenas de autobuses, en los dos primeros meses del año.
Fue una represalia a las medidas del nuevo secretario de Administración Penitenciaria, Mauro Albuquerque, para intentar controlar las organizaciones criminales dentro de las prisiones y quitarles las condiciones de operar desde las cárceles.
El “acuerdo de paz”, que venían negociando desde el semestre anterior, promovió la “suspensión de la rivalidad” y de las cruentas batallas entre facciones.
El segundo factor fue el Programa Proteger del gobierno de Ceará, que comprende la “ocupación de áreas vulnerables, donde ocurren muchos homicidios” por unidades policiales. Iniciada en 2017, esa ocupación obtuvo “cierto éxito” en contener la violencia, reconoció Moura.
Por último el gobierno intervino el sistema penitenciario, dificultando la comunicación entre los líderes presos y sus redes criminales, lo que limitó sus acciones.
Los resultados pueden ser pasajeros, teme el investigador, si la ocupación de las prisiones y barrios violentos no se hace permanente, ya que “exige muchos recursos y efectivos policiales”.[pullquote]1[/pullquote]
El escenario social no favorece la pacificación en la región, con “más de 400.000 desempleados y otro tanto de desalentados”, aquellos que ya desistieron de buscar empleo ante la crisis económica.
En Fortaleza, la capital de Ceará, “del cuadro de fragilidad laboral se aprovecha el crimen organizado, cuya capacidad de reclutamiento encuentra condiciones favorables, especialmente en su periferia», lamentó Moura.
La región metropolitana de Fortaleza concentra más de cuatro millones de personas, cerca de 45 por ciento de la población del estado, y la mayoría de los homicidios.
“La clave para entender la violencia criminal es que la vida no se ve como una cuestión social, no importa a la sociedad. Homicidio es solo un problema sociológico, de investigación. La policía atiende a demandas de seguridad de la élite, de las áreas ricas, no de las periferias ajenas al turismo”, concluyó Moura.
La criminalidad creció escandalosamente en el Nordeste y el Norte, las dos regiones más pobres de Brasil en este siglo, mientras se mantuvo estable o disminuyó en estados ricos del Sur y Sudeste.
En Ceará los homicidios se multiplicaron por 2,8 de 2007 a 2017, cuando alcanzó un total de 5.433 y una tasa de 60,2 por 100.000 habitantes, contra un promedio mundial de 6,4 por 100.000, en este país sudamericano de dimensiones continentales y 210 millones de personas.
En el norte amazónico, el poco poblado estado de Acre, con 870.000 habitantes, también bajó al infierno en 2017 por sus fronteras con la producción de cocaína en Bolivia y Perú, y logró bajar la mortandad al año siguiente al endurecer las condiciones carcelarias.
En Brasil hay un virtual consenso entre los analistas de que el brutal aumento de la criminalidad, especialmente los homicidios, en las últimas décadas se debió básicamente al narcotráfico, dividido entre facciones en conflicto por el control territorial del negocio ilícito.
La expansión de los grandes “comandos” nacidos en las cárceles y barrios pobres de las grandes metrópolis del Sudeste, Río de Janeiro y São Paulo, incrementó la violencia en el Nordeste y Norte, convertidas en nuevas rutas del narcotráfico internacional.
Mientras, São Paulo, el estado más rico y poblado de Brasil, con 45 millones de habitantes, vive una caída sostenida de asesinatos desde 2009, atribuida al monopolio del narcotráfico local por el Primer Comando de la Capital (PCC), ya con tentáculos en todo el país.
En medio a los avances nacionales contra la criminalidad general, hay retrocesos, como el aumento del feminicidio y la violencia contra homosexuales y transgéneros, además de la letalidad policial.
La juventud, especialmente la negra, es la gran víctima de la mortandad, con una tasa de 69,9 homicidios por 100.000 jóvenes de 15 a 29 años. Entre los de 15 a 19 años, 51,8 por ciento de sus muertes se debe a asesinatos.
Un peligro para el futuro es la intención del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro de ampliar el acceso y el porte de armas de fuego, que responden por 71 por ciento de los homicidios.
“La conquista de 2018 puede haber sido solo un respiro de un país enfermo y afectado por el miedo”, pero Brasil no puede perder la oportunidad de civilizarse, sostienen Renato Lima y Samira Bueno, directores del FBSP en un artículo sobre las prometedoras estadísticas.
Edición: Estrella Gutiérrez
