Los paneles solares brillan sobre las terrazas de 10 edificios de líneas perfectamente rectas y altura uniforme. Es una imagen de modernidad que contrasta con otra a pocos metros: viviendas con distintos ambientes agregados desordenadamente, sin revestimiento exterior y con una multitud de cables eléctricos a la vista.
La Villa 31, el asentamiento precario más famoso de la capital de Argentina, por su ubicación en un área céntrica de Buenos Aires, está pasando por un proceso de transformación, no exento de controversia, en el cual las energías limpias juegan un importante papel.
El Estado está construyendo cientos de nuevas viviendas con sus techos cubiertos por paneles solares, que sirven para dar energía a un barrio donde el acceso a los servicios básicos siempre ha dependido de conexiones informales e inseguras.[pullquote]3[/pullquote]
Durante décadas, las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prometían periódicamente erradicar la Villa 31, que nació hace cerca de 90 años, y hoy es una postal de pobreza, que al mismo tiempo muestra la vitalidad de miles de personas que llevan adelante actividades comerciales y productivas a pesar de la informalidad y el desamparo.
Las amenazas se transformaron en esperanza en 2009, cuando se sancionó una ley local que ordenó urbanizar la Villa, abrir calles, dar títulos de propiedad a los vecinos y –en resumen- convertirla en un barrio más de una ciudad que históricamente la vio como un cuerpo extraño aunque imposible de esconder.
En Argentina, se denominan villas a los asentamientos pobres, hacinados e informales de sus ciudades. Un relevamiento difundido por el gobierno en 2018, indica que en el país hay 4.228 de estas villas, en las que viven alrededor de 3,5 millones de personas, de una población total de 44 millones.
En particular, en Buenos Aires hay 233.000 personas -o 7,6 por ciento de la población, sin contar los populosos suburbios- que viven en esos asentamientos precarios.
La urbanización de Villa 31 es una tarea monumental que recién comenzó a ejecutarse en 2016 y hoy va cambiando pausadamente la fisonomía de una verdadera ciudad dentro de la ciudad, que tuvo un crecimiento fenomenal en los últimos años.
De acuerdo a los últimos datos oficiales, residen en ella 43.190 habitantes, distribuidos en 10.076 viviendas, contra solo 12.204 personas que vivían en 2001, el año de un cataclismo económico en este país sudamericano.
Desde entonces, a pesar de que Argentina experimentó varios años de crecimiento económico, la Villa 31 fue la opción que encontraron cada vez más familias marginadas del circuito formal de compra o alquiler de viviendas.
Se trata de un terreno de 44 hectáreas ubicado entre Retiro, una de las principales estaciones ferroviarias de la capital, y La Recoleta, uno de los barrios más cotizados y tradicionales de Buenos Aires.
“Vinimos a la Villa 31 hace cuatro años, después de que se incendió el edificio en el que vivíamos en el barrio de La Boca y nos quedamos en la calle”, cuenta a IPS Valeria Barrientos, casada y con cuatro hijos de entre 13 y 2 años.
Barrientos, cuyo marido es camionero, dice que es “un regalo del cielo” contar con agua caliente e iluminación, aseguradas gracias a la energía solar, aun cuando se corte el suministro eléctrico, circunstancia especialmente frecuente en la Villa 31, donde hay una red inestable, de la cual las viviendas se nutren con conexiones irregulares y precarias.
Su familia vive desde septiembre de 2017 en el sector de La Containera, porque hasta hace tres años era un depósito de contenedores en desuso. A ellos les ofrecieron un departamento allí, a pagar en 30 años, porque vivían en un terreno de la Villa donde hoy se está construyendo una autopista.
La Containera tiene edificios de tres pisos, con paneles solares para alimentar los termotanques que calientan agua para baños y cocinas, mover las bombas que suben el agua hasta los tanques y dotar de energía eléctrica a las viviendas.
