RÍO DE JANEIRO – El Supremo Tribunal Federal (STF) “tiene en sus manos la oportunidad de corregir un error histórico y, finalmente, garantir la justicia que la Constitución determinó que se hiciese a los pueblos originarios” de Brasil.
Calificar como golpe de Estado el proceso de inhabilitación de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, probablemente no evitará su destitución, pero podrá asegurar a sus defensores una versión movilizadora de la derrota.
El máximo tribunal de Brasil asumió el riesgo de descalificarse como árbitro al emitir fallos controvertidos, justamente cuando las tensiones políticas tienden a extremarse, exigiendo un “poder moderador” con legitimidad.
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