La identificación de dos policías militares como sus probables asesinos agrega nueva dimensión a Marielle Franco como símbolo de una variedad de luchas cada día más protagonizadas por las mujeres en Brasil y en el mundo.
“Entérate @jairmessiasbolsonaro: Marielle te echará del poder que hoy usurpas con mentiras, muerte, amenazas y crueldad. Marielle somos todas”, publicó en Instagram la alcaldesa de la ciudad española de Barcelona, Ada Colau, del izquierdista partido En Comú.
Fue una de las miles de manifestaciones, algunas masivas y callejeras, que se diseminaron por ciudades brasileñas y en el exterior el 14 de marzo, cuando se cumplió un año del asesinato de Franco, acribillada en una calle de Río de Janeiro, junto con su chofer, Anderson Gomes.
Su popularidad nacional e internacional sorprende, ya que ella recién empezaba, a los 38 años, a afirmarse como líder política local, con una acción limitada a la ciudad, en contraste con su proyección más allá de fronteras continentales.
Resultó electa como concejala de Río de Janeiro en octubre de 2016 por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), de izquierda radical. Ejerció el mandato por solo 14 meses. Antes había sido asesora del principal líder local de su partido, el ahora diputado nacional Marcelo Freixo.
Mujer, negra y pobre, nacida y criada en Maré, un gran complejo de favelas (barrios pobres y hacinados), con 130.000 habitantes en el censo oficial de 2010, cerca del centro de la ciudad, Marielle Franco es una síntesis de muchos sectores, etnias y poblaciones oprimidas.
Es lo que explicaría la rápida conversión en ícono de las luchas progresistas en todo el mundo, algo solo logrado por otra mujer, Berta Cáceres, una activista indígena y ambiental de Honduras, asesinada en marzo de 2106, por sus luchas contra empresas mineras e hidroeléctricas.
“Ella representa la lucha de género, la lucha de clases, la lucha de raza y por derechos humanos”, es “un emblema de la sinergia de esas luchas”, resumió el sociólogo Laymert Garcia dos Santos, profesor de la Universidad de Campinas, en una entrevista al portal de noticias Rede Brasil Atual.
Ello en un momento en que las mujeres aparecen como la gran fuerza revolucionaria en muchas partes del mundo, encabezando las luchas por equidad, derechos de las minorías y contra la violencia, de que son probablemente las víctimas más frecuentes y numerosas.
En la coyuntura brasileña, el martirio de Franco se volvió una acusación y una amenaza sobre el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, en la presidencia desde el 1 de enero, según expresa en su mensaje la alcaldesa de Barcelona.
Con la detención de los dos probables ejecutores del asesinato, Ronnie Lessa y Elcio de Queiroz, ambos antiguos sargentos de la Policía Militar de Río de Janeiro, el primero retirado y el segundo expulsado, se consolida la convicción generalizada de que las milicias, organizaciones parapoliciales ilegales, están detrás del crimen.
Las evidencias de que Lessa fue autor de los disparos que mataron Franco desde un auto manejado por Queiroz son muy concretas. La policía logró reconstituir todo el trayecto del vehículo, las llamadas telefónicas hechas antes del atentado y una foto que permite identificar al primero en la operación.
Lessa vivía en el mismo condominio de lujo donde Bolsonaro ha tenido desde hace tiempo su residencia personal, en Barra da Tijuca, un barrio de nuevos ricos en la zona oeste de Río de Janeiro. Y Queiroz solía exhibir una foto en que aparece al lado del ahora presidente de Brasil.
Esa proximidad nada prueba, pero acentúa en la opinión pública la imagen de un presidente relacionado con las milicias, que tienen fuerte penetración en la política carioca. Bolsonaro ya negó vínculos con esas organizaciones criminales y tendrá que repetirlo muchas veces, ante las sospechas instaladas.
Durante sus siete períodos como diputado, de 1991 a 2018, Bolsonaro declaró varias veces su apoyo a los grupos parapoliciales de exterminio de supuestos criminales, antes llamados “escuadrones de la muerte”, precursores de las milicias.
Su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, empleó durante años en su gabinete, cuando era diputado del estado de Río de Janeiro (2003-2018), a la madre y una hermana de un conocido jefe de milicia.
Esas mujeres le fueron recomendadas, según el entonces diputado, por su asesor principal, Fabricio Queiroz, otro expolicia militar (PM), involucrado en denuncias de corrupción.
Las milicias, tal como se las conoce hoy en esta ciudad, se formaron especialmente en la Zona Oeste de Río de Janeiro, su sector de expansión más reciente, para confrontar las bandas de narcotráfico. Por eso tuvieron simpatías, incluso apoyo informal, de gobernantes locales.
Pero degeneraron en organizaciones criminales que explotan negocios ilegales, como servicios de seguridad y transportes, venta de gas doméstico, control del acceso a la televisión pagada y otras actividades.
En su composición cuentan con muchos expolicías, en la jefatura suelen estar policías militares, activos o retirados. En Río de Janeiro, donde es más visible su existencia, sobra mano de obra especializada de este tipo dispuesta a ser reclutada, como los PM expulsados de la corporación, más de 300 tan solo el año pasado.
Las Fuerzas Armadas, cuyos generales retirados son mayoría en el gobierno de Bolsonaro, un excapitán del Ejército el mismo, vivieron los riesgos de la creación de fuerzas irregulares con “licencia para matar” durante su dictadura de 1964 a 1985.
Crearon en 1969 los Centros de Operaciones del Orden Interno (Codi), para combatir y aniquilar los grupos armados que desafiaron la dictadura. Eran pequeños equipos de capitanes, teniendo a un mayor o coronel como jefes, con poderes absolutos de vida o muerte y rompiendo la sagrada jerarquía militar.
El saldo fue miles de torturados, centenares de muertos y desaparecidos y masivas detenciones ilegales, manchando la imagen castrense y excluyendo los militares de la política nacional por 33 años.
El escarmiento parece agotado ahora que elecciones libres alzaron a la presidencia a un capitán retirado que alardeó que tenía como héroe al coronel Carlos Brilhante Ustra, que comandó el Codi de São Paulo, el más activo en las torturas y “desaparición” de opositores.
Ahora el combate al narcotráfico sirve de pretexto al empleo de tropas y acciones irregulares, pero la vigencia de las leyes impide un apoyo explícito a las milicias. Pero quedan las relaciones del pasado que no conducen necesariamente a una condena judicial, pero si política.
Marielle Franco ha sido un tema incómodo para Bolsonaro y su familia, más aún ahora que sus probables ejecutores están detenidos y hay fuertes presiones por identificar los mandantes del asesinato y las sospechas caen sobre fuerzas políticas de extrema derecha.
Ella solo “se volvió famosa porque los medios le dieron mucha divulgación a su muerte”, era una desconocida antes de su asesinato, dijo Eduardo Bolsonaro, el tercer hijo del presidente, hoy diputado nacional, tratando de disminuir la importancia de Franco.
Quienes la mataron sabían del potencial de liderazgo que ella tenía, pero nadie sospechaba la repercusión que tendría después de muerta, un indicador de las banderas que pueden movilizar amplios sectores de la población en el mundo.
Edición: Estrella Gutiérrez
