Una huelga que desde enero paraliza tres grandes fincas bananeras en las costas del sur del Caribe de Costa Rica, en la frontera con Panamá, ha desnudado los abusos de un sector en manos de compañías transnacionales y ha obligado a intervenir a los gobiernos de los dos países.
Más de 300 trabajadores, casi todos indígenas panameños empleados en latifundios bananeros por una filial de la compañía estadounidense Fresh Del Monte, están en conflicto desde el 16 de enero, en protesta por hostigamiento laboral, cambios en las jornadas y condiciones de trabajo, incumplimiento de pagos y despidos considerados ilegales.
“La empresa nos despide el 31 de diciembre y cuando nos recontrata el 3 de enero dice que somos trabajadores nuevos y que tenemos que acatar cualquier modificación de labores, pero la jurisprudencia dice que para ser un trabajador nuevo, tiene que pasar al menos un mes”, explicó a Tierramérica desde la zona el panameño Federico Abrego, uno de los braceros en huelga.[pullquote]3[/pullquote]
Abrego y la mayoría de los más de 250 trabajadores en huelga de las plantaciones Sixaola 1, 2 y 3 pertenecen a los pueblos ngöbe y bugle, que habitan una comarca (zona de autogobierno) indígena panameña, al otro lado de la frontera con Costa Rica, a donde migran para subsistir.
Entre 70 y 90 por ciento de los 417.000 indígenas panameños sobreviven en pobreza, según un informe de 2014 de la Organización de las Naciones Unidas.
El último conflicto entre trabajadores y la transnacional alimentaria en el municipio caribeño de Talamanca, 250 kilómetros al sureste de San José, se considera resultado de décadas de acumulación de tierras en la costa atlántica de Costa Rica, la mayoría por grandes grupos bananeros extranjeros, pero en los últimos años también por desarrollos del cultivo de piña.
Talamanca ocupa el penúltimo lugar entre los 81 municipios del país en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y cuenta con una mayoría de población indígena. El cultivo del banano y del plátano (banano para cocinar) ocupa 37 por ciento de su territorio.
“Las fincas en huelga pertenecen a Corbana (Corporación Bananera Nacional) y las tiene alquiladas a Del Monte. Hace dos años hubo una huelga muy grande por condiciones infrahumanas, de salario y migratorias y ahí se creó un sindicato”, dijo a Tierramérica el diputado Gerardo Vargas, representante de la provincia atlántica de Limón.
“En diciembre venció el contrato con Corbana, y al renovarlo la empresa hizo algo desleal: formó un nuevo sindicato, liquidó a todos los trabajadores y solo contrató a los que estaban en el sindicato nuevo. Ahí nace el nuevo conflicto”, explicó Vargas, del izquierdista Frente Amplio.
Corbana es una entidad conformada por el Estado y empresarios bananeros para fomentar la producción y el comercio. En el pasado era también productora en tierras que ahora alquila a empresas que prácticamente las usan como suyas.
“La concentración de tierras en Limón se está volviendo peligrosa”, alertó el diputado de la gran provincia bananera local. “Hoy, cientos y cientos de familias tienen que vender sus tierras para convertirse en peones”, denunció.
Abrego es un ejemplo clásico de esos peones. El indígena gnöbe, de 53 años, trabaja desde 1993 en fincas bananeras costarricenses. Actualmente vive con su esposa y ocho hijos, la mitad en edad escolar, en una casa propiedad de Banana Development Corporation (Bandeco), la subsidiaria de Del Monte.
“Los compañeros me preguntan por la comida y me dicen lo mismo que me dicen en la casa: que no tienen nada de comer y que estamos esperando a que nos reintegren”, aseguró Abrego, líder de la seccional sindical de Finca Sixaola 3.
“Me la estoy jugando sin tener ingresos con lo que pueda encontrar, pero hay compañeros que tienen niños pequeños y la están pasando más difícil”, dijo apesadumbrado, antes de contar que los huelguistas preparan ollas comunes para resistir.
Se calcula que 95 por ciento de los huelguistas son indígenas panameños. “Estamos por el trabajo de este lado (de la frontera). No venimos a robar ni a quitarle pan a nadie. Es raro ver a un nacional (costarricense) metido en un bananal”, alegó Abrego, con residencia legal en este país.
La huelga escaló su dimensión cuando trabajadores bananeros del vecino país tomaron el puente sobre el río Sixaola entre el 20 y el 21 de febrero, uno de los dos puntos que conectan Costa Rica y Panamá, y bloquearon varias horas el tránsito fronterizo.
Esta acción y el hecho de que el paro fuera protagonizado por panameños en una finca costarricense forzaron a ambos gobiernos a establecer una mesa de diálogo, que se instaló tras un acuerdo, alcanzado el 27 de febrero, y que debe entregar sus recomendaciones en un mes.
En esa mesa participan representantes de Bandeco, de la filial local Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada (Sitepp), del costarricense Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del panameño Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
El acuerdo incluyó, además de la comisión binacional y el informe, “el compromiso de la empresa a recontratar de inmediato a 64 trabajadores y que mientras estén despedidos los trabajadores no sean desalojados de sus viviendas”, explicó a Tierramérica el viceministro costarricense de Trabajo, Harold Villegas.[related_articles]
Las fincas del Caribe costarricense son escenario frecuente de conflictos entre trabajadores y grandes empresas bananeras, y lo de Sixaola es solo un ejemplo. En 2013, el Sitepp mantuvo una huelga en el sector por malas condiciones laborales y las denuncias se multiplican ante el Ministerio de Trabajo.
En mayo del 2014, una inspección de ese ministerio reveló variadas violaciones a la legislación laboral y las obligaciones patronales y ordenó enmendarlas.
Entre los problemas encontrados, el informe de la Dirección Nacional de Inspección señala que funcionarios de las empresas “en ocasiones utilizan diversas maneras de intimidar a sus trabajadores tanto maltratándoles de palabra como gritándoles así como utilizando prácticas de hostigamiento laboral”.
“Tras esas denuncias empiezan a montar un sindicato, a la medida de la empresa. Andaban buscando, con ese sindicato, anexarse la negociación de la convención que vencía en diciembre”, dijo a Tierramérica el presidente del Sitepp, Luis Serrano. “Empezaron una campaña contra nosotros y a darle beneficios al sindicato filopatronal que ellos crearon”, detalló.
A pesar del acuerdo binacional, los líderes sindicales denuncian que todavía no han recibido apoyo alimentario de las instituciones, aunque sí fueron recontratados los 64 obreros incluidos en el acuerdo.
Un alto porcentaje de la actividad bananera está en manos de empresas transnacionales. Además de Del Monte, están presentes subsidiarias de corporaciones estadounidenses como Chiquita Brands, que controla 24 por ciento de las exportaciones de la fruta, o Dole Food Company.
El peso de la industria bananera es importante para el país y fundamental para su territorio caribeño. Según datos de Corbana, ocupa 6,2 por ciento de la población activa costarricense y 77 por ciento de la del Caribe
Sus exportaciones representan siete por ciento de las ventas al exterior y el año pasado aportaron unos 900 millones de dólares.
Publicado originalmente por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
Editado por Estrella Gutiérrez
