Vivir como músico en una banda militar es el sueño de Jackson Coutinho, de 21 años, después que se disiparon las esperanzas de que un complejo petroquímico industrializaría esta ciudad brasileña cercana a Río de Janeiro.
“Intentaré concursos de la Marina, del Ejército e incluso de la Policía Militar, pero solo para ser músico, no un policia”, dijo Coutinho, que toca contrabajo en bandas formadas con sus amigos en Itaboraí.
Hasta el año pasado fue obrero del consorcio QGIT en la construcción del Complejo Petroquímico del Estado de Río de Janeiro (Comperj). Era ayudante de las máquinas que formaron el terraplén donde se implantó la Unidad de Procesamiento de Gas Natural (UPGN), parte del complejo.
Perdió el empleo al comenzar 2015, cuando se intensificaron los despidos masivos, producto de la crisis de Petrobras, la empresa petrolera estatal que es propietaria del Comperj.
El megaproyecto arrancó con un presupuesto inicial de 6.500 millones de dólares y ya costó más del doble, pese a que se redujo drásticamente y ahora solo contempla una refinería y la UPGN. Fue amputado de su parte más cara e industrializadora, la planta petroquímica, porque Petrobras no logró socios para el proyecto.
El hundimiento de los precios petroleros y el escándalo de corrupción que golpea a la compañía desde marzo de 2014, involucrando decenas de políticos y empresarios acusados de desviar miles de millones de dólares de sus negocios, terminaron por sepultar los planes de construir la mayor petroquímica latinoamericana en esta ciudad.
Las pérdidas son inmensas. “De 14 plantas o edificios en cuya construcción trabajé, solo cuatro o cinco serán aprovechados”, señaló Rogerio Henrique Lourenço, de 26 años, técnico en edificaciones que por cinco años trabajó en obras del Comperj.
Además de los “elefantes blancos”, las costosas edificaciones sin uso y casi concluidas dentro de los 45 kilómetros cuadrados que ocupa el mutilado megaproyecto, son muchos los equipos adquiridos y la infraestructura construida, que ahora exigen un caro mantenimiento para un futuro incierto.
A eso se suman los gastos de compensación y mitigación de los impactos sociales y ambientales, que incluyen saneamiento, recuperación de los ríos y reforestación, obligaciones que se mantienen en las dimensiones acordadas, sin reducción correspondiente a la que sufrió el complejo.
Los municipios bajo influencia del Comperj, especialmente Itaboraí, pierden de vista el desarrollo prometido en 2006, cuando el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) anunció el proyecto.
Afirmó entonces que contaría con dos refinerías y dos unidades petroquímicas, una básica y otra para productos asociados, además de centrales de servicios y capacitación de los técnicos necesarios.
La Fundación Getulio Vargas, un centro de investigaciones económicas, estimó que la petroquímica fomentaría el surgimiento de un polo industrial de plásticos. Entre 362 empresas, en un escenario conservador, y 724, en un escenario optimista, se instalarían en sus inmediaciones.
Esa industrialización acelerada generaría de 117.000 a 168.000 empleos en el sudoriental estado de Río de Janeiro, poco más de un tercio concentrado en el área de influencia directa.
Itaboraí, como sede del Comperj, sería el municipio más beneficiado, dejando de ser uno de los más pobres del estado y una ciudad-dormitorio, cuyos residentes trabajan en urbes vecinas.
“Se derrumbó el castillo”, resumió Lourenço, despedido en marzo de 2014, cuando perdió aliento la malograda construcción petroquímica.
Con tres hijos pequeños, ahora sobrevive con trabajos ocasionales, principalmente en pequeñas construcciones. Estaba distribuyendo folletos de publicidad en la calle más céntrica de Itaboraí cuando habló con IPS.
Su sueño es convertirse en funcionario público por concurso, para tener un empleo estable. “En el Comperj tuve empleos bien remunerados, pero temporales”, lamentó. Sus cinco años allí se fragmentaron en contratos de pocos meses en numerosas empresas.
Experiencia similar tuvo Francisco Assunção, de 22 años, quien trabajó casi dos años en tres de las decenas de empresas que participaron en la construcción del Comperj.
Ahora trata de sobrevivir con su mototaxi, “pero la gente, sin dinero, prefiere caminar”, así que se pluriemplea en la construcción o en restaurantes.
“Ganaba más en los empleos del Comperj”. El salario era de solo 1.150 reales (300 dólares), pero con 40 por ciento adicional para alimentación y asistencia médica, observó.
Coutinho se singularizó por permanecer 18 meses en un mismo empleo, lo que le permitió ascender y ganar lo suficiente para adquirir un automóvil. “Fue un sueño que pasó”, sentenció.
Aunque se concentra en su futuro musical, tiene “un plan b”, estudiar contabilidad, aunque no le gusten las matemáticas. “Tengo amigos contables”, justificó.
Pero confía en que “el Comperj retomará su plan original (de complejo petroquímico), porque allí se invirtió demasiada plata (dinero) y se llegó a un punto sin retorno”. Se estima que las obras ya se completaron en más de 80 por ciento.
Para esos jóvenes, la experiencia obrera realzó la ausencia de horizontes en Itaboraí, aun integrando la dinámica región metropolitana de Río de Janeiro. Con 230.000 habitantes y 343 años de historia, sigue fiel a su origen de un poblado surgido en torno a una carretera, ahora su larga y dominante avenida central.
La escasa actividad productiva local, casi limitada a alfarerías y naranjales, no ofrece empleos ni estimulo intelectual a la juventud.
Es una ciudad que no cultiva su identidad cultural, “sin esparcimiento, plazas o locales de convivencia” para la población, observó a IPS la estudiante de servicio social Franciellen Fonseca, quien participa en la investigación Indicadores de Ciudadanía (Incid).
La investigación, del no gubernamental Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase), monitorea la vigencia de derechos ciudadanos en los 14 municipios bajo influencia del Comperj, desarrollando un sistema de indicadores sobre como la población vive, se asegura y percibe tales derechos.
Su más reciente estudio, sobre “La invisible ciudadanía de los trabajadores y las trabajadoras del Comperj”, destacó la carencia y la dificultad de obtener informaciones sobre la situación de los trabajadores en el proyecto.[related_articles]
Negar datos la situación de los trabajadores es “una grave violación de derechos, ya que se impide acompañar de cerca los efectos e impactos de esos megaemprendimientos en la vida de las personas”, concluye el dossier de Incid.
No se conoce la cantidad de empleados en las obras. Se habla de 30.000 en el apogeo de la construcción, entre 2012 y 2013, y cifras discrepantes desde entonces.
Los jóvenes despedidos consultados por IPS creen que los trabajadores locales eran minoría en la construcción, en contra d la promesa de priorizar a la mano de obra local. Una de las numerosas huelgas que paralizaron las obras fue para reclamar exactamente la contratación de más obreros locales, recordó Coutinho.
Se alegaba que no había trabajadores calificados para las funciones requeridas. Pero cuando aparecía uno bien capacitado, se le exigía una imposible experiencia previa o simplemente no lo reclutaban, acotó Lourenço.
La “invisibilidad” a que se sometió el mundo laboral del Comperj, pese a su contexto urbano, se rompió por las frecuentes huelgas y brotes de violencia, que jaquearon al antiguo sindicato.
El sucesor, el Sindicato de Trabajadores en Montaje y Mantenimiento de Itaboraí, nació en junio de 2014 para enfrentar una situación distinta, atropellado por los despidos masivos y crecientes.
Editado por Estrella Gutiérrez
