Más allá de sus diferencias, la sociedad civil y las autoridades ambientales de Argentina trabajan juntas en un proyecto ambicioso: la creación de áreas protegidas marinas que abarquen 10 por ciento de su zona económica exclusiva, con más de 5.000 kilómetros de costa sobre el sur del océano Atlántico.
“Nos proponemos enviar este mismo año al Congreso Nacional los proyectos de ley de creación de cinco áreas marinas protegidas que fueron seleccionadas como resultado de la mesa de trabajo en la que discutimos desde el año pasado con organizaciones (no gubernamentales)”, dijo a IPS el biólogo Diego Moreno, secretario de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
“Se trata de proteger zonas del mar especialmente importantes en cuanto a biodiversidad, del impacto negativo de la sobrepesca, de la actividad petrolera y del tránsito de barcos. Actualmente los límites de las áreas están siendo sometidas a un proceso de consultas con áreas de gobierno como cancillería, energía, defensa y pesca”, agregó.[pullquote]3[/pullquote]
El Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas existe formalmente en este país sudamericano desde 2014, cuando el Congreso legislativo dictó la ley 27.037, destinada la preservación de espacios “representativos de hábitats y ecosistemas”.
Esa ley, que hasta ahora no ha pasado del papel, prevé cinco categorías, con distintos grados de protección. La más severa es la Reserva Nacional Marina Estricta, en las que se limita al máximo la actividad humana: solo se permite la investigación científica. En las otras categorías se toleran actividades extractivas, aunque de acuerdo a planes de manejo.
Hoy en Argentina existe una única área íntegramente sobre el océano Atlántico. Se llama Banco Namuncurá y es una meseta submarina de unos 28.000 kilómetros cuadrados que está al sur de las Islas Malvinas, actualmente bajo dominio británico, y al este de tierra firme.
Fue creada en 2013 y está bajo la autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores y no de la Administración de Parques Nacionales (APN), que será la responsable del manejo de las nuevas áreas protegidas. En la APN no respondieron las preguntas de IPS al respecto.
El Banco Namuncurá representa menos de dos por ciento de la superficie de la zona económica exclusiva que el país tiene sobre el Atlántico, que se extiende hasta las 200 millas marinas (370 kilómetros) y totaliza aproximadamente 1,6 millones de kilómetros cuadrados.
“Argentina ha quedado tremendamente atrasada en este tema, incluso si se la compara con otros países de la región, como Chile, y tenemos que recuperar el tiempo perdido. Históricamente se ha apuntado a proteger las zonas donde los turistas llegan para ver la fauna marina, pero es hora de proteger el hábitat donde esa fauna se alimenta”, dijo a IPS el biólogo Pablo García Borboroglu.
Este especialista en conservación marina y fundador de Global Penguin Society (GPS), vive y trabaja en Puerto Madryn, la ciudad patagónica que está a pocos kilómetros de la península de Valdés, donde en el segundo semestre de cada año llega para reproducirse aproximadamente 30 por ciento de la población mundial de la ballena franca austral (Eubalaena australis).
Su presencia atrae a miles de turistas de todo el mundo a este lugar, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
La GPS es una de las 11 organizaciones no gubernamentales que conformaron la llamada red Llegó la Hora del Mar, que está en campaña para impulsar el establecimiento de áreas protegidas marinas en este país sudamericano, con el apoyo público de decenas de artistas de gran popularidad local.
Las organizaciones señalaron en un documento que entre las especies que se busca proteger se incluye al pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus), que tiene una importante colonia de reproducción en la zona de Punta Tombo, dentro de la península de Valdés, en la suroriental provincia de Chubut.
Esta colonia sufrió una reducción de 40 por ciento en el número de individuos reproductores en los últimos 35 años, debido a que los adultos tienen que nadar una distancia cada vez mayor para obtener el alimento de sus crías.
“Los pingüinos son excelentes indicadores ambientales. Debido a que se mueven entre la costa y el mar y no vuelan, reflejan lo que sucede en el océano, tanto en términos de calidad del agua como de calidad de alimentos”, dijo García Borboroglu.
Entre otras especies que habitan la plataforma continental argentina en el Atlántico, llamada en el país mar Argentino, existen dos especies de tortugas, la verde (Chelonia mydas) y la cabezona (Caretta caretta), clasificadas por las autoridades ambientales como amenazadas, mientras una tercera está en peligro en extinción, la láud (Dermochelys coriácea).
En cuanto a los mamíferos marinos, se destaca la franciscana o delfín de plata (Pontoporia blainvillei), el más pequeño en el mundo de esta especie de cetáceos.
Sobre los invertebrados hay información escasa y fragmentada, aunque se estima que solo los moluscos están representados con más de 900 especies.
El conocimiento sobre el mar Argentino tiene todavía un largo camino por recorrer y esa deuda intenta ser saldada a través de un programa científico oficial lanzado en 2014 con un horizonte de 10 años.
Moreno, el secretario de Política Ambiental, presentó a principios de junio el proyecto de la creación de áreas protegidas marinas, durante la Conferencia sobre los Océanos, que convocó la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.
Ese encuentro de alto nivel se llevó a cabo para discutir las formas de alcanzar el 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el vinculado a la conservación de los océanos, los mares y los recursos marinos, que la comunidad internacional aprobó en 2015 para cumplir como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Para Argentina, además, esta iniciativa representa la oportunidad de cumplir con compromisos internacionales, ya que el país ratificó en 1994 el Convenio sobre Diversidad Biológica, en el marco del cual se aprobó en 2010 el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020.
Ese plan fija entre sus objetivos, conocidos como las Metas de Aichi por la ciudad japonesa donde se adoptaron, que 10 por ciento de las zonas marinas y costeras se destinen a la conservación por medio de sistemas de áreas marinas protegidas “administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados”.
También establece que para 2020 se destinen a la conservación 17 por ciento de las zonas terrestres.
Argentina está muy lejos de esa proporción, ya que actualmente tiene alrededor de seis por ciento de su territorio a resguardo de actividades productivas, si se incluyen no solamente las áreas protegidas nacionales sino también las provinciales y las reservas privadas.
En marzo, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso legislativo, el presidente Mauricio Macri anunció el objetivo de duplicar las áreas protegidas del país, aunque por ahora no hay resultados concretos.
Editado por Estrella Gutiérrez
