El enfrentamiento a problemas sociales, como la inequidad y la discriminación sexual y raza, debe formar parte de la agenda del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), plantean activistas.
De la cita del único partido legal en esta isla caribeña, a celebrarse del 16 al 19 de este mes, se espera emanen importantes cambios en la actual reforma económica, un plan nacional de desarrollo hasta 2030 y la revisión del documento partidista que de alguna manera encaró inequidades criticadas por la ciudadanía por largo tiempo.
Los 1.000 delegados al congreso analizarán seis documentos, según informó el oficial diario Granma, entre ellos el cumplimiento de la Primera Conferencia Nacional del PCC, que analizó en 2012 asuntos sociales, el eslabón más débil de las transformaciones en el país, según especialistas.
“Resulta lícito suponer, pues, que el Congreso del PCC que se avecina pase a los hechos y adopte medidas concretas que inicien el largo y tortuoso camino para hacer desaparecer o amenguar rápidamente las discriminaciones”, dijo a IPS vía correo electrónico el luchador antirracista Tato Quiñones.
La conferencia acordó “enfrentar los prejuicios y conductas discriminatorias por color de la piel, género, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial y otros que son contrarios a la Constitución y las leyes, atentan contra la unidad nacional y limitan el ejercicio de los derechos de las personas”, citó Quiñones del documento conclusivo.
También la conferencia de PCC, al que la constitución local otorga el papel de fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, quedó en “enfrentar la violencia de género e intrafamiliar”.
Activistas consultados por IPS coincidieron en que falta un largo camino para mantener y garantizar más derechos a sectores en desventaja como mujeres, afrodescendientes y personas no heterosexuales.
La psicóloga Sandra Abd’Allah-Álvarez alertó sobre la ausencia de “mecanismos legales eficientes para luchar contra el prejuicio cotidiano”.
A su juicio, “sigue sin saberse qué hacer cuando se es objeto de discriminación racial”, aunque proyectos como el de asistencia jurídica de la Alianza Unidad Racial, de la abogada Deyni Abreu, “intentan llenar ese vacío”.
La también bloguera, que desde 2013 está afincada en Alemania pero mantiene vínculos con el país, instó a diseñar “acciones afirmativas para la población negra y mestiza que propicien su integración sobre todo en la economía”.
Propuso otorgar microcréditos a este segmento además de a mujeres, jóvenes y personas discapacitadas, para que puedan insertarse en el creciente sector privado, donde suelen percibirse mejores salarios que el promedio equivalente a 23 dólares mensuales del trabajo estatal, el mayor empleador del país.
Cuba tiene 11,2 millones de habitantes, de los cuales 9,3 por ciento es de piel negra y 26,6 por ciento mestiza, según el último censo, de 2012.
Investigadores como Mayra Espina observan un “aumento de la pobreza y desigualdad” en el país, acentuada por la reforma económica, sobre todo en grupos que arrastran desventajas históricas como las mujeres, personas no blancas, de la tercera edad y la zona oriental del país, la de menor nivel de desarrollo.
Incluso Espina señala que el índice Gini, que mide la falta de equidad en los ingresos de la población, aumentó de 0,24 en 1984 a 0,40 en 2013.
Sobre el enfrentamiento a la violencia de género, la socióloga Magela Romero enumeró avances, asuntos pendientes y hasta retrocesos.
Valoró que aumentaron los estudios sobre “el fenómeno y que visibilizan la urgencia de crear estrategias efectivas para la prevención y atención” de las víctimas. Y los medios de comunicación y otros espacios hablan más del asunto gracias a la Campaña por la No violencia hacia la Mujer que se mantiene desde 2007, indicó.
Calificó de “paso de avance” que se incluyera directamente la violencia machista en la conferencia del PCC.
No obstante, lamentó que sigua sin reactivarse el gubernamental Grupo Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, la violencia de género no esté tipificada como un delito en el marco jurídico o que tampoco exista “un protocolo para la atención integral y articulada de las víctimas de este flagelo”.
El último aspecto señalado por Romero se refiere a la necesidad de crear en Cuba proyectos similares a las casas de acogida para las víctimas, algo también señalado por organismos internacionales a los que el país rinde informes periódicos, que entre otros aspectos conminan al país a realizar un estudio nacional al respecto.
Aunque todavía limitada, una investigación conjunta del Ministerio de Salud Pública y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia mostró la persistencia del fenómeno, cuando indagó sobre la violencia en 9.958 hogares, entre otros aspectos de la situación de la niñez, la adolescencia y las mujeres.
La “Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Cuba 2014” reveló que 27 por ciento de las mujeres y 36 por ciento de los hombres entrevistados conocen a alguna mujer que ha sido golpeada por su pareja.
El sondeo preguntó a 8.995 mujeres y 3.636 hombres en edades entre los 15 y 49 años, de las tres regiones del país.
“Sabemos que hay muchas normas jurídicas por darle atención”, indicó la pastora Elaine Saralegui, promotora de la primera iglesia de la confesión evangélica en Cuba que incluye, visibiliza y se orienta plenamente a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI).
“Pero mientras se prioricen los temas económicos por encima de los que favorecen a grupos vulnerados, se estará retrasando un proceso muy pertinente en materia de conquistas de derechos, que también se relaciona con lo económico”, valoró la religiosa, residente en Matanzas, a 87 kilómetros al este de La Habana.[related_articles]
Varios especialistas y activistas como Saralegui apuestan a que las autoridades atiendan más los asuntos sociales a la par de los urgentes cambios económicos, que desde 2008 se emprendieron para paliar la profunda depresión de más de 20 años
En el caso del respeto a la diversidad sexual, evaluó que “ha existido una dilación en cuanto a llevar a término la aprobación de leyes que amparen los derechos vulnerados”.
Por su parte, el bloguero y activista Maikel G. Vivero, lamentó que “el Código de Trabajo, la única ley cubana que proscribe explícitamente la discriminación por orientación sexual, haya eludido mencionar la transfobia”.
Para este residente en el municipio de Sagua la Grande, a 189 kilómetros al este capitalino, el tema se conoce más gracias a la Campaña Nacional contra la Homofobia y la Transfobia del estatal Centro Nacional de Educación Sexual.
Pero a su juicio, “se requieren más escenarios de activismo, libertad de asociación y parlamentarios abiertamente LGBTI”.
Subrayó que las demandas de esta comunidad “han aumentado” porque ahora espera el matrimonio igualitario, fertilización asistida para las lesbianas, adopción por parte de parejas del mismo sexo y más leyes antidiscriminación.
Editado por Estrella Gutiérrez
