Poco más de dos años después de que más de 1.100 personas murieran por el derrumbe de un edificio de ocho pisos que alojaba cinco fábricas textiles en la capital de Bangladesh, un fondo internacional recaudó los 30 millones de dólares necesarios para indemnizar a las víctimas y a sus familias.
El Comité de Coordinación del Rana Plaza, creado en 2013 bajo la órbita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), está integrado por representantes del gobierno de Bangladesh, la industria de la vestimenta local e internacional, sindicatos y organizaciones no gubernamentales.
El objetivo del Comité era recaudar una indemnización justa y equitativa para todos los sobrevivientes, que incluyera la pérdida de ingresos, fondos para sus necesidades médicas y ayudara a las familias que perdieron a su principal sostén económico en el derrumbe del 24 de abril de 2013.
Las cinco fábricas que funcionaban en el Rana Plaza trabajaban principalmente para 29 marcas internacionales con sede en Australia, Europa y América del Norte, como Benetton, C&A, El Corte Inglés, Loblaw, Mango y Walmart.
Además de los muertos, en su mayoría obreros textiles, la caída por causas estructurales del edificio, que también alojaba a un banco, tiendas comerciales y varios apartamentos, dejó a más de 2.500 personas heridas.
En enero de 2014, la OIT creó el Fondo Fiduciario de Donantes del Rana Plaza para agilizar el proceso de recaudación de fondos del Comité.
En el segundo aniversario de la tragedia, en abril de este año, al Fondo le faltaban tres millones de dólares para llegar a la meta. Hasta ese momento, había pagado 70 por ciento de la indemnización prometida a unos 2.800 demandantes.
Pero un donante anónimo realizó una gran inyección de fondos en la primera semana de este mes, lo que permitió que el Fondo alcanzara los 30 millones de dólares buscados.
Para la Campaña Ropa Limpia, una alianza de organizaciones de 16 países europeos que buscan mejorar la situación de los trabajadores en el sector textil, esto representa un hito importante del movimiento internacional para que los responsables rindan cuentas por la catástrofe industrial, considerada una de los peores en la historia moderna.
«Ahora que todas las familias afectadas por este desastre finalmente van a recibir todo el dinero que se les debe,… pueden concentrarse en la reconstrucción de sus vidas», declaró la portavoz de la campaña, Ineke Zeldenrust, en un comunicado el lunes 8.
Pero el consenso general es que este es solo un primer paso.
«Este es un logro importante pero aún nos quedan muchas cuestiones por resolver. Ahora tenemos que trabajar juntos para asegurar que este tipo de accidentes puedan evitarse en el futuro», destacó el director general de la OIT, Guy Ryder, en un comunicado difundido el martes 9.
Las organizaciones de derechos humanos también pretenden que las grandes marcas internacionales hagan más de su parte para garantizar la seguridad de los trabajadores, mientras que los sindicatos se movilizan contra la incapacidad, o falta de voluntad, del gobierno de Bangladesh para aplicar reformas en el sector que emplea a cuatro millones de personas y exporta mercaderías por valor de 24.000 millones de dólares cada año.[related_articles]
Los ingresos de aproximadamente 20 millones de los 156 millones de bangladesíes dependen directa o indirectamente de la industria textil, que representa 80 por ciento de los ingresos de exportación del país y aporta 10 por ciento del producto interno bruto anual.
A pesar de su importancia para la economía, el gobierno no hizo mucho para mejorar las normas laborales y los protocolos de seguridad en el sector. Un informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch publicado en abril concluyó que los abusos en el lugar de trabajo son comunes, y documentó numerosos casos de agresiones, violencia e intimidación sufrida por los sindicalistas.
Basado en entrevistas con más de 160 trabajadores en 44 fábricas, que producen mercadería principalmente para grandes marcas minoristas, el informe describió el alcance de la persecución sindical que sucede en las 4.536 fábricas textiles de Bangladesh.
Aun el gobierno subió recientemente el salario mínimo a 68 dólares al mes, en comparación con los 39 dólares que representaba en el momento del accidente del Rana Plaza, los trabajadores aseguran que seguirán reclamando un ingreso mensual de 100 dólares, el básico necesario para alimentar y vestir a sus familias.
Las normas de seguridad también dejan mucho que desear, según activistas y trabajadores, aunque ahora el sector textil tiene 800 inspectores laborales capacitados por la OIT, frente a los 56 que había en 2013, lo cual es un avance.
Mientras tanto, el Acuerdo sobre Incendios y Seguridad Edilicia, que regirá los protocolos de seguridad en 1.600 fábricas, a instancias de las marcas minoristas basadas principalmente en Europa, también dio motivos para celebrar a los expertos, aunque con cautela.
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga
