El juicio que puede desalojar a Michel Temer de la presidencia de Brasil, por delitos electorales, contrapone aliados y une enemigos en un proceso donde la justicia puede resultar la única condenada.
Iniciado el 6 de junio, el juicio del Tribunal Superior Electoral (TSE) decidirá en cuatro días, si anula el triunfo de Dilma Rousseff (2011-2016) y Temer, candidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente, en los comicios de octubre de 2014.
Pero el desenlace deberá demorar algunos meses. Primero si uno de los siete jueces pide más tiempo para analizar mejor los autos. Luego porque Temer, si es condenado, podrá recurrir al mismo TSE y luego al Supremo Tribunal Federal (STF), la instancia constitucional máxima, para revisar la sentencia.
Temer ascendió a presidente en mayo de 2016, cuando Rousseff fue suspendida del cargo para responder al proceso de inhabilitación que la destituyó definitivamente el 31 de agosto.
Se convirtieron en enemigos, con la expresidenta, su Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados acusando de “golpista” al sucesor. Pero ahora vuelven a luchar juntos por una absolución.
“Lo que está en juicio parece ser la misma Justicia Electoral”, opinó Diogo Rais, profesor de derecho de la Universidad MacKenzie, en un artículo publicado en el diario Folha de São Paulo el 6 de junio.
Ello porque en este juicio se concentraron las expectativas de solución de la grave crisis política brasileña que está entorpeciendo a la economía, cuyos indicadores apuntaban a una tímida recuperación, tras dos años y medio de aguda recesión.
Golpeado por sucesivos escándalos, Temer enfrenta también una investigación penal en que es acusado de corrupción pasiva, obstrucción judicial y organización para delinquir, al mismo tiempo que casi todos sus asesores directos, incluyendo a sus ministros más allegados, ya están encarcelados o denunciados por los mismos delitos.
Descartada su renuncia de forma tajante por el mismo presidente, su destitución por el TSE seria el camino más rápido para mejorar la gobernabilidad del país. Un nuevo presidente sería elegido por el parlamento en el plazo de 30 días para concluir el período gubernamental hasta el último día de 2018.
Pero se trata de un proceso judicial, que no debe ser decidido por razones políticas o económicas, sino por las normas del Derecho, sentenció Rais.
“El TSE no es instrumento para solucionar una crisis política”, advirtió el presidente del Tribunal, Gilmar Mendes, una semana antes del juicio, en respuesta, esta vez, a presiones para la destitución de Temer.
Será incomprensible, para la población, que se absuelva la fórmula Rousseff-Temer, después que los escándalos, especialmente las revelaciones de grandes empresarios que decidieron colaborar con el Poder Judicial, desnudaron la preponderancia de la corrupción en todo el sistema político brasileño durante las últimas décadas.
Centenares de millones de dólares aportados a las campañas electorales, buena parte producto de sobornos por contratos o beneficios gubernamentales, cuentas en Suiza, compra de adhesiones partidistas a las coaliciones, componen un festival de dinero sucio e ilegalidades que aparentemente se ahondaron en las elecciones de 2014.
¿Para qué sirve la Justicia Electoral? será una pregunta inevitable en una opinión pública que acompaña las denuncias casi diarias apuntando a las disputas electorales como la principal fuente de corrupción política.
Otra ironía de la historia, además de la alianza forzada entre Temer y Rousseff, es que el juicio en el TSE responde a la demanda de un aliado clave para la sobrevivencia del actual presidente, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).
Aecio Neves, candidato derrotado y presidente del PSDB, cuestionó el resultado electoral, acusando ante el TSE a la fórmula Rousseff-Temer de abuso económico y de poder político durante la contienda. Su pedido, hecho en diciembre de 2014, se juzga solo ahora en el tribunal.
El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Temer, y el PSDB solo se aliaron a comienzos de 2016 para impulsar la destitución de Rousseff, desalojar al PT del poder al que había llegado en 2003, y componer el nuevo gobierno.
El PSDB, conocido por su ambigüedad, no desistió de la acción ante la Justicia Electoral. Pero trató de postergar un desenlace y argumentó a favor de la absolución de Temer y la condena de Rousseff, alegando que el candidato a vicepresidente tenía cuentas electorales separadas y no puede responder por irregularidades de la titular.
El aplazamiento también le salió por la culata. El juicio tiene lugar en el peor momento para Temer, después de las denuncias de Joesley Batista, dueño de JBS, la mayor procesadora mundial de carnes, quien grabó en marzo un diálogo con el presidente en que hablan de sobornos y de trabas a las investigaciones judiciales contra ellos.
Además en este semestre el Ministerio Público (fiscalía) y el juez relator del proceso, Herman Benjamin, pudieron agregar nuevos testimonios y pruebas de que el dinero ilegal irrigó las campañas electorales de los acusados.
Algunas semanas atrás las fuerzas gubernamentales consideraban segura una mayoría de por lo menos cuatro votos por la absolución. La situación ahora cambió.
Uno de los argumentos de la defensa, de que los aportes ilegales de la Constructora Odebrecht a la campaña electoral, recién conocidos, no pueden fortalecer la acusación, aparentemente cayó por tierra.
Legalmente los hechos nuevos no contemplados en la demanda inicial no pueden ser considerados. Pero el relator Benjamin comprobó que recursos de Odebrecht, provenientes de desviaciones de contratos con el grupo petrolero estatal Petrobras, sí están incluidos en los abusos mencionados por el demandante en diciembre de 2014.[related_articles]
Con independencia del desenlace en el TSE, la situación de Temer parece insostenible.
El 6 de junio fue detenido otro de sus auxiliares más allegados, el exdiputado Henrique Alves, también exministro de Turismo del actual gobierno, acusado de recibir 7,1 millones de reales (2,2 millones de dólares) de sobornos para la construcción de un estadio de fútbol para la Copa Mundial de 2014.
Tres días antes, tuvo el mismo destino su exasesor especial, Ricardo Loures, filmado cuando recibía 500.000 reales (155.000 dólares), denunciado por el empresario Batista como un pago a Temer, que se repetiría semanalmente por 20 años, en una retribución por la rebaja al precio del gas natural suministrado por Petrobras a una central termoeléctrica de su grupo.
Neves, su aliado y posible verdugo involuntario, tuvo su mandato de senador suspendido por el STF y es investigado por recibir sobornos del mismo Batista. La policía también filmó a su sobrino recibiendo dinero en efectivo.
La resistencia de Temer en el sillón presidencial se explica principalmente por la falta de repuesto. No apareció entre las fuerzas que dominan la política y la economía de Brasil un nombre capaz de aunar apoyos y conducir una transición hasta las previstas elecciones presidenciales de octubre de 2018.
La falta de líderes políticos con credibilidad para obtener algún consenso parece otro subproducto de la corrupción sistémica que dominó la política brasileña, como forma de mantención del poder en manos de viejos dirigentes partidarios, sofocando la renovación.
Editado por Estrella Gutiérrez
