Bajo una fuerte campaña a favor del “sí” en los medios estatales y espacios públicos, el electorado cubano se apresta a pronunciarse en el referendo constitucional del 24 de febrero, sobre un proyecto con avances y temas pendientes para la sociedad civil, un término ausente en su texto final de 229 artículos.
De los 11,2 millones de habitantes, suman más de ocho millones las personas con derecho al sufragio, que tienen ante sí la decisión de aprobar una nueva ley fundamental o permanecer con la vigente desde 1976, las que parecen ser las dos únicas opciones en este país de gobierno socialista y sistema unipartidista.
“No me cabe duda sobre la aprobación”, dijo a IPS la reverenda Rita María García, quien dirige el no gubernamental y ecuménico Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba, desde la ciudad de Cárdenas, a 150 kilómetros al este de La Habana, y valoró desde el activismo el proyecto constitucional a referendo en 25.345 colegios comiciales.
“Ningún grupo, proyecto, denominación religiosa, instituciones de la que llamamos sociedad civil independiente, porque otras no lo son tanto pues de alguna manera pertenecen a estructuras del Estado, hará mayoría para un no”, evaluó la activista, sobre el resultado de la votación, que dirimirá al menos la mitad de los sufragios válidos.
Si como se espera, los electores refrendan el texto, la nueva Constitución entrará en vigor en cuanto sea publicada en en la Gaceta Oficial.
A partir de entonces el parlamento iniciaría la reforma y elaboración de leyes priorizadas por la reforma: Electoral, Código de Familia, Código Civil, de Tribunales Populares, Defensa Nacional, Código Penal, Procedimiento penal, Control Constitucional, Educación, Salud, Municipios, Empresa, Cooperativa y Ciudadanía.
Sin acceso a los espacios públicos, una campaña a favor del “no” circula en las redes sociales de Internet, liderada por voces de la oposición tradicional al gobierno socialista y otras críticas pero no disidentes, que despliegan su activismo virtualmente en un país donde pese a las dificultades hay cada vez más acceso a Internet.
Incluso algunas entidades como la Iglesia Católica o el sitio web independiente El Toque contribuyeron con el voto informado de la población, a través de declaraciones, paneles de especialistas y aplicaciones móviles que analizaron las luces y sombras del proyecto, pero sin condicionar el voto del electorado.
Un tercer grupo apoya la abstención en las urnas, donde aparecen rostros de los diversos signos políticos existentes en el país, que resultaron más evidentes en la reforma constitucional, que comenzó en junio de 2018 y tuvo un momento cumbre durante la consulta popular del 13 de agosto al 15 de noviembre pasados.
“Ya sabíamos que esto sucedería, que el término (sociedad civil) no aparecería”, opinó García, para quien esta omisión no causará afectaciones. “Los tiempos ya no son los mismos: hoy hay un activismo que se une, discute, discrepa y apoya cuando decide que es pertinente”, valoró.
Especialistas locales y extranjeros discrepan al definir la sociedad civil cubana.
Los conceptos más amplios incluyen las asociaciones fraternales, culturales y deportivas; sociales de masas; iglesias y congregaciones religiosas; organizaciones no gubernamentales de desarrollo; centros de investigación y publicaciones académicas; movimientos comunitarios; cooperativas, nuevos actores económicos y grupos disidentes, que operan en la ilegalidad.
“A veces inquieta la ausencia de un concepto”, reconoció el sociólogo y activista por la no discriminación racial Fernando Romeu, sobre el impacto que podría tener este hecho en caso de que se cumplan los pronósticos de aprobación de una nueva Constitución cubana.
Luego de analizar la propuesta, Romeu consideró a IPS “que la no mención del término no constituye una amenaza de desconocimiento o no legalización por parte del Estado, quien por medio de la propia ley reconoce el conjunto de asociaciones de diferentes tipos y clases (científicas, filosóficas, fraternales, mercantiles y otras)”.
Pero los grupos fuera de la órbita legal ven la situación de otra manera.
“Las libertades civiles y políticas no aparecen plasmadas de manera suficientemente explícitas, por lo que es de augurar que no habrá protección para quienes nos organizamos de manera independiente al Estado”, valoró el ecologista Isbel Díaz y coordinador del proyecto El Guardabosques.
Para Díaz, la propuesta de ley fundamental “amplía el espectro de grupos protegidos, destacando a las personas con orientación sexual y/o identidad de género diversas”, pero esos derechos están limitados a cuestiones tan abarcadoras como “la seguridad colectiva, el bienestar general y el respeto al orden público”.
Justo en el reconocimiento explícito de grupos vulnerables, realizado en el artículo 42 y en general en el título V sobre “Derechos, deberes y garantías”, activistas y especialistas consultados por IPS observan la restitución de antiguas demandas del activismo social.
“El artículo 42 es uno de los mejores: reconoce desde diferencias tradicionales hasta por discapacidad, territorio, raza, género, origen étnico, entre otras”, evaluó la socióloga y experta en género Reina Fleitas. “Muestra que hay un mayor nivel de conciencia sobre la igualdad que ahora queremos, que es superior a la del igualitarismo”, completó.
“Ojalá se convierta en un referente para después mejorar los enfoques de las políticas sociales”, plantea la investigadora sobre el desarrollo local.
El referendo tuvo una antesala el 16 y 17 de febrero con el funcionamiento de 122 circunscripciones electorales especiales con 1.051 colegios en 130 países, pero solo para el personal diplomático y en misiones oficiales, que en Venezuela sumaron más de 22.000 votantes.
La comunidad emigrada cubana, que según cifras oficiales es de 1,4 millones en 120 países, con un grueso importante en Estados Unidos, no pudo acceder a las urnas establecidas fuera de Cuba y para ejercer el derecho al sufragio deberá estar este domingo en el territorio cubano.
Contexto internacional
La votación sucederá en un panorama nacional complejo, luego del paso el 27 de enero por cinco municipios habaneros de un tornado, que dejó 10.000 desplazados; y un escenario hostil regional, por la confrontación entre el gobierno estadounidense de Donald Trump y el venezolano de Nicolás Maduro, un estrecho aliado de Cuba.[related_articles]
Washington respalda al presidente de la Asamblea Legislativa, el opositor Juan Guaidó, como mandatario legítimo de Venezuela, al igual que un grupo de países latinoamericanos y europeos, mientras desconoce a Maduro.
La Habana hace lo contrario, cuando la atención internacional se focaliza en la peligrosa configuración de fuerzas en América Latina.
Trump aseguró el lunes 18 en Miami, que desea una transición pacífica del poder en Venezuela, pero a la vez reiteró que “todas las opciones están abiertas”.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, advirtió al día siguiente en conferencia de prensa que Estados Unidos prepara “una acción militar con pretexto humanitario”, y calificó de “infame” el aserto de Trump de que La Habana tiene en Caracas “un ejército privado de cubanos” para respaldar a Maduro.
Guaidó marcó para la entrada a su país de la ayuda humanitaria el 23 de febrero, cuando se cumple un mes de que se proclamó presidente encargado del país, y un día antes del referendo constitucional en Cuba. Maduro rechaza el ingreso de esa asistencia que considera como la antesala para una intervención militar estadounidense.
Con aportes de Patricia Grogg desde La Habana.
Edición: Estrella Gutiérrez
