Los conflictos en Medio Oriente y otras partes del mundo crearon 13 millones de refugiados, lo que complica los esfuerzos de la comunidad internacional para cumplir con su responsabilidad de proteger a las personas expulsadas de sus países por la violencia y la persecución.
Pero en Australia, una nación rica, alejada de las zonas conflictivas y cuyos 23 millones de habitantes gozan de un producto interno bruto por persona de 67.458 dólares, el gobierno implementó duras políticas contra los alrededor de uno por ciento de solicitantes de asilo que esperan hallar refugio en su territorio.
Incluso el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la tortura, Juan Méndez, concluyó que el trato degradante dispensado por las autoridades australianas se asemejaba a la tortura.
En 2014, Australia recibió 4.589 solicitudes de asilo, muy por debajo de las 29.009 de Francia y las 51.289 de Estados Unidos. En 37 años, este país registró 69.445 solicitantes de asilo, apenas por encima de los 67.400 que llegaron a Alemania en los primeros seis meses del año pasado.[pullquote]3[/pullquote]
La inmigración es un asunto controvertido en muchos países, pero Australia es el único que encarcela a solicitantes de asilo a su llegada y de forma indefinida en centros de detención.
Los que llegan por mar son transferidos a centros de detención de ultramar en los estados insulares de Nauru y Papúa Nueva Guinea, en el océano Pacífico. Luego, no pueden residir en el continente aunque se les otorgue el estatus de refugiados. Hace más de un año, el gobierno comenzó a repeler los barcos que llegaban con solicitantes de asilo.
“No hay mejor medida de disuasión para proteger nuestra frontera y evitar que lleguen barcos a Australia que impedírselo físicamente”, declaró en noviembre el ministro de Inmigración, Scott Morrison.
Es necesario para evitar que la gente se ahogue en el mar, arguyó el gobierno, pese a una política que pone en riesgo la vida de personas vulnerables y viola el principio de no devolución de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1954.
El informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU por el relator especial contra la tortura, Juan Méndez, concluye que “la enmienda a la ley de migración y poderes marítimos viola la Convención contra la Tortura porque permite la detención arbitraria sin acceso a abogados”.
El documento también señala que la detención indefinida de solicitantes de asilo en la isla de Manus, de Papúa Nueva Guinea, junto con las denuncias de malos tratos y brotes de violencia, constituye una violación de los derechos humanos “de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes como establecen los artículos 1 y 16” de la Convención contra la Tortura.
El director de defensa del Centro Legal de Derechos Humanos, con sede en Melbourne, Daniel Web, declaró el lunes 9: “Bajo la legislación internacional, Australia no puede detener a personas en régimen de incomunicación en un barco en medio del océano”.
Además, “tampoco podemos devolver personas a un lugar en el que corren riesgo de tortura. Y precisamente esas son las potestades que el gobierno buscó otorgarse con las últimas reformas de la ley marítima”, observó.
La política de detención prolongada y obligatoria de inmigrantes también “es una clara violación del derecho humano internacional”, como la Convención sobre los Derechos del Niño, señaló la Comisión de Derechos Humanos Australiana.
La evaluación de refugiados se suspendió durante más de dos años para eliminar las ventajas de quienes llegaban por mar de forma irregular. A mediados de 2014, unos 3.624 solicitantes de asilo, entre los que había 699 niños y niñas, estaban en centros de detención.
Los periodos de confinamiento de unos 413 días en duras condiciones de vida, fue un factor clave de que 34 por ciento de los menores y 30 por ciento de los adultos fueran diagnosticados con graves problemas mentales. Se registraron 1.149 incidentes de agresiones graves, como abuso sexual, en los centros de detención y 128 episodios de daños autoinfligidos en los niños, indicó la comisión australiana.
El último anuncio del gobierno de que se liberará a los menores de 10 años con visas transitorias no se aplica a quienes llegaron antes del 19 de julio de 2013.
Especialistas australianos reconocen que “lo fundamental en cualquier política de asilo no es que disuada, sino que cubra las necesidades de quienes buscan protección”.
Sin embargo, una encuesta de opinión realizada en 2010 concluyó que 60 por ciento de los consultados aceptaban la línea dura del gobierno en materia de inmigración.
Condicionamiento para aceptar la crueldad
“Australia libró una guerra ideológica con tanta locura moral como podría encontrarse en una dictadura”, escribió la escritora y ecologista social Isobel Blackthorn.
“Nos condicionan sistemáticamente a aceptar el trato cruel de otros como necesario e inevitable”, añadió.[related_articles]
Por su parte, el profesor Nick Haslam, director de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Melbourne, dijo a IPS: “Los activistas se apuraron a criticar a los sucesivos gobiernos, mientras permitieron que la ciudadanía no se hiciera cargo”.
Las referencias oficiales a los solicitantes de asilo como “ilegales”, sugiriendo criminalidad, a pesar de las claras disposiciones de la Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados sobre que “no son ilegales y que respetar el derecho a pedir asilo incluye la provisión de una recepción humana” no se cuestionaron lo suficiente.
Según Blackthorn, “muchas personas adoptan sin cuestionar la visión y las flasedades de los dirigentes políticos y los medios que procuran exagerar el sentido de nuestro derecho en un ‘país son suerte’”.
Durante el gobierno del conservador primer ministro John Howard (1996-2007), “la autocrítica se confundió gradualmente con una posición antiaustraliana de odio a sí mismo”, escribió el profesor emérito de la Universidad de La Trobe, en Melbourne, Robert Manne en 2011, con una pasividad social y política fomentada.
La complacencia y el campanilismo (apego ciego por la propia ciudad y costumbres que puede derivar en enfrentamientos con “los otros”) se exacerbaron por el aislamiento geográfico y dos décadas de prosperidad económica ininterrumpida gracias al auge de los recursos minerales.
Haslam dijo a IPS que la indiferencia de la población “obedece a la percepción de que los solicitantes de asilo son oportunistas que buscan entrar al país de forma injusta” y que muchos son migrantes económicos, más que necesitados de protección.
En realidad, más de 88 por ciento de los solicitantes de asilo entre 2008 y 2013 resultaron ser refugiados legítimos.
Blackthorn opinó que “la cuestión de los solicitantes de asilo alimenta un nacionalismo que se acerca peligrosamente a la extrema derecha”. Si la ciudadanía no usa su derecho democrático para reclamar un cambio, es posible que “Australia caiga en el tipo de extremismo que hizo que muchas personas dejaran sus países”.
Editado por Janya D’Almeida / Traducido por Verónica Firme
