Los electores de Suchitoto, en el centro de El Salvador, refrendaron masivamente que el agua sea tratada como un derecho humano en el municipio, en una muestra más de la creciente corriente del apoyo de la ciudadania a que se legisle con ese objetivo en el país.
La consulta popular celebrada el domingo 28 en este municipio, con un total de unos 25.000 habitantes, respondió a una iniciativa pionera en el país, pero su resultado no es vinculante porque por unos pocos votos no se alcanzó la participación necesaria.
Gregorio Hernández Sorto sí participó y llegó muy temprano a Suchitoto desde Caulote, un caserío cercano, en el central departamento de Cuscatlán. “No queremos que las empresas vengan aquí a robarse el agua, es una lucha para que nuestras comunidades no sufran de escasez”, dijo a IPS este campesino de 83 años.
La iniciativa contó con el apoyo del Tribunal Supremo Electoral, que proporcionó los nombres de los votantes enlistados en el padrón electoral del municipio, unas 9.000 personas, incluyendo cantones (aldeas) y caseríos que circundan a la pequeña urbe y cabecera municipal, a unos 50 kilómetros al norte de San Salvador.
“Vamos a hacer la lucha hasta donde podamos”, añadió Hernández, luego de depositar con solemnidad en la urna la papeleta que daba la opción del sí o del no a la pregunta de si estaba de acuerdo con que el agua sea un derecho humano.
De igual modo, Raquel Villarrivas, de 40 años, destacó la importancia de que, con la presión de la ciudadanía, se logre que el agua esté destinada prioritariamente a las personas antes que a sectores empresariales que se nutren del recurso para sus actividades comerciales.
“Las empresas todo lo hacen por el dinero, van buscando la forma de obtener más dinero, no le importa el derecho de las personas”, aseguró Villarrivas, a la salida de uno de los centros de votación.
Parte del trabajo de concientización de la población sobre los riesgos de que el agua sea primero mercancía, antes que derecho humano de las personas, tuvo como antecedentes conflictos por el agua entre comunidades y grupos empresariales.
Como la lucha impulsada en 2013 por comunidades y organizaciones ambientalistas en Nejapa, 21 kilómetros al norte de San Salvador, donde Industrias La Constancia, parte del consorcio mundial AB InBev, pretendía perforar un pozo en la zona para ampliar su producción de agua embotellada, cervezas y jugos.
Aumentar la producción implicaba una disminución de la capacidad del acuífero de Nejapa, ya de por sí mermado, según expertos entrevistas por IPS cuando surgió la disputa. Pero las comunidades se opusieron y lograron frenar el proyecto.
Según el estudio Situación de los recursos hídricos en Centroamérica, publicado en marzopor Global Water Partnership (GWP), del total de agua disponible, solo 30,6 por ciento va destinado al consumo humano, mientras que 70 por ciento se distribuye en riego (50,6 por ciento), industrial (3,7 por ciento), generación de energía termoeléctrica (13 por ciento), acuícola (1,8 por ciento) y hotelero (0,02 por ciento).
En la consulta en esta localidad votaron 3.545 electores, de los que 3.464 apoyaron darle al agua el valor de derecho humano y solo 81 se pronunciaron en contra.
Pero esa participación no alcanzó por 300 votos al 40 por ciento del padrón electoral, el mínimo exigido para que el resultado de una consulta sea vinculante. Así que las autoridades municipales no están obligadas a regular el uso del agua como un derecho ciudadano, más allá de su masivo respaldo.
Pero las organizaciones que convocaron a la iniciativa van a realizar un trabajo de incidencia para que, aun cuando el resultado no fue el esperado, la municipalidad apruebe una ordenanza que recoja el sentir popular.
“Los votos a favor del sí es un compromiso para seguir trabajando en esta lucha”, aseguró a IPS la activista Araceli Argueta, gerente de Plataforma Global, una de las organizaciones convocantes a la consulta.
El Salvador es un país que se ubica ya en el umbral de estrés hídrico, según varios expertos e informes de organismos internacionales. Es decir, cuando la demanda de agua es más que la disponibilidad del recurso.
En este país centroamericano, de 6,4 millones de personas, 86,6 por ciento de la población tiene acceso al agua por cañería, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2015, elaborada por el Ministerio de Economía.
La consulta ciudadana, organizada por varias organizaciones civiles, se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio, el de lograr que la Asamblea Legislativa apruebe la Ley General de Aguas, estancada desde hace varios años.
“Si la ley no pasa, es porque hay intereses que están en contra, y el que no haya legislación está prestándose a usos indebidos del agua”, comentó a IPS el académico Andrew Cummings, director de la maestría en desarrollo territorial de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.[related_articles]
En 2006, un grupo de organizaciones sociales presentaron el primer proyecto de ley para regular el uso del agua y seis años después el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales introdujo otro, que no ha avanzado por la obstrucción de diputados de fuerzas de derecha, en la oposición.
Esos grupos opositores presionan para que los empresarios privados participen en la entidad reguladora establecida en el proyecto.
El gobernante e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) respalda la posición de las organizaciones sociales para que los agentes privados estén fuera del órgano llamado a determinar los usos del agua en el país.
“Cuando estamos hablando del agua como derecho humano no debería haber representación de la empresa privada, porque el recurso no es mercancía que se pueda negociar”, acotó Argueta, de Plataforma Global.
Los diputados de todas las fracciones políticas aprobaron en marzo una ley que prohíbe la explotación de la minería metálica, un paso histórico que sentó un precedente mundial.
Pero esa disposición a favor de una causa común, también con gran respaldo popular, no ha permeado al espinoso tema del agua, con intereses que entran en conflicto a nivel local entre la ciudadanía, especialmente en las áreas rurales, y el poder económico.
“La diferencia es que la minería era un interés transnacional, sin que la oligarquía local tuviera mucha presencia, pero el agua es muy diferente”, analizó para IPS el ambientalista Carlos Flores, de la Unidad Ecológica Salvadoreña.
“Gran cantidad de empresarios en diferentes sectores, y que tienen gran capacidad de lobby, tienen intereses en el sector agua, y eso es lo que está actuando contra la ley de agua”, detalló.
Entre esos intereses mencionó al sector azucarero, que irriga cultivos de caña de azúcar por medio de pozos, mientras la población se queja de que sus pozos domiciliares se están secando precisamente por el uso del agua para el cultivo de la caña.
Fuentes del sector azucarero aseguraron a IPS, en una investigación de julio del 2016 sobre los daños ambientales de esa agroindustria, que solo se utiliza el sistema de riego en 15 por ciento de las 166.000 hectáreas dedicadas al cultivo de caña.
Editado por Estrella Gutiérrez
