Datos duros, como que tres millones de niños necesitan ayuda urgente en alimentos, salud o educación, o que un cuerpo policial de élite acumula cientos de ejecuciones extrajudiciales, muestran la compleja crisis humanitaria que padece Venezuela y pudo palpar en su visita al país la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“La situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria”, señaló Bachelet en una declaración con la que cerró su visita de dos días a Caracas la noche del viernes 21.
Poco antes, al reunirse con víctimas de abusos, sus familiares y organizaciones de derechos humanos, la que fuera dos veces presidenta de Chile dijo que “me duele profundamente lo que pasa en Venezuela. Me parte el corazón lo que sufre la gente”.
Venezuela “padece una emergencia humanitaria compleja, en la que destacan elementos como el hambre, la situación de la salud, ejemplificada con hasta un millón de casos de malaria, la educación, con cientos de miles de niños y jóvenes que pierden el espacio de protección que es la escuela, y las migraciones masivas”, dijo a IPS Feliciano Reyna, de la organización no gubernamental (ONG), Acción Solidaria.
En derechos civiles y políticos “un aspecto fundamental de su visita fue reconocer y expresar preocupación por las gravísimas ejecuciones extrajudiciales cometidas por organismos d seguridad del Estado, e instar a la liberación de los centenares presos políticos”, observó a IPS Liliana Ortega, de la coalición humanitaria Foro por la Vida.
Para Bachelet, médica de formación, “la situación sanitaria sigue siendo extremadamente crítica” por “la escasez de medicinas y equipamientos, el éxodo de profesionales de la salud, el deterioro de la calidad del agua y el saneamiento, y los apagones eléctricos”.
“He hecho un llamado al gobierno para que le dé una prioridad a los temas de salud y de la situación humanitaria y otros derechos socioeconómicos que nos permiten evaluar la situación y apoyar de la mejor manera que Naciones Unidas pueda”, añadió sobre su reunión con el presidente Nicolás Maduro y varios de sus ministros.
El reclamo se ha extendido: en el período enero-mayo de 2019, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 9.715 protestas en todo el país, en demanda de servicios como agua, electricidad, salud, educación, trasporte y suministro de gas doméstico o gasolina, así como en defensa de derechos políticos y laborales o demandando cambio de gobierno.
En alimentación, una encuesta de tres prestigiosas universidades nacionales en 6.000 hogares sostuvo que, al despuntar 2019, cerca de 90 por ciento de la población no puede adquirir los alimentos que necesita para mantener la salud.
En una declaración el 7 de junio, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estimó que 3,2 millones de niños en Venezuela -uno de cada tres- necesitan ayuda urgente en alimentación, salud o educación, pues 750.000 se han quedado sin escolarizar entre 2013 y 2017.
Ese mismo día de junio, las agencias de las Naciones Unidas para para los refugiados y las migraciones indicaron que ya cuatro millones de venezolanos han abandonado el país “a un ritmo asombroso”, pues en los últimos siete meses el número de refugiados y migrantes aumentó en un millón.
Venezuela tiene 32,2 millones de habitantes según proyecciones oficiales, aunque se desconoce cómo contabiliza el fenómeno migratorio, impulsado por el hundimiento en las condiciones de vida de la población.
Una lágrima
Bachelet dijo que “conocí a víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos y a sus familias. Escuché el testimonio de un hombre que me explicó cómo su hermano fue torturado, humillado y asesinado por oficiales encapuchados de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional) que allanaron su casa, así como muchas otras familias destrozadas porque sus seres queridos tuvieron el mismo destino”.
Ocurrió durante el encuentro con ONG y víctimas en un salón de la Universidad Metropolitana de Caracas. Bachelet oía, tomaba notas. Un hombre le narró con voz quebrada lo que agentes encapuchados de las FAES hicieron en su casa y a su hermano, un zapatero de 29 años al que señalaron de divulgar audios de una protesta, en Carora, ciudad del centro-oeste del país.
Bachelet no pudo contener sus lágrimas. Se levantó de su asiento y fue a abrazar al denunciante. Luego continuó la reunión. Los familiares y activistas de derechos humanos quedaron primero estupefactos y luego conmovidos y convencidos de tener una aliada sincera en la máxima responsable de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Su lucha por la justicia es importante, no solo por lo que ustedes han sufrido, sino por lo que significa para todos los venezolanos. No están solos”, diría luego Bachelet.
Para Reyna “ese desahogo de víctimas, familiares y activistas fue de alto valor, tuvo el efecto positivo y potenciador de una reparación”.
Las FAES fueron establecidas en 2016 y en su contra se han producido protestas en barriadas populares de varias ciudades. La organización humanitaria Provea sostiene que esa fuerza es responsable de 205 ejecuciones extrajudiciales en 2018 y al menos 69 en los tres primeros meses de 2019.
Presencia y política
La alta comisionada pidió a las autoridades “liberar a todo quien esté detenido o privado de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica”.
En los días de su visita fueron liberados 28 detenidos durante protestas de carácter político o laboral, pero según la ONG Foro Penal, que monitorea el tema, permanecen presos por razones políticas 687 opositores.
Entre ellos, el socialdemócrata Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral elegido en 2015, al que solo concurren los diputados de la mayoría opositora y es sistemáticamente desconocido por los demás poderes del Estado.
Tras la partida de Bachelet fueron arrestados por la policía política una decena de oficiales de la Fuerza Armada, según denunciaron sus familiares a medios locales. En mayo sumaban 97 los militares detenidos acusados de conspiración o delitos conexos.
Bachelet anunció que dejará dos funcionarios de su oficina en Venezuela para monitorear la situación de los derechos humanos “y el gobierno ha aceptado que mi equipo tenga acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad”.
“Es un primer paso para ampliar la tutela de las víctimas, aunque es cierto que su trabajo dependerá de que el Estado cumpla con su parte de los compromisos, pero es un aporte muy valioso, porque sus opiniones siempre van a ser vinculantes para la comunidad internacional que interactúa con Venezuela”, dijo la activista Ortega.
El alivio de la situación humanitaria “corresponde a otros órganos con responsabilidad en el sistema de Naciones Unidas, mientras que el aporte de la oficina de Bachelet es el de visibilizar y exigir que las conductas graves de un régimen en materia de derechos humanos tenga reclamo y sanción internacionales”, estimó Reyna.
Para el activista “no se puede negar que la crisis humanitaria tiene una raíz política, lo que fue reconocido por Bachelet. La presión ante la destrucción de posibilidades en el país sigue aumentando y es posible que con el trabajo para atender esa emergencia se encuentren espacios para una negociación de buena fe que supere esta situación que nos afecta a todos”.
Bachelet hizo un llamado a los dirigentes políticos de gobierno y oposición a “dar pasos audaces hacia un compromiso para dejar a un lado las ganancias cortoplacistas y enfocarse en logros a medio y largo plazo para todo el país”.
Les pidió expresamente que “participen constructivamente con el diálogo facilitado por Noruega (iniciado entre enviados de gobierno y oposición en mayo) y con cualquier otro esfuerzo para intentar enfrentar la actual situación política en Venezuela”.
El 5 de julio, la oficina de alta comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos entregará un informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que este lunes 24 inició su 41 periodo de sesiones en Ginebra.
Edición: Estrella Gutiérrez
