«¿Por qué las autoridades no se ponen en el lugar de nosotros?”, preguntó el líder indígena panameño Cándido Mezúa, respecto a la participación en políticas de conservación y reparto de beneficios por la protección forestal que aportan los pueblos originarios.
Mezúa, del pueblo emberá y dirigente de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, dijo a IPS que “el beneficio debe estar reconocido por el Estado como un mecanismo valioso para la sostenibilidad a largo plazo, como una medida de mitigación propia de los pueblos indígenas”.
Pero no se ha avanzado en cuál será la recompensa y en mecanismos “claros” de compensación, lamentó el dirigente, durante un cónclave indígena en el marco de la reunión anual del Grupo de Trabajo de Gobernadores del Clima y los Bosques (GCF, en inglés), que comenzó el lunes 29 y se clausurará el jueves 1, en la ciudad de Guadalajara, en el occidente de México.[pullquote]3[/pullquote]
El reclamo de este indígena emberá se extiende también a la 22 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22), que se desarrollará del 7 al 18 de noviembre en la ciudad marroquí de Marrakech.
Además, busca incidir en la agenda de la 13 Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), que se escenificará en el sudoriental balneario mexicano de Cancún entre el 4 y el 17 de diciembre.
“Deben considerarse los puntos de vista de las organizaciones locales para la implementación de cualquier acción en el territorio”, señaló Edwin Vázquez, coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica.
El activista subrayó a IPS que las organizaciones indígenas “promovemos estrategias de desarrollo sostenible propias que están adecuadas a los estándares locales, nacionales e internacionales y que se destacan por tener como eje central los saberes y prácticas de los pueblos”.
Mientras las agrupaciones de pueblos originarios afinan sus posicionamientos frente a la COP22 de Marrakech y la CBD de Cancún, la declaración emitida en esta ciudad mexicana por las organizaciones indígenas sirve de adelanto de lo que serán sus planteamientos.
En el documento “Principios rectores de colaboración entre miembros del Grupo de Gobernadores sobre Clima y Bosques y los pueblos indígenas y comunidades locales”, se demanda que el diseño y ejecución del plan para la Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+) incorpore la participación “plena y efectiva” de pueblos originarios y comunidades locales.
Además, solicitan una consulta para obtener el consentimiento libre, previo e informado sobre esas medidas, las cuales “reconocerán y fortalecerán los derechos territoriales de pueblos indígenas y comunidades locales”.
En cuestión de financiamiento, esos actores impulsarán mecanismos de financiamiento y distribución de beneficios para la aplicación de las acciones referidas.
Se “incluirán sistemas de salvaguardas sociales y ambientales” vinculantes para que los pueblos indígenas y comunidades locales enfrenten los riesgos de esas políticas.
El GFC puede ser un laboratorio ante el desempeño de la CDB y la COP22, pues el énfasis de los gobernadores recae especialmente en los planes de REDD+.
Se trata de un plan de acción que financia programas nacionales en países del Sur en desarrollo, para combatir la deforestación, reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y fomentar el acceso de los países participantes al apoyo técnico y financiero con esos fines.
La iniciativa forma parte del Programa Conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (ONU REDD) y actualmente abarca a 64 países.
El grupo de gobernadores del clima, creado en 2009, reúne a siete estados, provincias o departamentos de Brasil, dos de Costa de Marfil, uno de España, dos de Estados Unidos, seis de Indonesia, cinco de México y uno de Perú.
Financiado por varias fundaciones estadounidenses y la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo, el GCF busca avanzar en programas diseñados para promover el desarrollo rural de bajas emisiones y REDD+.
Además, trabaja para vincular estos esfuerzos con otras iniciativas para reducir otros gases de efecto invernadero, los regímenes de recorte de emanaciones y otros planes de pago por desempeño.
Más del 25 por ciento de los bosques tropicales del mundo se encuentran en los estados y provincias del GCF, incluyendo más de 75 por ciento de Brasil y Perú y más de la mitad de Indonesia.
Los bosques atrapan el carbono de la atmósfera y lo almacenan en sus troncos y en el suelo. De ahí la importancia de frenar la deforestación y evitar liberarlo a la atmósfera. Además, los árboles controlan el ciclo hidrológico, al permitir la evaporación del agua y alimentar la lluvia.
“Debe haber condiciones para la participación efectiva en las etapas de preparación” de los planes, recalcó a IPS el presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, Gustavo Sánchez, presente en los debates del GCF.
En su reunión anual de 2014, en el noroccidental estado brasileño de Acre, los gobernadores se comprometieron a que sus regiones reducirán la deforestación en 80 por ciento para 2020 mediante financiamiento internacional basado en resultados.[related_articles]
Así, los estados brasileños del GCF podrían evitar la emisión de 3,6 millones de toneladas de gases al año.
Entre 2000 y 2010, las emisiones de CO2 por deforestación totalizaron 45 millones de toneladas en México.
Para reducirlas, este país adoptó la meta de cero deforestación para 2030. Los cinco estados mexicanos participantes en el grupo de gobernadores podrían reducir anualmente 21 millones de toneladas de CO2 para 2020, cerca de la mitad de la meta asumida.
Perú ha ofrecido el recorte de 20 por ciento de sus emisiones, las cuales totalizarían 159 millones de toneladas a 2030 por uso de la tierra, cambio en su uso y corte forestal. Ese país podría bajar entre 42 millones y 63 millones por año en el ramo forestal para ese año.
El grupo gestiona un fondo, instituido en 2013, que busca garantizar y desembolsar 50 millones de dólares anuales, a partir de 2020, para construcción de capacidades y ejecutar proyectos innovadores.
No fue sino hasta 2014 que el grupo de gobernadores convocó a las organizaciones indígenas para conformar alianzas.
Los países latinoamericanos aún no han mostrado mecanismos de cómo pueden usar las reducciones de emisiones alcanzadas para asegurar pagos por resultados. Pero REDD+, criticado por muchas organizaciones indígenas y comunitarias, se encuentra en pañales en la región, pues solo Costa Rica está por comenzar a participar en el plan.
México, por su parte, está culminando la consulta de la Estrategia Nacional REDD+.
“Siempre hemos tenido políticas climáticas ancestrales. El GCF puede consolidar una propuesta más completa, con alianzas entre jurisdicciones diferentes”, sostuvo Mezúa.
Sánchez consideró que las metas se alcanzarán si incluyen a los administradores de los recursos naturales. “Habrá poco alcance si se descansa en políticas de REDD+, que aún están en diseño. Debe haber un mecanismo que reúna todos los esfuerzos”, sugirió.
Para Vázquez, es “determinante” que en el proceso de gestión se “realicen procesos para el establecimiento de salvaguardas, mecanismos de participación en las decisiones y aplicación de plan de acción y participación equitativa en los beneficios”.
Editado por Estrella Gutiérrez
