La Asamblea legislativa de la provincia de Sind hizo obligatorio el análisis de ADN para los casos de violación en el marco de las reformas realizadas en Pakistán para reforzar las leyes contra la agresión sexual y los asesinatos por honor.
La aprobación de la norma sigue al votó unánime con que el Parlamento nacional aprobó las reformas para eliminar los vacíos legales del sistema de justicia penal y aumentar las condenas en los casos de violación.
Durante mucho tiempo, los acusados se veían beneficiados por la necesidad de presentar testigos y evidencia circunstancial en los casos de violación, y el número de condenas era despreciable en este país.[pullquote]3[/pullquote]
La nueva norma nacional, Ley Antiviolación, que también habilita la evidencia de ADN, da un plazo de tres meses para emitir los veredictos y de seis meses para apelar.
El texto de la ley también permite los juicios a puertas cerradas y el uso de tecnología para registrar el testimonio de las víctimas y de los testigos con el fin de evitar la humillación de las primeras, una de las razones por las que ellas y sus familias no llevaban el caso a la justicia.
Otro de los asuntos importantes que introduce la norma es que procura proteger la identidad de la víctima en los medios. Las personas que violen la privacidad de las demandantes podrán sufrir hasta tres años de cárcel y multas.
Los medios de comunicación han sido criticados por revelar los nombres de las víctimas y, a veces, hasta publicar su fotografía.
Fauzia Viqar, presidenta de la Comisión de Punyab sobre el Estatus de las Mujeres (PCSW, en inglés), dijo a IPS que la ley requiere que la policía reúna las pruebas en presencia de una mujer policía.
También se recomiendan medidas estrictas para los casos de violación en custodia policial. Además, las conductas pasadas de la víctima y su relación con el agresor no implicarán el consenso al acto sexual, precisó.
Casos “mal manejados desde el principio”
Amina Bibi, de esta provincia de Punyab, fue violada el 5 de enero de 2014 por cuatro hombres que quedaron en libertad bajo fianza. Desesperada, la adolescente de 18 años se inmoló fuera de la comisaría el 13 de marzo y murió a causa de las heridas al día siguiente.
La Corte Suprema de Pakistán actuó en el caso y pidió una investigación policial, que fue presentada el 21 de abril y que decía que Amina no había sido violada. Pero el informe no satisfizo al alto tribunal que lo descartó porque, entre otras cosas, no pudo encontrar otra razón para el suicidio de la adolescente.
El caso de Amina puso en evidencia el drama que viven las miles de víctimas de violación en este país por las fallas del sistema de justicia penal, las inhibiciones socioculturales, las actitudes negativas de los investigadores, los problemas de la policía para reunir las pruebas y la humillación que sufren en los tribunales.
La Oficina Nacional de Policía (NPB, en inglés) señala que las denuncias por violación ascienden a unas 3.000 al año, y se registraron 3.173 en 2012 y 3.164 en 2013. Sin embargo, las condenas representan menos de cuatro por ciento, según la organización no gubernamental Guerra contra la Violación (WAR, en inglés.)
“Una de las razones de que haya tan pocas condenas es que los casos de violación se manejan mal desde el principio”, explicó el abogado Asad Jamal, representante de varias víctimas, en diálogo con IPS en Lahore, capital de Punyab.
La policía no recoge la evidencia científica en los casos de violación ni sabe cómo registrar las declaraciones de las víctimas traumatizadas, denunció Jamal, quien ejemplificó con un caso en el que trabaja actualmente en que los oficiales ni siquiera guardaron la ropa que llevaba la víctima durante la agresión sexual.
En el caso de Amina Bibi, la policía no había realizado las pericias forenses correspondientes en tiempo y forma ni los análisis de ADN, lo que llevó al ministro jefe de Punyab, Shahbaz Sharif, a suspender a varios oficiales de alto rango y a ordenar la detención de otros.
A veces la policía insiste en registrar nombres de testigos falsos para dar más solidez al caso, contó Jamal, pero es una práctica que termina beneficiando al agresor, en especial en las instancias de apelación.
“Lo ideal es que la evidencia del ADN y las pruebas científicas sean suficientes para condenar al imputado, pero por desgracia, la justicia depende demasiado en testigos para la evidencia primaria”, se lamentó
Otro asunto determinante, apuntó Jamal, es que las víctimas de violación suelen pertenecer a sectores desfavorecidos de la sociedad y los agresores, a los más poderosos.
Los datos revelan que las niñas de entre nueve y 19 años de familias de bajos ingresos son las más vulnerables a la violación.
“Por eso aumenta el número de trabajadoras domésticas violadas”, acotó.[related_articles]
El fundador de la Línea de Ayuda Nacional Madadgar para mujeres y niños, Zia Awan, dijo a IPS: “El número de denuncias de violación en Pakistán es apenas una fracción del número real”.
Awan recibió un gran número de llamadas de mujeres indecisas sobre si denunciar o no una violación o que permanecen calladas para evitar la humillación y un estigma de por vida. La impunidad de los violadores y el calvario que sufren las víctimas hacen que estas no recurran a la justicia, explicó.
“La actitud vergonzosa de la sociedad, de la policía y de los abogados hacia las víctimas es el mayor obstáculo a la hora de hacer justicia”, se lamentó el abogado Faisal Siddiqui, de Karachi, capital de Sind.
Una clienta víctima de violación necesitó terapia psicológica durante dos años después de presentarse en la justicia para las repreguntas, indicó. El abogado defensor le preguntó hasta los detalles más insignificantes, haciéndole revivir el traumático incidente una y otra vez.
Fuentes allegadas a investigaciones sobre casos de violación dijeron a IPS que las costumbres socioculturales hacen que la policía atribuya la culpa en las denunciantes y busque probar que son mujeres de baja moral. Su percepción es que una mujer “realmente” violada no realizaría la denuncia por vergüenza y por temor a la humillación pública.
Además, antes, si la víctima tenía algún tipo de relación con el agresor, y consideraban que tenía actividad social o un estilo de vida “moderno”, la policía se inclinaba a creer que la denuncia era falsa.
El abogado de Lahore, Shahid Ghani, recordó que antes “cuando un hombre era procesado por violación o por intento de agresión sexual, podía ser un indicio de que la fiscal tenía un carácter inmoral”.
Además, Ghani señaló que había una norma que permitía revisar la historia de la víctima para probar que no era inocente o que tenía una vida sexual activa.
El proyecto Policía con Respuesta de Género, lanzado por la agencia de desarrollo alemana GIZ con NBP, hizo que muchos dirigentes se dieran cuenta de la necesidad de más mujeres policías para atender los casos de violación.
Ali Mazhar, responsable de comunicaciones de GIZ, dijo a IPS que muchas mujeres policías había recibido capacitación para atender los casos de violación.
El programa también prevé la creación de unidades de denuncias para mujeres en las comisarias, donde las policías reciben a las denunciantes en un entorno sin acoso ni miedo.
Traducido por Verónica Firme
