En muchos sentidos, Jayakumari Balendran personifica la difícil situación del pueblo tamil en las provincias del norte y el este de Sri Lanka, durante y después de la guerra civil que azotó durante 26 años al país insular del sur de Asia.
El hijo mayor de la mujer fue asesinado a tiros en 2006, mientras trabajaba en la ciudad costera de Trincomalee, unos 300 kilómetros al este de la capital, Colombo, por “asesinos no identificados”.[pullquote]3[/pullquote]
Ella se vio obligada a abandonar a su esposo cuando huyó de Kilinochchi, una ciudad norteña que, en su momento, sirvió como el centro neurálgico administrativo de los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil Eelam (LTTE), el grupo rebelde que luchaba contra las fuerzas del gobierno por un estado independiente para la minoría tamil.
Tres años después, en mayo de 2009, cuando la guerra llegó a su fin, su segundo hijo y decenas de personas murieron en el bombardeo al hospital Puthukkudiyiruppu, en un ataque que las fuerzas armadas no reconocen.
Ambos jóvenes tenían 19 años cuando murieron.
Su tercer y último hijo, que fue reclutado a la fuerza en las filas del LTTE cuando aún era un niño, se habría rendido ante el ejército ese mismo mes, cuando el gobierno ocupó zonas controladas por los rebeldes y declaró una victoria decisiva.
Desde entonces, no sabe nada de él, una mala señal en un país donde las desapariciones forzadas son cosa cotidiana, según denunció la organización Human Rights Watch.
Pero sus problemas no terminaron ahí. Mientras protestaba por la desaparición de su hijo, Jayakumari fue enviada a la cárcel de Boosa, una institución que es sinónimo de tortura en Sri Lanka.
Después de que el presidente Mahinda Rajapaksa perdió las elecciones en enero de 2015 y entregó el gobierno a su exministro de Salud, Maithripala Sirisena, Jayakumari fue puesta en libertad, algo que los activistas consideraron una señal de un porvenir más seguro y justo.
Pero cuando volvió a su casa para encontrarla saqueada, Jayakumari tuvo que dejar a su hija en una institución religiosa por su propia seguridad, mientras ella se mudaba a una choza, el único lugar que podía pagar como madre sola, ya que su marido murió de cáncer en 2012.
La guerra, las desapariciones, la cárcel, el desplazamiento y la pobreza, los problemas que definieron su vida y la de muchos más en los últimos 10 años, son objeto de una investigación de la organización independiente estadounidense Oakland Institute (OI), la primera de su tipo que se publica tras el fin de la guerra en 2009.
El informe, titulado La larga sombra de la guerra, indaga en las heridas que siguen abiertas en lo que fue la zona de guerra e impiden que civiles como Jayakumari sigan adelante con sus vidas.
Durante una conferencia de prensa telefónica el 28 de mayo, la directora ejecutiva del OI, Anuradha Mittal, dijo que algunos de los mayores obstáculos para la reconciliación son la fuerte militarización del norte y el este del país, la supresión sistemática de la historia y la cultura tamiles, y la ausencia de un mecanismo efectivo que investigue los presuntos crímenes de guerra cometidos por el gobierno y los rebeldes del LTTE durante la última etapa del conflicto.
Aunque el gobierno de Sirisena dio pasos hacia la desmilitarización, con la designación de un funcionario civil como gobernador de la provincia del norte en lugar del excomandante de las fuerzas de seguridad que ocupaba el cargo, la presencia de un soldado cada seis civiles es una carga para muchos habitantes cansados de la guerra.
Según el informe del OI, el ministro de Defensa Ruwan Wijewardene declaró en febrero que el gobierno no retirará ni limitará la presencia militar en la península de Jaffna.
Además, como señaló Mittal, el ejército no es pasivo sino «que se dedica a la promoción inmobiliaria, opera lujosos hoteles turísticos, excursiones de observación de ballenas, agricultura y otras emprendimientos comerciales en tierras confiscadas a la población local”.
Cerca de 90.000 de las aproximadamente 480.000 personas desplazadas en los últimos meses de lucha aún viven en refugios improvisados, según estadísticas publicadas en 2014 por la organización independiente noruega Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno.
La situación es particularmente difícil para las viudas de la guerra, que suman entre 40.000 y 55.000 mujeres y que ahora deben mantener a sus familias por su cuenta.
Para las mujeres como Jayakumari, la pobreza y el desempleo se combinan con la incertidumbre por sus familiares desaparecidos para crear una cultura de miedo y dolor.
El OI recurre a datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de instituciones religiosas en la nororiental región de Vanni para calcular que hay entre 70.000 y 140.000 personas desaparecidas.
«Así que muchas madres como yo vagamos de un lugar a otro en busca de nuestros hijos», explicó Jayakumari en una declaración a los medios de comunicación el 28 de mayo.
«Necesitamos respuestas. El gobierno debe organizar al menos un lugar donde podamos ir a visitar a nuestros hijos. Quiero a mi hijo», resaltó.[related_articles]
Sus reclamo bien podría ser el desafío decisivo para el gobierno, aplicar un proceso de reconciliación nacional centrado en una investigación creíble sobre los abusos cometidos durante la guerra.
En marzo de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que habría iniciado la investigación de los crímenes de guerra, pero el gobierno de entonces prohibió el ingreso al país de los investigadores independientes.
A pesar de los obstáculos, el organismo mundial pretendía publicar sus conclusiones este año, pero accedió al pedido del nuevo gobierno de aplazar la publicación durante seis meses, lo cual le generó críticas.
«Dados los antecedentes anteriores de inacción del gobierno, la presión internacional es fundamental para toda acción decisiva. En lugar de buscar sus intereses geoestratégicos, Estados Unidos, India y otros países deben exigir la publicación de la investigación de la ONU», exhortó Mittal.
Con el informe del OI «solo pretendemos recordarle al gobierno que hay personas, comunidades, cientos de miles de familias, que esperan justicia», señaló.
El saldo de muertos durante las últimas etapas de la guerra sigue siendo muy disputado, tanto en Sri Lanka como por la comunidad internacional. Los datos de la ONU indican que murieron 40.000 personas, pero para el gobierno anterior no superaban las 8.000 muertes.
Un nuevo libro escrito por el centro de investigación Profesores Universitarios por los Derechos Humanos, afirma que la cifra real podría rondar los 100.000 muertos.
Esta es una de las muchas interrogantes que un proceso justo de reconciliación podría responder.
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga
