“Vete tú y le avisas a mi papá que aquí me detuvieron”, dijo Maximiliano Gordillo Martínez a su compañero de viaje el 7 de mayo, en la estación migratoria de Chablé, en el sureño estado mexicano de Tabasco. Fue la última vez que fue visto con vida y lo último que sus padres saben de él.
Gordillo, de 19 años, y su amigo, habían dejado su comunidad en el también sureño estado de Chiapas para ir a buscar trabajo a la turística ciudad de Playa del Carmen, en el estado suroriental de Quintana Roo. Un recorrido de 1.000 kilómetros de carretera para dejar atrás la zona indígena del segundo estado más pobre del país.
Pero a la mitad del camino, fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración, que retuvieron a Maximiliano por creerlo guatemalteco, a pesar de que el joven del pueblo originario tzeltal, presentó su documentación que lo acreditaba como ciudadano mexicano.[pullquote]3[/pullquote]
Cuando su compañero de viaje quiso intervenir, fue amenazado por los agentes. Le dijeron que lo acusarían de ser traficante de migrantes. El muchacho, cuyo nombre se mantiene en reserva, se fue despavorido y al llegar a su destino se comunicó con Arturo Gordillo, el padre de Maximiliano, para contarle lo que había pasado.
Han pasado más de tres meses y los padres de Max, como le llaman en la familia, no dejan de buscarlo. El lunes 22 llegaron a Ciudad de México, apoyados por organizaciones defensoras de derechos humanos, para denunciar la desaparición forzada del mayor de sus cinco hijos.
Nunca antes habían salido tan lejos de Tzinil, una comunidad tzeltal del municipio de Socoltenango que, de acuerdo con los datos oficiales, tiene a cuatro de cada 10 habitantes en condiciones de pobreza extrema y el resto son únicamente pobres.
“Nuestro sentimiento por la desaparición de mi hijo es muy duro. Lo tengo que hacer (la denuncia) porque es mucho el dolor y no quiero que le pase a otro padre, que tenga que ser humillado y lastimado así por el gobierno”, dijo a IPS el padre, Arturo Gordillo, en un español apenas masticado.
“El Instituto ignora, su corazón es duro”, insistió, en referencia a las autoridades migratorias mexicanas. A su lado, su esposa, Antonia Martínez, no dejaba de llorar.
El caso de Maximiliano Gordillo se suma a otros 150 civiles chiapanecos desaparecidos en territorio mexicano en rutas migratorias internas, aseguró a IPS el portavoz de la organización Voces Mesoamericanas, Enrique Vidal.
Y esos se agregan miles de migrantes centroamericanos que han desaparecido en México en la última década y que, según las denuncias de defensores de migrantes, muchos de ellos habrían sido entregados por funcionarios y policías a grupos criminales para ser extorsionados empleados forzadamente dentro de sus organizaciones.
El único dato oficial para aproximarse al problema es un informe de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos, que registró 21.000 secuestros de personas migrantes en 2011.
Pero tampoco se trata de un problema solo de personas migrantes. En México, la desaparición forzada es un práctica “generalizada y sistemática”, concluye el informe “Atrocidades innegables”, elaborado por la fundación internacional Open Society Justice Initiative en colaboración con cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos.
La investigación documenta graves violaciones a derechos humanos cometidas en México entre 2006 y 2015 y plantea que son crímenes que deben ser considerados de lesa humanidad, por su naturaleza sistemática o generalizada contra la población civil.
Son desapariciones perpetradas por autoridades militares, federales y estadales. Una práctica difícil de entender en una democracia, insisten los activistas humanitarios locales e internacionales.
“Una sola desaparición forzada o por motivos políticos, en cualquier país, tendría que poner en duda si efectivamente hay un Estado de Derecho. No puede hablarse de una democracia con víctimas de desaparición forzada”, dijo Héctor Cerezo, responsable de la documentación de desapariciones forzadas del Comité Cerezo México.
El Comité Cerezo es la organización más sólida en la documentación de desapariciones forzadas, sean o no por motivos políticos.
El miércoles 24 presentó su informe “Defender los derechos humanos en México: La normalización de la represión política”, que documenta 11 casos de desapariciones forzadas de defensores de derechos humanos entre junio de 2015 y mayo de 2016.
“Al ampliarse el uso de la desaparición forzada funciona también como mecanismo de control social y cambio de rutas migratorias, como mecanismo de reclutamiento forzado de jóvenes y de mujeres y como un mecanismo de desplazamiento forzado que se ejerce en regiones específicas contra toda la población”, dice el documento.
Cerezo aseguró en diálogo con IPS que en México, la desaparición forzada “pasó de ser un mecanismo de represión política a una política de Estado que quiere generar terror en la población”.
En el mismo sentido que las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió en marzo a México, que reconozca la “gravedad de la crisis de derechos humanos que enfrenta”.
El informe que presentó la CIDH de su visita a México en 2015, denuncia cifras “alarmantes” de desapariciones involuntarias y desapariciones forzadas, con intervención de agentes del Estado, así como los altos índices de ejecuciones extrajudiciales, torturas, inseguridad ciudadana, falta de acceso a la justicia e impunidad.
El gobierno mexicano ha rechazado una y otra vez los señalamientos de organismos internacionales. Pero su negación de la gravedad del problema ha tenido pocas consecuencias.
Este 30 de agosto, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la comunidad internacional, subrayan los activistas consultados por IPS, tiene la posibilidad de voltear a la crisis mexicana y llamar a cuentas a un Estado que sistemáticamente desaparece a sectores de la población civil, como han documentado las organizaciones.
No todo es negativo respecto a este fenómeno de las desapariciones forzadas, que se contradice con la democracia de este país latinoamericano de casi 120 millones de habitantes sin conflicto interno.[related_articles]
Este año, familiares han ganado dos importantes batallas legales, una de ellas es un mandato al Ejército para que abra sus instalaciones a la búsqueda de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario desaparecidos en Oaxaca, aunque la setencia no se ha cumplido.
Tampoco hay avances en la Ley General contra la Desaparición Forzada que se discute en el Congreso legislativo.
“El último borrador no cumple con los estándares internacionales de desaparición forzada ni con las necesidades de víctimas, que no tienen recursos efectivos para enfrentar el proceso judicial de la desaparición de sus familiares. No hay un acceso real, ni a la justicia ni a la reparación, mucho menos a la no repetición”, dijo Cerezo
En el más reciente caso público, el de Maximiliano Gordillo, la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas del gobierno federal se ha negado a pedir la investigación de su delegación en Tabasco.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares, pero ha evitado emitir una recomendación contundente. Mientras, el Instituto de Migración rechaza haber retenido al joven, pero se niega a entregar la lista de los funcionarios, videos y registros de entradas y salidas de la caseta de migración donde fue visto por última vez.
El joven cumplió el mismo lunes 22 de agosto 19 años. “Sentimos muy triste sin él. Celebramos un cumpleaños amargo, un cumpleaños de dolor”, dijo su padre a IPS, antes de anunciar que a partir de este jueves 25 de agosto, en más de 60 municipios de Chiapas habrá carteles para buscarlo.
Mientras los días pasan sin que las investigaciones avancen, el indígena va de foro en foro con una petición: “Si ustedes, hermanos, hermanas, pueden hablar al gobierno, pídanle que nos devuelva mi hijo, porque ellos lo tienen, ellos lo llevaron”.
Editado por Estrella Gutiérrez