“En las terrazas de La Containera instalamos 174 paneles solares. No pusimos más porque ya no quedaba lugar en los techos”, contó a IPS Rodrigo Alonso, gerente general de Sustentator, una empresa argentina con 10 años de experiencia en energías renovables.
Alonso recuerda que “la primera vez que entré a la Villa me quedé asombrado cuando vi unos enormes manojos de cables que se conectan a los postes de electricidad y llevan la energía a las casas. La cuenta la paga el Estado, pero las viviendas tienen conexiones muy inseguras”.
“Hoy el cambio es enorme, porque las nuevas viviendas tienen asegurado el suministro y no tienen que pagar por la energía. Además, la electricidad que sobra puede inyectarse a la red”, agregó.
La operación de sumar a la red eléctrica la energía generada por los paneles solares y hacerse acreedor de un crédito contra la compañía distribuidora se espera que pueda formalizarse en Argentina este año, cuando entre en vigencia la Ley de Generación Distribuida de Energías Renovables, aprobada en 2017 y cuyo reglamento se completó en noviembre pasado.
Los paneles solares forman parte del edificio y no son individuales. Por ello, si en el futuro existe energía excedente para sumar a la red convencional, se compensará con un crédito a favor del consorcio administrador del conjunto que se restará al cargo por el consumo de energía en las zonas comunes de los edificios.
También se están instalando paneles solares para garantizar la energía en la obra más ambiciosa que se está desarrollando en la Villa 31: la construcción de 26 edificios con más de 1.000 viviendas, sobre un terreno que pertenecía a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Allí se prevé que se muden los vecinos cuyas casas serán demolidas para avanzar en la construcción de la autopista y la apertura de calles, aunque muchos vecinos tienen prevenciones sobre el futuro.
“Nos preocupa que no se cumplan las promesas y muchas familias queden en la calle. Vamos a defender el lugar de cada uno”, dijo a IPS Héctor Guanco, quien vive con su familia hace cerca de 20 años en la Villa 31.
La posibilidad de contar con energía solar es una diferencia decisiva en un país donde las tarifas de electricidad han aumentado más de 500 por ciento en los últimos tres años
“Pasar de la informalidad a la formalidad puede significar una presión económica muy difícil de soportar, porque hay que pagar un crédito hipotecario por la vivienda, más los impuestos y los servicios”, advirtió IPS Facundo Di Filippo, un exlegislador de la Ciudad Autónoma.[related_articles]
Di Filippo fue autor de la ley de urbanización de la Villa 31 y ahora es presidente del no gubernamental Centro de Estudios y Acción por la Igualdad.
Él es crítico de la forma que el gobierno de la Ciudad encaró la urbanización de la Villa 31 y consideró que “se pone el eje en mejorar el entorno en una zona de Buenos Aires que tiene un valor inmobiliario alto, de manera de beneficiar negocios privados”.
Los nuevos edificios fueron construidos con criterios de sostenibilidad inéditos en Buenos Aires, por exigencia del Banco Mundial, que aportó un crédito de 170 millones de dólares para financiar la urbanización.
“Las paredes tienen una capacidad de aislación tanto térmica como sonora, que reduce el consumo de energía. Además, en los techos se colocó un sistema de recolección de agua de lluvia para destinarla al riego de las áreas verdes del lugar”, explicó a IPS Juan Ignacio Salari, subsecretario de Infraestructura Urbana del gobierno de Buenos Aires.
“Estamos también intentando avanzar con el Banco Mundial para que financie un programa de recambio de electrodomésticos, porque muchos habitantes de la Villa 31 tienen heladeras (frigoríficos) o aires acondicionados muy antiguos, que son muy ineficientes energéticamente”, agregó.
“La gente de la Villa quiere formalizarse y pagar los servicios que consume. El Estado debe acompañarlos para que puedan hacerlo”, dijo el funcionario, quien precisó que el plan es poner paneles solares es los edificios nuevos e integrar las demás viviendas a la red convencional de energía eléctrica.
Edición: Estrella Gutiérrez
