Hace 12 años, en un restaurante de Puntarenas, en la costa pacífica de Costa Rica, un grupo de pescadores de palangre se reunió con tres especialistas en conservación del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD).
Los conservacionistas querían entender mejor cómo evitar la pesca ilegal dentro del Área Marina Protegida de la Isla del Coco, ubicada en el litoral de Costa Rica y Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Decididos a buscar su implicación en la problemática, decidieron reunirse con los pescadores de palangre para cenar. El resultado no fue el esperado y para cuando acabaron el postre las ganas de estrechar las manos habían desaparecido.
En la mesa se habían reunido dos perspectivas muy diferentes. El personal del PNUD estaba trabajando en un proyecto que consideraba la pesca ilegal en la Isla del Coco puramente como un problema de conservación.
Por otro lado, el grupo de empresarios locales de Puntarenas luchaba por sobrevivir a pesar del contexto de agotamiento de recursos y mercados cerrados.
Si bien algunos de ellos eran responsables de pesca ilegal, ninguno podía ser considerado un empresario con grandes ambiciones, sino dueños de un par de barcos de palangre que intentaban ganarse la vida con poco acceso a crédito y pagando los precios más altos de seguridad social en la región por cada uno de los miembros de sus expediciones.
No están solos. Según los datos estimados por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), el sector pesquero del país está compuesto por alrededor de 400 embarcaciones, cada una de las cuales transporta entre cinco y ocho personas, formando una población activa de aproximadamente 2.000 a 3.200 personas vinculadas directamente al sector.
Junto con las familias que dependen de esta actividad, la población afectada alcanza entre 10.000 y 16.000 personas, esto es sin incluir las personas vinculadas a través de los miles de trabajos indirectos que aseguran la actividad de pesca como el transporte, los suministros de pesca, alimentos o mecánica.
Doce años después, la perspectiva tanto de los conservacionistas como de los pescadores ha cambiado. El 18 de noviembre de 2018, no lejos de ese restaurante en Puntarenas, Costa Rica fue el primer país del mundo en lanzar un Plan de Acción Nacional para la pesca sostenible de grandes especies pelágicas, usando la metodología del PNUD.
A través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el país presentó oficialmente un plan con tres áreas principales de trabajo: mejorar las pesquerías de grandes especies pelágicas en Costa Rica (como el atún, el pez espada y el mahi mahi); aumentar la oferta de productos del mar de fuentes sostenibles y garantizar el bienestar social de las personas vinculadas a la actividad pesquera.
Durante la presentación del plan, uno de esos mismos pescadores del restaurante aprovechó la oportunidad para acercarse al mismo miembro del personal del PNUD con el que se reunió hace tantos años y decirle:
«Quería agradecer al PNUD la confianza que nos ha brindado y por ayudarnos a construir un plan formal con instituciones”. Una clara victoria para el firme compromiso del PNUD en su apuesta por el diálogo democrático como elemento clave para lograr un cambio sistémico en la producción sostenible de materias primas.
En 2019 se celebrarán 10 años de apoyo del PNUD en la lucha contra los desafíos de sostenibilidad de productos altamente comercializadas en todo el mundo.
A través de su Programa de Productos Verdes, el PNUD ha buscado sido generar confianza entre las partes interesadas al facilitar espacios neutrales en los que puedan colaborar a través de una visión compartida y una agenda común.
El objetivo es llegar a un acuerdo colectivo sobre la raíz de los problemas de sostenibilidad de los productos básicos y sobre cómo se va a trabajar colectivamente para resolverlos.
Mediante las Plataformas Nacionales de Produtos, el programa está trabajando actualmente en aceite de palma, cacao, café, carne de res, soja, piña y pesca en República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Filipinas, Indonesia y Papua Nueva Guinea.
El Plan de Acción Nacional para la Pesca de Grandes Pelágicos en Costa Rica tendrá una duración de diez años y contribuirá directamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país.
Presentado como un caso de éxito de colaboración entre las diferentes partes involucradas en la producción de una materia prima, el Plan es el resultado de un proceso de diálogo de doce meses de duración que involucró a más de cien representantes de gobierno, instituciones académicas, sociedad civil, cooperación internacional, pescadores, exportadores, restaurantes y supermercados.
Un grupo de personas que probablemente no hubieran estado cómodas compartiendo mesa hace unos años pero que ahora se han comprometido a trabajar juntas hacia un futuro más sostenible, inclusivo y prometedor para la pesca en Costa Rica.
RV:EG
