Reina Maraz es una mujer indígena, nacida en la localidad rural de Avichuca, en Bolivia. En 2010 vivía en las afueras de Buenos Aires con sus hijos y su esposo quien, pocos días después de pelearse con un amigo, fue encontrado muerto, enterrado en el campo donde ambos trabajaban. A Maraz la detuvieron, pero ella no entendió por qué.
Pasó más de un año hasta que un organismo de derechos humanos que la visitó en la cárcel comprobó que no hablaba ni entendía castellano y que en ningún momento había tenido acceso a un intérprete de quechua. En 2014 fue condenada a cadena perpetua y siguió presa hasta diciembre de 2016, cuando otro tribunal estableció que era inocente y la dejó en libertad.
“Fue un fallo racista. Ella estaba condenada de antemano por ser mujer, indígena, pobre y migrante”, explicó una integrante de una organización feminista en la plaza central de la ciudad de Resistencia, en el noreste de la Argentina, ante miles de mujeres llegadas de todo el país e incluso de localidades cercanas de Paraguay y Brasil.[pullquote]3[/pullquote]
Sucedió durante el “Juicio a la Justicia Patriarcal”, realizado por un “Tribunal Ético Popular Feminista”, una de las decenas de actividades realizadas durante el 32 Encuentro Nacional de Mujeres, que mostró la potencia de un movimiento de protesta que cada año parece estar ganando en vitalidad en este país sudamericano.
“El primer encuentro se hizo en un teatro de Buenos Aires, en 1986, con 1.000 mujeres. En el de este año calculamos que participamos 50.000. Es un fenómeno único en el mundo; no hay eventos de este tipo en otro lado que hayan tenido continuidad durante tanto tiempo”, detalló a IPS la periodista Amanda Alma, participantes en la multitudinaria reunión celebrada entre el sábado 14 y el lunes 16.
“En estos encuentros ha habido discusiones trascendentes, con la participación de parlamentarias nacionales y provinciales, que luego han tenido resultados concretos en políticas públicas”, explicó la autora del libro “Mujeres que se encuentran” e integrante de Manifiesta, una cooperativa de comunicación feminista conformada por mujeres que se reivindican como lesbianas y bisexuales.
Agregó que “de aquí nació la idea, por ejemplo, de la Ley 26.485”, en referencia a la norma de protección integral a las mujeres, aprobada por el Congreso Nacional en 2009, que sanciona distintas formas de violencia, entre ellas la mediática, a la que define como la difusión de mensajes estereotipados que atenten contra la dignidad de las mujeres o legitimen la desigualdad de trato.
Resistencia, que tiene 300.000 habitantes, se transformó durante el Encuentro. Las organizaciones coordinadoras de la actividad informaron que alojaron a 31.000 mujeres gratuitamente en escuelas, clubes y centros comunitarios, mientras otras participantes estuvieron en hoteles, casas de familia o en carpas armadas en parques.
Los medios locales estimaron la concurrencia en 40.000 personas, que culminaron con una gran marcha por el centro de la ciudad, capital de la provincia de Chaco, con consignas contra la violencia institucional, las conductas machistas del Poder Judicial, los mensajes de los medios de comunicación, la desigualdad salarial, la criminalización de la protesta social, la discriminación contra las mujeres trans, lesbianas y bisexuales y la penalización del aborto, entre otras.
Las jornadas no fueron totalmente pacíficas porque un pequeño grupo se separó de la movilización y provocó algunos destrozos frente a la Catedral de Resistencia. Al día siguiente, cuando algunas de las participantes en el Encuentro esperaban en la plaza los buses para volver a sus lugares de origen, fueron atacadas con piedras y palos por un grupo que se movilizó “en defensa de nuestras creencias religiosas”.
La abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) explicó a IPS que “el movimiento de mujeres de la Argentina es rico, diverso y variado desde hace muchos años, aunque se hizo más visible a partir de las movilizaciones del colectivo ‘Ni Una Menos’”.
Se trata de un movimiento lanzado en 2015 por un grupo de activistas para reclamar políticas públicas contra los asesinatos de mujeres por razones de género, los feminicidios, aquí denominados femicidios. Desde entonces, la marcha con la consigna Ni una Menos es una cita anual fija en Buenos Aires y otras ciudades del país, que convoca multitudes.
“Los femicidios fueron la punta del iceberg y últimamente el movimiento ha sabido enriquecerse y trascender esa cuestión. Así, a la violencia doméstica se le sumó la que ocurre en la vía pública o en los trabajos. O a la legalización del aborto se agregó el tema de la libertad sexual y reproductiva. Hay muchas situaciones de discriminación que durante mucho tiempo fueron naturalizadas incluso por las mujeres”, explico Gherardi.
Desde 2012 el asesinato con violencia de género es considerado en el Código Penal un agravante, penado con reclusión perpetua, pero las estadísticas muestran que este tipo de crímenes continúan siendo frecuentes.
En 2016 los femicidios fueron 254, según datos de la Corte Suprema de Justicia, y 290 para la Casa del Encuentro, una organización feminista, un dato en cualquiera de los casos muy elevado para un país de 43 millones de personas.
Resistencia es una de las principales ciudades del Nordeste argentino, región donde la pobreza alcanza a 33,6 por ciento de la población, cinco puntos más que el total nacional, de acuerdo a datos oficiales difundidos el mes pasado.
En el documento del Encuentro se dejó constancia de que la elección de la sede no resultó casual.
“Estamos resistiendo en la región más postergada del país. Aquí luchan las trabajadoras, las campesinas, las mujeres de los pueblos originarios cuyos ancestros han sobrevivido a las campañas genocidas, las estudiantes, las desocupadas, las amas de casa, las sindicalistas, las feministas, las víctimas de femicidio, sus familiares y todas las víctimas de la justicia machista”, indica.[related_articles]
También se puso el foco sobre los casos particulares que afectan a las mujeres de la región, como el de Luisa Romero, una docente de 42 años que en mayo murió en la casa de una ginecóloga, en el municipio chaqueño de Charata, cuando se complicó un aborto clandestino al que estaba siendo sometida.
“No queremos más ni una mujer muerta por abortos ilegales; nuestros cuerpos son sometidos a la impunidad de una sala clandestina en condiciones de precariedad”, se dice en el documento.
Los cálculos contrastados son que la práctica de aborto de manera insegura y clandestina es la mayor causa de mortalidad materna en este país, con 18 por ciento del total.
En Argentina, la interrupción del embarazo es legal solo en tres supuestos: cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer o el embarazo es producto de una violación, según lo estableció una sentencia de la Corte Suprema en 2012.
Sin embargo, solo ocho de las 23 provincias del país tienen protocolos de atención que faciliten la realización en tiempo y forma de los abortos legales.
“Hemos comprendido que no se puede hablar de los derechos de las mujeres si no hablamos también de la cuestión de la reforma agraria, de la discriminación a los pueblos originarios o de la pobreza; tenemos sobre el tema femenino una mirada de derechos humanos”, dijo a IPS Magdalena Corvalán, una empleada pública de Resistencia que hace tres años milita en el movimiento feminista.
Editados por Estrella Gutiérrez
