Los pueblos indígenas de todo el mundo siguen luchando por lograr la autodeterminación en materia de educación, como lo demuestran las últimas protestas en el estado mexicano de Oaxaca, que dejaron a varias personas muertas.
“Para los indígenas, las (actuales) reformas educativas (en México) imponen prácticas culturales hostiles, que colocan al individuo en el centro, no a la cooperación ni al trabajo en equipo ni al bien común por encima de los logros personales”, explicó René González Pizarro, maestro e integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con orígenes mixe, en el estado mexicano de Oaxaca.[pullquote]3[/pullquote]
“Las reformas no toman en cuenta al público en general, siguen la lógica de los mercados”, arguyó en diálogo con IPS.
Los maestros y las maestras de México, y en especial de los estados del sur, donde se registran algunos de los mayores índices de pobreza y donde se ubican la mayoría de los pueblos indígenas, llevan adelante movilizaciones en contra de las reformas educativas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto.
La propuesta de Peña Nieto sigue el modelo de leyes y de políticas que apuntan a la eliminación de los sindicatos, entre ellos los docentes. También ha propuesto pruebas estandarizadas, que según los maestros perjudicarán a los estudiantes indígenas y de comunidades marginadas.
“Los sistemas educativos tienen que cambiar, primero y sobre todo, para empoderar a las identidades y a las culturas indígenas, y luego para generar procesos interculturales pacíficos”, dijo a IPS el presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Álvaro Esteban Pop Ac.
“El gran desafío”, según él, es comenzar a ver la integración desde una perspectiva contraria, “se habla del intercambio intercultural de los mestizos y blancos hacia los indígenas, pero no viceversa”, arguyó.
Justamente, el derecho a la educación es el tema este año del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 de agosto, porque el acceso a una escolaridad apropiada a sus métodos culturales de aprendizaje y con pleno reconocimiento de su diversidad, de sus valores y de sus necesidades específicas, incluyendo el aprender en su lengua materna, se considera la clave para romper con su vulnerabilidad y exclusión.
Oaxaca es el segundo estado más pobre de México después de Chiapas, y tiene la mayor proporción (63, 73 por ciento) de personas pobres y la mayor diversidad de población indígena.
En la primera semana de junio, los maestros, las maestras y sus familias acamparon en la ciudad e Oaxaca, llenando muchas calles con lonas, así como toda su plaza principal.
El clima era tenso y firme, pero pacífico, a medida que miles de maestros y maestras se reunían a protestar contra las reformas y a organizarse contra las propuestas que, según ellos, profundizarán la exclusión de las personas más pobres, muchas de las cuales son indígenas.
Pero menos de tres semanas después, el 19 de junio, estalló la violencia entre las fuerzas de seguridad y los maestros, tras el aumento de tensión por los cortes de calles en protesta por la detención del líder sindicalista Rubén Nuñez, en la municipalidad de Nochixtlán.
En los enfrentamientos, la policía mató a seis personas y dejó a cientos más heridas.
“El grado de violencia desplegada por la policía estadual y federal dejó varios muertos. La mayoría eran mixtecos de los alrededores de Nochixtlán, e integraban el contingente de la resistencia de apoyo a los maestros (en conflicto) o eran personas que se acercaron tras enterarse del asalto policial”, dijo Pizarro a IPS.
“La violencia estatal contra los movimientos sociales en México es común, y la violencia armada contra la resistencia indígena ha sido una constante en la historia de México”, observó.
Cuando el ataque, Álvaro Pop emitió una declaración de condena en que destacó: “toda reforma educativa debe considerar la diversidad étnica y cultural, así como la realidad social y económica del país”.
Esos asesinatos son los últimos de una larga historia de violencia estatal, que concentró la atención pública una vez más a partir de 2014, cuando desaparecieron 43 alumnos indígenas de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en la municipalidad de Iguala, en el estado de Guerrero, cuando se dirigían a conmemorar la masacre de 1968 en Tlatelolco, donde murieron unos 300 estudiantes.
La escuela tiene historia de movilizaciones de izquierda y sus estudiantes, la mayoría de los cuales son indígenas, aprenden a enseñar con una perspectiva intercultural y bilingüe.
“Lo peor no es solo la violencia armada, sino la política del silencio”, subrayó Pizarro.
“Tanto en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa como en el caso de Nochixtlán, así como en otras situaciones, sus orígenes indígenas o el componente indígena del grupo, fueron borrados”, precisó.
“Nadie habla de los 43 como indígenas, sino como ‘normalistas’ o simplemente ‘estudiantes’. Se habla de Nochixtlán como una lucha por la educación, lo que invisibiliza el apoyo de los mixtecos y los triquis, que estaban allí y que se volcaron a ayudar un domingo y se organizaron para denunciar la agresión de la policía contra la comunidad”, remarcó.[related_articles]
El antropólogo Alfredo Saynes-Vásquez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, es de origen zapoteca, un pueblo indígena del istmo de Tehuantepec, que habla su lengua nativa y estudia las consecuencias de la globalización y de los centros urbanos dominantes sobre el conocimiento ecológico tradicional.
Saynes-Vásquez también trabaja con estudiantes de la enseñanza primaria y secundaria, motivando a las nuevas generaciones a aprender su historia y a conocer su ambiente particular, así como la importancia de comprender que la lengua tiene “una carga política. Nadie puede evitarla, incluso en el uso de la sintaxis”, precisó.
Sin embargo, “conocer su historia y su entorno no es suficiente para defenderse del Estado”, acotó.
“Hay un proceso de homogeneización, para que la gente sea toda igual, que hablen una sola lengua”, dijo a IPS. “Conocer su entorno es una forma de resistencia que propone valores diferentes a los de la administración pública”, remarcó.
El artículo 14 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala: “Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes”, derecho que, por otra parte, está consagrado en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, así como en órganos mexicanos y en el artículo 2 de su Constitución.
Casi 10 años después de aprobada, la declaración del foro mundial parece una herramienta frágil a la luz de los obstáculos que parecen insuperables y de las injusticias profundamente arraigadas.
“Estamos en el comienzo”, observó Álvaro Pop. “Todos necesitamos hacer más, tanto los estados como el sistema de las Naciones Unidas. Es poco tiempo, de 2007 a la actualidad, apenas vamos a llegar a 10 años. Los problemas son enormes; las tragedias son inmensas”, se lamentó.
Pero “tiene la capacidad de ser una herramienta de empoderamiento, acotó; ocupa un lugar que le permite llamar la atención de las autoridades y de generar un análisis crítico de la legislación nacional y de cómo podría armonizarse con las estructuras internacionales”, observó.
“Necesitamos más inversiones en los territorios indígenas, otorgarles mayores libertades y capacidades para decidir sus destinos”, apuntó Álvaro Pop, y subrayó: “necesitamos una nueva ética en la acumulación de la riqueza”.
Traducido por Verónica Firme
