El set de Izcanal Radio y Televisión es sencillo y austero, pero esta estación televisiva hizo historia en El Salvador al ser la primera, y hasta ahora la única, en dar el salto de la radio a la televisión comunitaria, en 2006.
Lo ha hecho mediante una compañía local de cable, no en señal abierta, pero eso podría cambiar muy pronto.
“Nuestro mayor deseo es competir para que Izcanal tenga su frecuencia y transmitir en señal abierta, ese es nuestro sueño”, dijo Wilfredo Hernández, coordinador de Prensa de la emisora, nacida en febrero de 1993 y ubicada en Nueva Granada, un municipio del oriental departamento de Usulután.[pullquote]3[/pullquote]
La señal de Izcanal llega hasta los residentes en esta y otras 35 localidades cercanas, pero para sintonizarla deben contar con el servicio de pago por cable.
Su programación tiene como enfoque el mostrar los hechos e iniciativas positivas que suceden en la comunidad, basados en ejes como el desarrollo local, mujeres y género, ambiente, cultura de paz y migración, entre otros.
“Los medios grandes, nacionales, no presentan las cosas buenas que se hacen en las comunidades, la opción somos nosotros”, explicó Sandra Juárez, coordinadora de Programación y Contenido, mientras editaba en un ordenador un archivo de audio.
Las esperanzas de Hernández y de Juárez están cifradas en que los sectores de la radio y la televisión, altamente dominados por emisoras privadas de corte comercial, evolucione hacia una mayor apertura y democratización, para lo que las autoridades deben generar las condiciones adecuadas.
Hay bases legales y operativas para la apertura a nuevos y alternativos proyectos, que redundaría en un fortalecimiento de la libertad de expresión, estimaron ambos a IPS.
El gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén anunció ya el arranque de la televisión digital en 2018, una nueva tecnología que optimizará el ancho de banda y podrá dar cabida a nuevas estaciones, sobre todo comunitarias, públicas y académicas, entre otras.
Para la migración digital, las autoridades seleccionaron el modelo ISDB-Tb, conocido como el “japonés-brasileño”, el aprobado en América Latina, excepto en Colombia y Panamá.
Además, organizaciones sociales aglutinadas en la Red por el Derecho a la Comunicación (RedCo) luchan porque el Estado salvadoreño, mediante la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), promueva la inserción de esos nuevos jugadores en las bandas televisivas y que también abra espacios en el saturado dial de la radio.
La ampliación del espectro radioeléctrico adquiere fuerza tras la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, vigente desde mayo de 2016, que reconoce a las emisoras comunitarias y otras sin fines de lucro, y establece mecanismos alternos para que participen en la concesión de frecuencias, como la asignación directa y el concurso.
Al finalizar la guerra civil (1980-1992), una veintena de radios comunitarias se incorporaron al espectro, inicialmente transmitiendo sin autorización desde frecuencias privadas, lo cual generó persecución policial.
En 2008 lograron obtener, mediante terceros, una licencia en frecuencia modulada (FM), que fraccionaron y zonificaron para emitir su programación, aunque con dificultades de interferencia.
Por años batallaron para que se anulara el sistema de subastas, impuesto por la ahora reformada Ley de Telecomunicaciones de 1997, un esquema que impedía a los medios comunitarios competir en igualdad de condiciones.
En 2015, la Corte Suprema de Justicia les dio la razón al dictaminar que debían existir criterios distintos a la subasta para garantizar la participación de estos actores, ante recursos de inconstitucionalidad interpuestos por organizaciones sociales en 2012 y 2013 contra ese mecanismo y otros aspectos de la ley.
La inclusión de esos nuevos jugadores en radio y televisión daría un perfil más plural e inclusivo al universo mediático del país, que fortalecería la libertad de expresión, dijo Leonel Herrera, director de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas).
“El derecho a la libertad de expresión tiene que ver con el acceso a diferentes fuentes de información y a espacios de participación, y cuando el esquema mediático es excluyente y corporativo, no es posible generar ese derecho”, acotó Herrera a IPS.
Pero ampliar la entrega de frecuencias enfrenta la frontal oposición del sector radiofónico comercial, controlado por cinco consorcios empresariales, que acaparan 92 por ciento del espectro, según datos de la Siget.
El segmento de la televisión abierta está casi en su totalidad en manos privadas, aunque de los 42 canales, siete son no comerciales y están regidos por organizaciones religiosas y otros dos son estatales.
Futuro incierto
Pero la entrada de nuevos jugadores, tanto en radio como en televisión, no puede darse por hecho, y si el esquema actual permanece intacto, bloqueando participantes alternativos, se robustecería la concentración mediática en monopolios y oligopolios, consideró Herrera.
En el caso de la televisión, la plataforma digital y su mayor ancho de banda facilitan la amplitud y diversificación de la oferta, pero Herrera criticó que los actuales concesionarios pretenden mantener todo el ancho para sus canales.[related_articles]
En la radio el panorama es más difícil aún, porque el espectro está ya saturado y los consorcios comerciales rechazan otorgar espacios al sector comunitario, aunque hay propuestas de dividir el ancho de frecuencias para duplicar el espacio.
“La Siget tiene que cumplir y abrir los espacios, no le queda otra, sino la reforma que nos da reconocimiento como radios comunitarias solo se queda en papel”, comentó Hernández, de Izcanal.
Una solicitud de IPS para entrevistar a la superintendente de la institución reguladora, Blanca Coto, no obtuvo respuesta.
Una rendija para generar licencias en radio podría abrirse este año, cuando se lleve a cabo la renovación de frecuencias, un proceso que realiza cada 20 años. Hasta la reforma legal de 2016, se prorrogaban automáticamente, en un mecanismo que aseguraba a los concesionarios un usufructo casi vitalicio.
Ahora tendrán que cumplir con criterios como el de estar al día con los pagos, falta de infracciones graves y uso correcto de la señal.
RedCo sostiene que con esos parámetros casi todas las estaciones pueden lograr la renovación y considera que deben considerarse otros aspectos, como si el origen de la licencia tuvo un proceso legal y transparente.
Eso porque un informe de la presidencial Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción reveló en septiembre del 2016 que 60 por ciento de las concesiones otorgadas antes de la Ley de Telecomunicaciones de 1997 carecen de respaldo documental que confirme la adjudicación.
Hasta entonces, al ente regulador de la época otorgaba frecuencias como premio por favores políticos o para beneficiar a parientes y amigos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en el poder desde 1989 hasta 2009.
Si la Siget incluye ese factor de transparencia propuesto por las organizaciones integradas en RedCo, podría haber algunas licencias que no logren renovarse, y allí surgirían posibilidades para las estaciones comunitarias.
Pero aun si se otorgan las licencias en radio y televisión, ello es insuficiente para propiciar un esquema mediático más democrático. Se necesita que el Estado apuntale esas medidas con políticas públicas que las fomenten y desarrollen, dijeron los entrevistados.
Las organizaciones de RedCo ya entregaron a las autoridades una Propuesta de una Política Pública en Comunicaciones, para contribuir a un debate que, al final, genere medidas claras para democratizar los medios en el país.
Editado por Estrella Gutiérrez
