El máximo tribunal de Brasil asumió el riesgo de descalificarse como árbitro al emitir fallos controvertidos, justamente cuando las tensiones políticas tienden a extremarse, exigiendo un “poder moderador” con legitimidad.
Uno de sus dictámenes permite la prisión de condenados en segunda instancia judicial, discrepando de la Constitución brasileña. “Nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de sentencia penal condenatoria”, es decir hasta agotarse el último recurso a los tribunales superiores, dice expresamente la ley fundamental, de 1988.
“Es una norma equivocada, que no existe en otros países democráticos y debería ser modificada, pero nunca por el Supremo Tribunal Federal (STF), sino por el (legislativo) Congreso Nacional”, sentenció Oscar Vilhena Vieira, director de la Escuela de Derecho de la Fundación Getulio Vargas, en entrevista con IPS.
La “corrección” del STF, aprobada el 17 de febrero por siete votos contra cuatro de sus 11 magistrados, negó a un reo la prerrogativa de recurrir en libertad a instancia superior, después de que un tribunal de segunda instancia de São Paulo ratificó su condena a cinco años de prisión, por robo calificado.
La ratificación de la condena en segunda instancia extingue la “presunción de inocencia”, falló el SFT, cambiando la jurisprudencia anterior, de 2009, que seguía lo que dicta la Constitución, de condicionar la ejecución penal al “tránsito en juzgado”.
El fallo provocó fuertes reacciones especialmente entre abogados. “Un retroceso autoritario”, es como lo definió un director del Colegio de Abogados de Brasil, en Río de Janeiro, Luciano Bandeira, en artículo publicado el 29 de febrero en el diario O Globo.
El poder judicial no puede orientarse por “la saña punitiva de la voluble ‘opinión pública’”, escribió.
Los escándalos que involucran numerosos empresarios y políticos en la desviación de fondos de la estatal petrolera Petrobras, acentuaron el clamor popular contra la corrupción y la impunidad criminal en Brasil.
El último episodio del escándalo lo representó la detención por varias horas, el viernes 4, del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), para ser interrogado sobre su presunta vinculación con este caso.
En ese contexto, las últimas decisiones del STF responderían a esa presión popular, haciendo a la máxima instancia judicial atropellar la Constitución de que es el “guardián”, según los críticos.
“Está practicando un populismo judicial, con muchos jueces ‘jugando para la platea’”, según consideró a IPS el profesor de ciencias políticas Fernando Lattman-Weltman, de la Universidad Estadal de Río de Janeiro. A ello contribuirían las transmisiones en vivo, por televisión, de las sesiones del STF.
Otro fallo del STF, del 24 de febrero, permite que el servicio de recaudación tributaria tenga acceso a los datos bancarios de los contribuyentes, sin necesidad de autorización judicial, flexibilizando el sigilo bancario y el derecho a la privacidad. En este caso se revocó una sentencia de 2010.
Fue “una semana de tristeza para las libertades fundamentales”, reaccionó el magistrado del STF Marco Aurelio de Melo, que votó contra la mayoría en los dos temas.
Brasil vive bajo una “Supremocracia”, sostiene Oscar Vilhena en un ensayo con ese título, que comentó en su diálogo con IPS. Argumentó que esa “expansión de la autoridad de los tribunales” es mundial, pero más acentuada en Brasil, debido a “la enorme ambición del texto constitucional de 1988”, que trató detalladamente de numerosos temas.
Así se “constitucionalizó” un enorme abanico de cuestiones sociales, económicas y públicas que terminan por desaguar en el “Supremo”, que además de ejercer la “protección de las reglas” constitucionales, incorporó la función de “crear reglas”.
A ello contribuye la omisión del parlamento en legislar sobre temas pendientes, incluyendo la complementación y regulación de las normas constitucionales. Sobre la prisión de los condenados en segunda instancia, por ejemplo, está en el bicameral Congreso desde 2011 una propuesta del STF para modificar la Constitución.
La posibilidad de recurrir en libertad a la tercera instancia, de los tribunales superiores, se identifica como uno de los factores de la dilación de los procesos que conduce a la prescripción de las penas.
Limitar la presunción de inocencia a la condena en segunda instancia combatiría esa puerta a la impunidad, especialmente de acusados ricos y poderosos como son los corruptos involucrados en grandes negocios, como los petroleros.
“No viola principios básicos del estado de derecho y sería bueno para Brasil”, además de ser un modelo internacional, señaló Vilhena, cuya crítica no es a lo que decidió el STF, sino a sus incursiones legislativas, sin que sea un poder representativo, es decir emanado del voto popular.[related_articles]
“No creo que el Supremo se volvió populista. Sus decisiones aparentemente no autorizadas por la Constitución se hicieron usuales, también se lo criticó por interferir en las reglas para inhabilitación de la presidenta Dilma Rousseff, que es un proceso parlamentario”, matizó el jurista.
El STF viene dirimiendo una infinidad de casos polémicos casi todas las semanas “con resultados hasta sorprendentes, razonablemente honestos y progresistas en muchos temas, mejor que en otros países”, evaluó.
En su ensayo, Vilhena menciona investigaciones de células madre, aborto de fetos con anencefalia, demarcación de tierras indígenas, cuotas raciales para acceso a universidades, reforma agraria y muchas reglas de procedimiento parlamentario, como algunas decisiones polémicas de la STF.
El jurista la identifica como el nuevo “poder moderador”, que trata de “templar la crisis”, conteniendo conflictos en un momento de mucha turbulencia en Brasil.
“El activismo judicial, como el del STF, provoca la judicialización de la política o más aún la politización del Poder Judicial, lo que fomenta riesgos para la democracia”, opinó Lattman-Weltiman.
La crisis brasileña, que tiene varias dimensiones, se agrava si el Supremo Tribunal se muestra susceptible a presiones coyunturales, advirtió. El riesgo es alimentar radicalismos, acotó.
Brasil vive un clima de polarización, de “cierto macartismo” impulsado por la caza a la corrupción y la impunidad, definió el politólogo.
A eso contribuyen, a su juicio, un Ministerio Público Federal (fiscalía general) con “enorme autonomía, que es positiva pero no si no hay control”, y los medios de comunicación que difunden denuncias, condenando sospechosos de antemano.
Fuera de los debates del STF, el grave problema del sistema judicial es la cantidad de personas detenidas, sin condena ni juicio, 46 por ciento del total de casi 600.000 encarcelados en el país, añadió Vilhena.
“La paradoja brasileña hace más difícil arrestar a un condenado judicialmente que a un simple sospechoso”, se lamentó.
Otro aspecto olvidado, arguyó, son las consecuencias financieras del fallo sobre ejecución de la pena tras condena en segunda instancia. El gobierno es el principal interesado en postergar sentencias en los millones de procesos judiciales en que es deudor.
Si se aplica la nueva jurisprudencia en esa área, explicó Vilhena, también se acortará la dilación del pago a millones de trabajadores con acciones en la justicia laboral, paralizadas hace años o décadas, sin que se pueda obligar a las empresas a pagar sus deudas.
Editado por Estrella Gutiérrez
